Procesan a una mujer acusada de atentar contra una dirigente mapuche en Bahía Blanca

La imputada, integrante de una asociación vinculada con atentados, también fue procesada por intimidaciones contra un médico del sur de Buenos Aires.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el procesamiento de una mujer acusada de integrar una asociación vinculada con los atentados que sufrió el frente de la vivienda del director de Región Sanitaria I de la localidad bonaerense, Maximiliano Núñez Fariña, en enero de 2022, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Analía Gladys Cónsoli, investigada también por los ataques incendiarios a la casa de una dirigente mapuche el 15 de noviembre del 2021 y al centro Cultural mapuche el 25 de noviembre de ese año.

En la resolución, que trascendió en las últimas horas, los camaristas Silvia Fariña y Pablo Candisano Mera confirmaron el procesamiento de Consoli por ser «partícipe secundaria del delito de intimidación pública, amenazas coactivas agravadas e incitación pública a la violencia colectiva» en relación al hecho del Centro Cultural Mapuche.

También la consideraron «participe secundaria del delito de intimidación pública» en el domicilio de la dirigente Olga Curipán y en relación al atentado a Núñez Fariña como «partícipe secundaria del delito de incendio en concurso real con los delitos de intimidación pública, incitación pública a la violencia colectiva y amenazas coactivas agravadas».

El 15 de noviembre del 2021 una bomba molotov fue arrojada a la vivienda de Curipán, ubicada en la calle Nicaragua al 2300 de Bahía Blanca, mientras que el 25 del mismo mes en el Centro Cultural Mapuche «Ruka Kimun», ubicado en Alberti al 100, aparecieron panfletos amenazantes a la comunidad y en la que además figuraba una imagen de Curipán.

En tanto que el 8 de enero del 2022 se registró un incendio intencional en el frente de la vivienda de Núñez Fariña, lugar en el que además se hallaron panfletos en contra del pasaporte sanitario y las restricciones a la circulación en el marco del coronavirus.

En la resolución los camaristas expresaron que «los diversos atentados representan un grave peligro institucional contra el orden democrático» ya que se manifestaba un «contenido amenazante, con expresión de ideología xenófoba y discriminatoria» como así también en contra a las medidas del gobierno en el marco de la pandemia por el Covid-19.

En cuanto al atentado al local del Frente de Todos ocurrido el 30 de noviembre del 2021 la resolución expresó que «parece no estar estricta y necesariamente vinculado con los otros tres acontecimientos», por lo que confirmaron los procesamientos sólo en relación con los otros tres actos intimidatorios.

«Detrás de ellos existe una misma agrupación, probablemente autodenominada ‘Comando de Restauración Nacional zona sur – Mohamed Alí Seineldín’, conforme se indica en los panfletos hallados en dos de los tres casos, cuyo objetivo era imponer sus ideas por la fuerza y el temor», expresó la resolución.

También en la resolución los camaristas procesaron a otras personas por documentos apócrifos y por una presunta participación en la falsificación de certificados de vacunación.


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