Rechazan amparo de la defensora del Pueblo y sigue en pie el aumento del boleto de colectivo en Bariloche

El juez en lo contencioso administrativo Iván Sosa Lukman validó en los hechos el aumento del boleto de transporte dispuesto el mes pasado por el municipio de Bariloche y la audiencia pública previa, al rechazar el amparo colectivo que presentó la Defensora del Pueblo Municipal Mariana Minuth para pedir la nulidad de ese trámite.

La falta de transmisión por streaming de la audiencia obligatoria, las trabas para la inscripción de interesados y el retaceo posterior de la grabación y el dictamen que fundó el aumento tarifario del 8% dispuesto por el intendente Walter Cortés fueron algunos de los motivos invocados por la Defensoría para pedir la intervención judicial.

También señaló que el representante de la empresa concesionaria Mi Bus se retiró antes y no es tuvo presente en la instancia de preguntas.

Pero el magistrado dijo que “no resulta evidente ni palmaria la ilegalidad denunciada”. Recordó que la Carta Orgánica municipal exige la convocatoria de una audiencia pública antes de cualquier cambio tarifario, que ese requisito fue cumplido, y que más allá de algunas fallas de procedimiento que consideró menores ”no se advierte perjuicio” del cual pueda deducirse “la existencia de ilegalidad o arbitrariedad que haga caer la presunción de legalidad de los actos administrativos”.

El aumento del boleto que cobra Mi Bus fue resuelto a fines de enero por el Ejecutivo municipal, pero todavía no se aplica a bordo de las unidades. Según la nueva escala tarifaria, la primera sección para los pasajeros sin domicilio en Bariloche pasará a costar 2.045,71 pesos, mientras que los locales pagarán 1534,28 pesos.

La audiencia pública se había realizado el 17 de diciembre y registró escasa participación. A diferencia de lo que ocurre con otras audiencias organizadas por el Concejo Municipal, la del transporte no tuvo transmisión online. Pero el juez Sosa Lukman subrayó que no hay legislación alguna que lo establezca como una obligación.

No existió un acto “notoriamente ilegal y lesivo”

La defensora Minuth alegó que había solicitado al gobierno municipal la nulidad de las resoluciones por vía administrativa y le fue rechazado. Por eso decidió recurrir al amparo colectivo.

En el fallo emitido hoy, el juez evaluó primero la legitimación activa de la Defensora para presentar el recurso, y la consideró apta. Pero dijo luego que “la vía elegida no es la correcta”.

Sirve señalar a modo de contexto que el intendente Cortés anunció su interés en eliminar la Defensoría del Pueblo en la próxima reforma de la Carta Orgánica.

El juez Sosa Lukman citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ára subrayar que en un principio “puso limitaciones” a la actuación de las defensorías del pueblo en la repreentación de derechos colectivos, “pero luego tal limitación fue morigerándose, hasta que se le reconoció legitimación anómala o extraordinaria en proceso s que protegan intereses difusos o bienes colectivos, o bien intereses individuales homogéneos de usuarios y consumidores”.

Dijo entonces que el amparo “procede” en temas relacionados con defensa del consumidor (como sería el caso analizado), pero “debe estar dirigido a un acto notoriamente ilegal y lesivo de un derecho o una garantía constitucional, donde la ilegalidad resulte concreta y claramente visualizable”. Para el juez, no estaba cumplida esa condición.

Dijo que el STJ provincial tiene establecido que los pedidos de nulidad de los actos administrativos deben ser planteados en un juicio contencioso ordinario, de modo que el amparo no sería la vía idónea.

De este modo, la decisión judicial deja vía libre a la implementación del ajuste en la tarifa del transporte. Este medio consultó a la defensora Minuth, quien señaló que estaba notificada del fallo, pero no tenía definido todavía los pasos a seguir.