Crisis carcelaria en Neuquén: admiten que es difícil una salida rápida
El cierre de las Unidades de Detención 11 y 12 dispuestos por la jueza de Ejecución obliga al gobierno a buscar soluciones urgentes, que no están al alcance de su mano.
Herrera y Mérgola murieron en agosto del 2022 en la Unidad 11, la cárcel más grande de Neuquén. (Archivo/ Florencia Salto)
El acuerdo con Nación para trasladar 84 personas a la cárcel de Senillosa y descomprimir la Unidad de Detención 11 de Neuquén sigue sin fecha, pero la firma no será sinónimo de mudanza. Fuentes del gobierno provincial explicaron que luego habrá que que elaborar el presupuesto para reparar los tres pabellones que ahora están destruidos (la plata la pondrá la provincia); el paso siguiente será la compra del equipamiento, algunas de cuyas piezas ni siquiera se sabe si se consiguen en el país; y recién después empezarán a ejecutarse los trabajos.
Por otra parte la firma del acuerdo entre Nación y la provincia de Neuquén depende de una decisión política, pero se enfrenta con la oposición del Servicio Penitenciario Federal y sectores de la justicia federal.
Hay una vieja deuda de la provincia: la construcción de un plan de viviendas en Senillosa para los penitenciarios federales que antes trabajaban en la Unidad 9, en el centro de Neuquén, lo que hoy es el Parque Jaime de Nevares.
Como informó Río Negro en exclusiva el martes, la jueza de Ejecución Penal Raquel Gass dispuso el cierre por seis meses de la Unidad 11 y la Unidad 12, ambas provinciales. La primera porque está sobrepasada en su capacidad -es de 233 personas, hay 265- y adolece de serios problemas de infraestructura, en especial en su instalación eléctrica y falta de elementos para combatir incendios. La segunda está al límite de su aforo: 42detenidos.
Durante el período fijado, solo podrá haber ingresos nuevos si se producen egresos. Además el gobierno provincial tiene 30 días para presentar un plan integral de reparación.
Obras en marcha
Fuentes del gobierno provincial consultadas por Río Negro dijeron que ya están casi terminadas las obras en el pabellón 4, que demandaron una inversión de 12,5 millones de pesos.
También se acelera la terminación de las 6 casas de pre-egreso, destinadas a personas en etapa de confianza o con libertad condicional. Cada una tiene capacidad para cuatro o hasta cinco personas cada una.
A esas viviendas podrían derivar internos en fase de confianza que ahora están en la Unidad 12, y ocupar las plazas que dejen libres con presos de la Unidad 11.
Hay algunas resistencias porque no todos están dispuestos a mudarse a la cárcel del Parque Industrial debido a su lejanía, pero la defensa pública se comprometió a conversar con ellos para convencerlos.
La gran pregunta es qué pasará con los nuevos condenados que todo el tiempo está produciendo el sistema penal.
«Trataremos de evitar que la policía los aloje en cualquier lado», dijo la fuente del gobierno. Cuando este medio le recordó que la policía depende del Ejecutivo, señaló que «todos tienen que poner un poco de su parte para encontrar una solución».
Preocupación: que haya condenados en comisarías
En el Poder Judicial creen que empezarán a derivar condenados a las comisarías, donde por ahora solamente hay procesados -algunos ya con juicio y condena, pero sin firmeza definitiva-.
Las alcaidías de las comisarías no reúnen las condiciones de seguridad para alojar condenados, y también está altamente desaconsejado mezclar procesados con condenados.
Como se informó, el colapso se veía venir desde hace años y las voces de alerta no fueron escuchadas. Se produjo por una combinación de factores: falta de inversión en el área carcelaria; una pésima planificación tras la entrega de la cárcel de Senillosa a Nación; la implementación del Código Procesal Penal que produce prisiones preventivas y condenas con mayor rapidez; y modificación en las leyes que dificultan el acceso a la libertad anticipada, por lo que las personas pasan más tiempo ocupando una plaza en unidades de detención.
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