Quedó detenido tras incumplir la domiciliaria con reiterados robos en San Martín de los Andes

Una ola criminal desembocó esta semana en una decisión judicial contundente: un hombre acusado de cometer 15 delitos entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 en San Martín de los Andes, fue privado de libertad por incumplir reiteradamente una prisión domiciliaria impuesta previamente. El riesgo de fuga, la reiteración delictiva y el desprecio de las restricciones legales motivaron que el juez de garantías Maximiliano Bagnat decretara su prisión preventiva por un mes, durante la cual deberá permanecer en una unidad de detención.

Las acusaciones fueron formuladas por la fiscal del caso, Inés Gerez, con apoyo del asistente letrado Federico Surá, quien requirió la prisión preventiva luego de constatar cuatro incumplimientos de medidas cautelares. El hombre había sido imputado por hurto con escalamiento, robo simple, desobediencia a orden judicial, encubrimiento, violación de domicilio y daño, entre otros delitos. El episodio más grave –y reciente– ocurrió el 1° de agosto, cuando rompió una ventana desde un patio trasero y robó objetos por valor de cientos de dólares.

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Un grave historial complicó su situación

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El cúmulo de ilícitos fue escalofriante: el 22 de noviembre de 2024 ingresó al Hospital Ramón Carrillo y robó un teléfono de un consultorio médico. En enero de 2025 forzó una vivienda y se llevó USD 6.500, herramientas y una notebook.

Pese a una orden judicial vigente, fue detenido cerca de su expareja con objetos robados. Otro día fue visto en un apart hotel con mochilas con botín. En febrero retornó frente al domicilio de su expareja, quebrantando la restricción impuesta. En marzo, sustrajo un arma a un policía provincial y la abandonó cerca de Quila Quina.

Sus delitos continuaron en marzo con un robo frustrado en una vivienda, impedido por una adolescente; en mayo volvió a acercarse a su expareja; y esa madrugada sustrajo una moto Honda XR 150 desde un hotel. En julio escaló a un complejo de departamentos y robó una cartera, objetos personales y USD 800, antes de ser aprehendido por la policía mientras fugaba por un bosque.

La fiscalía argumentó en audiencia que estos hechos evidencian una conducta persistente y la imposibilidad de contenerlo mediante medidas no privativas. Surá sostuvo que “para resguardar el proceso y ante el comportamiento obstinado del imputado, sólo la prisión preventiva resulta proporcional”.

Gerez y Surá también solicitaron restricción de acercamiento a menos de 500 metros de su expareja y su hija, y a menos de 200 metros de otra víctima por robo. El juez respaldó todas las solicitudes: desde la formulación de cargos hasta las medidas cautelares que incluyen cárcel inmediata.

Este cúmulo delictivo provocó alarma social. En particular, el impacto en su expareja e hija —víctimas indirectas de su presencia persistente— llevó a la impugnación legal de cualquier acercamiento. Las autoridades insistieron en su peligrosidad, falta de remisión y la necesidad de que permanezca detenido hasta el vencimiento de la investigación, previsto para principios de septiembre.

La audiencia fue intensa. La defensa no logró presentar alternativas efectivas que demostraran sometimiento al proceso. Los antecedentes judiciales y el patrón de conductas delictivas marcaron la balanza hacia la prisión. El juez Bagnat enfatizó que la detención preventiva no implica juicio ni condena, pero representa una medida temporal indispensable en un contexto plagado de incumplimientos y desobediencia judicial.

La decisión judicial se ejecutará de inmediato. Durante el mes de prisión preventiva el Ministerio Público Fiscal continuará recopilando evidencia —incluido el peritaje sobre su teléfono y análisis forenses del ADN— que definirá la etapa final de la causa. De resultar fundamentos suficientes, el caso derivará en una acusación formal con elevación a juicio. En caso contrario, el acusado podrá ser objeto de nuevas medidas menos gravosas, aunque su historial delictivo complica esa posibilidad.