Estafa con planes sociales en Neuquén: la misteriosa «extensión Rivadavia»

La fiscalía le atribuye una importancia clave en la maniobra. Durante la formulación de cargos que presentó el martes, también acusó a los imputados de hacer figurar más de 5.000 beneficiarios inexistentes.

El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, reveló detalles hasta ahora poco conocidos sobre la estafa con planes sociales cometida en Neuquén, que atribuyó a exfuncionarios y exempleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia. Durante la formulación de cargos contra los 20 imputados, explicó el paso a paso que pudo reconstruir de la maniobra dentro del período que va desde enero a julio, cuando salió a la luz. Aseguró que la investigación apunta a determinar posibles delitos cometidos con la misma modalidad en 2021 y 2020.

En trazos muy gruesos, la acusación fiscal ya había trascendido: a los beneficiarios de planes sociales provinciales por desocupación les depositaban 49.500 pesos; le retenían la tarjeta de débito y la clave; otras personas retiraban de los cajeros del Banco Provincia de Neuquén el total de esa suma; al titular le entregaban entre 3.000 y 10.000 pesos y se quedaban con el resto, para sí o para contribuir a una campaña política.

La investigación no determinó el monto final del dinero, pero hasta ahora no encontró entre los imputados grandes inversiones como la compra de campos en La Pampa, por poner un ejemplo. Por eso se supone que su destino fue financiar actividades partidarias.

Según el fiscal jefe Vignaroli, un grupo de imputados por asociación ilícita identificados como «los reclutadores», se encargaban de buscar personas vulnerables en condiciones de recibir un subsidio a la desocupación creado por el gobierno de Omar Gutiérrez en 2018.

Sin documentación


Ricardo Soiza fue señalado como jefe de la asociación ilícita (Archivo/Yamil Regules)

Sólo les pedían una fotocopia del DNI para iniciar el trámite. Según dijo el acusador, en los allanamientos a la dirección de Planes Sociales no encontraron ninguna otra documentación requerida por la normativa: declaración jurada de estado de vulnerabilidad económica; único sostén de familia; carecer de otro beneficio nacional, provincial o municipal; residencia mínima de dos años en el departamento Confluencia, etcétera.

El exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, «tenía por la resolución 29/18 un manejo discrecional del modo en que podía darse de alta y de baja a las personas que pudieran acceder al subsidio, y de asignar cuál era el monto que iba a cobrar», indicó Vignaroli. Por eso lo acusó de jefe de la asociación ilícita.

Explicó que otro de los imputados, el exjefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna, «enviaba un mail a quien debía realizar las transferencias desde el Banco Provincia de Neuquén, con una planilla excel en la cual figuraban nombre y apellido de los beneficiarios, y los montos que debían acreditarse en cada una de las cuentas».

«Extensión Rivadavia»


Vignaroli enfatizó: «Esta planilla contenía un rubro, ‘extensión Rivadavia’, a través del cual se podía efectuar esta maniobra. En ese rubro figuraban personas con un monto asignado en la excel de 49.500 pesos, pero en el listado (paralelo) aprobado por Soiza tenían asignado un monto menor».

El nombre puede aludir a la sucursal Rivadavia del Banco Provincia de Neuquén, en la que se depositaba el dinero de los subsidios.

Además, «en esa excel figuraban menos beneficiarios que la planilla que aprobaba Soiza».

Dijo Vignaroli que «la maniobra pudo llevarse adelante porque quienes la cometían, tenían el manejo administrativo de los pagos, y era absolutamente irregular».

Diferencias entre las planillas


Narváez y Vignaroli, de la fiscalía, y de espaldas el defensor Alfredo Cury. (Archivo/Yamil Regules)

En ese sentido, explicó que «el listado de las personas beneficiarias era aprobado por Soiza con posterioridad a los pagos. Por ejemplo, los subsidios de enero fueron abonados en distintas transferencias el día 28 de ese mes en base a la planilla excel remitía vía mail por Osuna», pero «el listado de beneficiarios lo aprobó Soiza recién el 25 de febrero».

«Detectamos que dentro de esta planilla excel se hicieron órdenes de crédito por 3.681 beneficiarios, mientras que Soiza el 25 de febrero aprobó a 4.863″, continuó.

Por su parte Néstor Sanz, como director de Fiscalización, «recibía en copia el correo que enviaba Osuna con la planilla excel, y ambos se encargaban de organizar las idas a los cajeros automáticos a realizar las extracciones. Tenemos filmaciones de las que surgen que ellos mismos las llevaban adelante» junto con otras personas imputadas. Dentro de la asociación ilícita cumplían el rol de «extractores».

«El rol de Soiza era fundamental -resaltó el fiscal- ya que (el Tesoro vía BPN) pagaba a través de planillas excel, pero luego se certificaba que los pagos estaban bien hechos a través de la actuación de Soiza en estas planillas posdatadas».

Un mes como ejemplo


Utilizó un mes como ejemplo: en enero pasado, mediante el decreto 145/22 que firmaron el gobernador Gutiérrez y el exministro Abel Di Luca, se asignaron al programa «Subsidio Provincial para la Desocupación Laboral» 48.500.000 pesos.

En la planilla que envió Osuna figuran 3.681 beneficiarios para ese monto. Pero según la que aprobó Soiza el 25 de febrero, los subsidiados entre los que se distribuyó fueron 4.863.

«Es decir que la maniobra queda clara: se enviaba a tesorería un mail con los verdaderos beneficiarios y los verdaderos montos a acreditar, y con el fin de ocultar la maniobra Soiza certificaba más beneficiarios con menos montos, y de esta manera cerraba la cuenta», afirmó Vignaroli.

Más de 5.000 fantasmas


En enero, «la diferencia entre la planilla excel y la certificación de Soiza nos da 837 personas; en febrero 970; en marzo 1018; en abril 857; en mayo 810; en junio 939; y en julio, teniendo conocimiento de la denuncia, la diferencia es cero».

En total, hubo en el período investigado 5.431 beneficiarios «fantasma» que sólo existieron en la certificación de Soiza, y no en la planilla enviada al Banco Provincia de Neuquén.

Vignaroli aseguró que mediante esta maniobra y las extracciones ráfaga por cajeros automático con tarjetas de débito ajenas la organización obtuvo 63.455.200 pesos.

Las extracciones ráfaga


En particular sobre las extracciones ráfaga (una persona llevaba varios plásticos con sus respectivos PIN, y retiraba montos en sucesivas operaciones en pocos minutos) señaló que en el período investigado se realizaron 4.335, discriminadas de la siguiente manera: 442 en enero; en febrero 826; en marzo 367; en abril 904; en mayo 662; en junio 564 y en julio 473.

Bajo el rol de «extractores» están identificadas 12 personas, entre ellas Osuna y Sanz. Quedaron registradas por las cámaras de vigilancia de los cajeros.


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