Trata de personas en Argentina: un informe anual del Ministerio Público Fiscal reveló cifras alarmantes

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Ministerio Público Fiscal de la Nación presentó un informe que resume los avances y desafíos en la lucha contra uno de los delitos más graves y complejos que enfrenta la justicia federal. En el último año, fueron condenadas 22 personas por crímenes vinculados a la trata de 82 víctimas, en el marco de 10 sentencias y 3 acuerdos conciliatorios.

El 30 de julio pasado, se cumplió otro año más de una jornada que se conmemora para concienciar sobre la situación de las víctimas de trata y promover y proteger sus derechos. Desde la entrada en vigencia de la Ley 26.364 en 2008, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) consolidó su labor como órgano especializado. En este tiempo, el fuero federal alcanzó un total de 542 sentencias condenatorias y 8 acuerdos conciliatorios, que involucraron a 1043 condenados por hechos que afectaron a 2560 víctimas.

---

Datos que revelan una problemática estructural

---

El informe destaca que el 77,8% de las personas condenadas son argentinas, en su mayoría varones (64,2%). En tanto, el 79% de las víctimas identificadas son mujeres, el 20,5% varones y un 0,5% personas trans. El 66% de los casos corresponde a explotación sexual, mientras que el 33,6% se vincula a explotación laboral. El 0,4% restante corresponde a otras formas de explotación.

En los últimos doce meses, PROTEX impulsó investigaciones clave y recibió 2415 denuncias a través de la línea 145, gestionada de manera conjunta con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). La línea lleva acumuladas más de 19.200 denuncias desde su creación. Además, desde 2015 se iniciaron más de 3700 investigaciones preliminares.

---

Coordinación federal e internacional contra la trata

---

El Ministerio Público Fiscal integra el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, órgano multisectorial que articula políticas con todos los poderes del Estado, las provincias y organizaciones de la sociedad civil. A través de PROTEX también participa activamente del Comité Ejecutivo que define los planes bienales de acción, destinados a prevenir la trata, perseguir a los responsables y asistir a las víctimas.

En el plano internacional, la procuraduría coordina la Red de Trata y Tráfico de Personas (REDTRAM), que promueve la cooperación entre Ministerios Públicos de Iberoamérica. Esta red trabaja junto a otras entidades como la RFAI y la REG, con el respaldo del programa COPOLAD, para abordar de manera conjunta las temáticas de género, narcotráfico y criminalidad organizada.

---

Identificación de nuevas formas de explotación

---

El informe subrayó la necesidad de detectar a tiempo modalidades menos visibles de explotación, como la utilización de personas con discapacidad, la instrumentalización de víctimas como “mulas” del narcotráfico o casos encubiertos bajo estructuras coercitivas y redes de explotación virtual. En este sentido, PROTEX publicó recientemente guías de actuación para operadores judiciales, disponibles en su sitio oficial.

Asimismo, se investigan modalidades más recientes, como la explotación de personas mediante plataformas digitales, agencias ilegales de subrogación de vientres y redes coercitivas con estructuras jerárquicas encubiertas, similares a las de las sectas.

---

Un compromiso sostenido y políticas de largo plazo

---

Desde la declaración de la ONU en 2013 del 30 de julio como el “Día Mundial contra la Trata de Personas”, el Ministerio Público Fiscal reafirma cada año su compromiso con el abordaje integral del delito. La fiscalía especializada a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano lleva adelante investigaciones complejas, muchas de las cuales se articulan con fuerzas de seguridad, organismos internacionales y equipos interdisciplinarios.

La implementación de nuevas herramientas legales, junto al fortalecimiento de redes institucionales, busca garantizar justicia para las víctimas, sanción para los responsables y prevención efectiva. El balance del último año no solo refleja logros concretos, sino también la necesidad de profundizar el enfoque integral que aborde el delito desde una perspectiva de derechos humanos.