Redes sociales en manos de mandatarios y límites en la Justicia: el caso del policía detenido en Río Negro

La intervención del gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, en el caso del policía de Roca imputado por un robo en Cipolletti, instaló en la provincia el debate sobre hasta dónde los mandatarios pueden expresar opiniones personales sin superar los límites judiciales.

Esta semana la Justicia le formuló cargos y le dicto prisión preventiva a un policía acusado de haber participado de un robo violento en Cipolletti.

Por pedido del abogado defensor Alfredo Cury, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dispuso que «los medios de comunicación» no difundan imágenes y datos personales del hombre “para evitar que se frustren medidas probatorias que pueden estar pendientes”.

Pero ni el magistrado ni el abogado defensor dijeron nada expresamente sobre las redes sociales.

Y allí el gobernador Weretilneck encontró un espacio para poder expresarse sin límites. «NO VOY A TOLERAR POLICÍAS QUE TRAICIONEN EL UNIFORME» arrancó su tuit. Luego dio el nombre del policía y cerró su mensaje con una foto del acusado.

Uno de los objetivos de la restricción de información estaba relacionado con evitar que se frustren medidas probatorias, como ruedas de reconocimiento.

Pero como todavía hay un vacío legal, es probable que el gobernador se ampare en que él no es un medio de comunicación y por lo tanto no cometió ninguna falta.

Entra allí el debate entonces de cuál es el límite y las responsabilidades en lo que se dice en las redes sociales y quienes las usan.

Como ocurre con las vedas electorales, allí muchos encuentran el resquicio para técnicamente no cometer un delito, pero poder continuar expresándose sin que nadie los sancione.

El abogado del policía, también en redes sociales, lo intimó a Weretilneck a que retire de «forma inmediata» la información personal de su defendido «bajo apercibimiento de denunciarlo por desobediencia a una orden judicial».

Pero hasta las 17 de hoy, pasadas más de 24 horas del posteo, la foto y los datos del detenido, permanecían en X.

En caso de que la denuncia al mandatario se materialice ante Puntel, la Justicia será la que deba resolver si efectivamente el gobernador cometió un delito o puede usar las redes sociales como cualquier hijo de vecino, un debate que parecía lejano, más enfocado en presidentes, pero que también debe ser materia de revisión y debe sentar precedentes mucho más acá.