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Un tribunal marcó el atraso y los obstáculos que pone el juez de ejecución de Cipolletti

Dos juezas y un juez revocaron parcialmente la decisión de Lucas Lizzi en perjuicio de un preso que aspiraba a sumar más horas de libertad condicional. La auditoria de Poder Judicial inició una investigación contra el magistrado por 11 denuncias de internos.

En una audiencia que se desarrolló ayer en Cipolletti el tribunal de revisión marcó los atrasos y las sospechas sobre un supuesto mecanismo para dilatar beneficios. El juez de Ejecución fue denunciado por un grupo de presos, quienes lo acusan de ser arbitrario y de resolver por fuera de la ley. El tema está bajo la investigación del auditor del Poder Judicial.


El objetivo del servicio penitenciario es resociabilizar a los internos y para eso el juez de Ejecución tiene un rol clave. En Cipolletti el mecanismo pareciera inverso. Un tribunal conformado por dos juezas y un juez de juicio revocó, una vez más, la resolución de Lucas Lizzi en perjuicio de un interno que ya gozaba de salidas transitorias y aspiraba a sumar más horas en la calle.

El 22 de julio llegó un informe del servicio penitenciario– una propuesta- para que Johnatan Sepúlveda, condenado por homicidio, pase de 8 horas por mes a dos salidas de 12 horas y una excepcional de 24 cada 30 días.

El primer obstáculo que propició el juez fue el tiempo para fijar la audiencia; se realizó casi dos meses después de ser solicitada. Allí no hizo lugar al pedido que tenía común acuerdo de la fiscalía para las dos salidas de mediodía con custodia y una de 24 horas con tutor, que en este caso sería la madre del condenado.

Lizzi entendió que no podía salir sin el cuidado de un policía y además señaló que la ley permite dos salidas por mes. Además objetó que la nueva propuesta que dispuso el servicio penitenciario no brindó un nuevo informe de riesgo, un requisito que no es indispensable para extender el lapso de tiempo en las transitorias: otro mecanismo para dilatar los tiempos. Dispuso solamente dos salidas de 12 horas.

Pero la decisión de insistir con la custodia también tiene otra finalidad que es la de poner «palos en la rueda» de la progresividad del interno. Estos son los pasos que deben cumplir para llegar a la libertad condicional, y libertad asistida antes de cumplir la pena.


Advertencia de una jueza


Fue una de las advertencias de la jueza Florencia Caruso, quien presidió el tribunal. Hizo hincapié en que todos los informes que requiera el juez los solicite antes de la audiencia. Por eso le ordenó que fije un nuevo encuentro dentro de dos meses para evaluar cómo fue el comportamiento de Figueroa.
El tribunal revocó parcialmente la resolución de Lizzi: dispuso de una salida de 12 horas y otra de 24 por mes, con tobillera y custodia.

Además le pidió al magistrado que en noviembre disponga de una nueva audiencia de control para poder brindar el beneficio sin la presencia policial, siempre y cuando el preso haya cumplido con sus obligaciones. El tribunal también estuvo integrado por la jueza Alejandra Berenguer y el juez Julio Sueldo.

RIO NEGRO publicó ayer un informe sobre las 11 denuncias que tiene Lizzi y que son materia de investigación por la auditoria del Poder Judicial de Río Negro a cargo de Juan Montoto Guerrero. Las acusaciones llegaron por parte de los internos que aseguran que el juez obstaculiza los beneficios, especialmente para las salidas transitorias y la libertad condicional.

Además, como se cristalizó en la audiencia de ayer, atrasa las audiencias y pone obstáculos a la progresividad de los internos, muchas veces con requerimientos que no son indispensables para garantizar los derechos de personas con condenas.


Formalmente hay once denuncias de presos del penal N°5, diez son de este año. Las acusaciones ingresan por correo electrónico y después se realiza una audiencia para ratificar los hechos. Luego el tema pasa a la órbita del auditor que ya se encuentra investigando.


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