Techo Digno: el STJ analizará la nulidad de las acusaciones
El máximo cuerpo evaluará el fallo del Tribunal de Impugnación que revocó imputaciones contra ex intendentes y empresarios en las investigaciones por los planes de viviendas.
La audiencia de ayer, encabezada por el STJ, tuvo partícipes presenciales y otros por zoom. Foto: Marcelo Ochoa
La megacausa de Techo Digno, centrada en las investigaciones de las administraciones municipales y constructoras por las ejecuciones de planes de viviendas, presenta un fuerte interrogante, a partir de la nulidad del Tribunal de Impugnación de las acusaciones planteadas por el Ministerio Público.
Esta situación será analizada -desde hoy- por el Superior Tribunal de Justicia, que ayer aceptó el recurso del Ministerio Fiscal en la defensa de su “potestad de investigación” mientras que los defensores de los ex jefes comunales y de los empresarios se opusieron a la intervención del máximo tribunal.
El debate de hoy se concentrará en los alegatos en relación a la resolución del Tribunal de Impugnación, que con votos de Carlos Mussi y Adrián Zimmermann, anuló las imputaciones de los fiscales y, también, convalidó los sobreseimientos del juez Ignacio Gandolfi en favor de los ex intendentes Alejandra Mas (Conesa) y Javier Iud (SAO), y el empresario Juan Casteli.
Se debe investigar sino (lo que resulte) se explicará en la sospecha de que el juez ha actuado por la presión política o económica”.
Fabricio Brogna, Fiscal General de la Provincia de Río Negro
Ayer se discutió si se ocupaba del tema y el STJ lo aceptó por unanimidad, con la presidencia de Sergio Barotto y de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian, Sergio Ceci y Cecilia Criado. Hoy escuchará los planteos de fondo y, después, se tomará un tiempo para evaluar lo resuelto por su tribunal inferior.
El cuestionamiento no comprende a la totalidad de los expedientes de megacausa de Techo Digno, pero cualquier resolución del STJ delimitará el futuro de estas investigaciones penales, concentradas en la utilización de fondos nacionales para viviendas, transferidos a los municipios entre el 2013 y 2016. Las acusaciones se corresponden a las diferencias entre las construcciones y los envíos concretados, incluyendo certificaciones irreales, con firmas apócrifas de los jefes comunales para lograr que Nación remita nuevos recursos.
En distintas instancias, los funcionarios investigados son los hoy intendentes Luis Ivancich (Godoy) y Renzo Tamburrini (Sierra Grande), y los exjefes comunales Mas (Conesa), Iud (SAO), Daniel Belloso (Choele Choel), Gilberto Montanaro (Cervantes), Carlos Pilotti (Río Colorado), María Martini (Bariloche), Pedro Dantas (Campo Grande) y Juan Reggioni (Fernández Oro). También figuran los constructores de los planes cuestionados.
Fue corte y pegue de la misma acusación en las cuatro jurisdicciones y, por eso, la actuación del Tribunal de Impugnación”
Damián Torres-defensor de la mayoría de los ex intendentes
Brogna fundamentó su recurso y, luego, los defensores reclamaron su “inadmisibilidad”, empezando por Damián Torres, que patrocina a la mayoría de los ex intendentes, y lo siguieron los representantes de los constructores, José Luis Merlotti, Federico Diorio, Carlos Gadano, Juan Luis Vincenty, Julio Oviedo y, también, el defensor general, Ariel Alice.
“Son hechos de corrupción para investigar”
El fiscal general, Fabricio Brogna argumentó que el Tribunal de Impugnación se entromete con la anulación de las acusaciones en “las potestades de investigación del Ministerio Público”.
Resaltó que esta situación constituye “una gravedad que debe ser tratada” y adelantó que su confirmación significaría que “un hecho de corrupción se habrá cerrado sin haberse investigado formalmente. Nunca se habilitó esa instancia”.
Aseveró que la magnitud de la falla del TI “está fuera de discusión” y contrarrestó su anulación con que 11 jueces aceptaron las presentaciones de cargos.
Advirtió que si el STJ avala las posturas del Tribunal “siempre explicara la sospecha que el juez ha actuado por la presión de los intereses políticos o económicos que se benefician”.
Reafirmó que “estos hechos de corrupción deben ser investigados” para que la Justicia tenga su conclusión, a partir de lo que determine las “pruebas” y “no los discursos de barricadas”.
Insistió con “la intromisión” del Tribunal de Impugnación y consideró que conlleva “graves consecuencias” para la “institucionalidad”, la “autonomía” de los fiscales y del “sistema del administración de Justicia”.
Para Torres, la causa es “un corte y pegue”
Los alegatos de los defensores correspondió a Damián Torres, que representa a la mayoría de los ex intendentes. Todos coincidieron en pedir al STJ que no se abra la instancia y, entre otros puntos en común, entendían que la investigación se está cumpliendo, “desde hace casi cinco años”, recordó Carlos Gadano.
Además, Torres defendió la labor “excepcionalidad” del Tribunal de Impugnación frente a la particularidad planteada por una misma acusación en toda la provincia. Fue “un corte y pegue en los expedientes de las cuatro jurisdicciones”, dijo.
En referencia a la resolución de sobreseimientos de Gandolfi, el defensor afirmó que el juez marcó la inexistencia del delito planteado en los cargos, pero pudo haberse imputado por otros y “no se hizo”. Negó la “gravedad institucional” expuesta por Brogna mientras aclaró que el ministerio publico “dejo pasar tres chances” para presentar agravios.
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