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Estafa con planes sociales en Neuquén: qué dijo la jueza sobre la acusación
Estefanía Saulí dirigió la audiencia de formulación de cargos contra los 20 imputados en la estafa con planes sociales.
Jueza Sauli: "es un tema del Poder Ejecutivo". (Archivo)
«Los damnificados somos todos los neuquinos, que con nuestros impuestos contribuimos para que el Estado pueda cumplir con su rol», afirmó la jueza de Garantías, Estefanía Saulí, entre sus argumentos para ordenar la inhibición general de bienes de algunos de los imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén.
Al aceptar la formulación de cargos del fiscal jefe Pablo Vignaroli, señaló que «el perjuicio patrimonial es al Estado. Los fondos no fueron recibidos en su totalidad por los verdaderos destinatarios», en alusión a los desocupados.
Los embargos y las inhibiciones, por seis meses, los dictó «para evitar que puedan colocar su patrimonio a nombre de terceras personas, se consolide el provecho de las estafas, y no tengan con qué responder» en caso de resultar condenados.
«Para ellos era un montón»
En respuesta al defensor Alfredo Cury, quien había argumentado que ninguno de los titulares de las tarjetas se había quejado por faltante de dinero, la jueza señaló: «los propios beneficiarios no sabían cuánto tenían que cobrar. Creían que percibían lo correcto, tal vez para ellos recibir 3.000 o 10.000 pesos era un montón y, por su estado de vulnerabilidad, se conformaban con eso».
Ratificó que hay elementos para investigar una asociación ilícita, como pidió el fiscal, de la cual el exdirector de Planes Sociales «Ricardo Soiza era el jefe, junto con Marcos Osuna y Néstor Sanz, quienes tenían un papel preponderante». La finalidad determinada era «obtener un beneficio económico en perjuicio de la administración pública» y para eso todos los integrantes actuaban «de manera coordinada».
Al comienzo de la audiencia, Sauli, quien compite en un concurso del Consejo de la Magistratura para ascender al Tribunal de Impugnación, rechazó un pedido del defensor Alfredo Cury para que se prohíba tomar fotos y publicar los nombres de los imputados. Invocó la publicidad de las audiencias, que solamente son reservadas en casos de delitos sexuales o menores de edad.
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