La apetecida torta de la coparticipación

MANUEL SOLANET (*)

Prácticamente todas las provincias reclaman una revisión del régimen de coparticipación federal de impuestos y todas aspiran a una mayor porción de la torta. Desde la reforma constitucional de 1994, el eje de los reclamos provinciales pasa por lograr una nueva ley que amplíe su parte de la distribución primaria en desmedro de la porción del gobierno nacional. Sólo la provincia de Buenos Aires hace explícita su aspiración a aumentar su porcentaje en la distribución secundaria, reduciendo así el de todas las demás provincias. Se fundamenta para ello en que el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense se ha erosionado al quedar fijo y no ajustarse con la inflación. La situación fiscal se ha agravado por igual en la Nación, las provincias y los municipios. Todos han aumentado notablemente su gasto y exprimido al máximo el potencial tributario de sus propios contribuyentes. Ni el gobierno nacional ni los provinciales parecen estar en condiciones de ceder una parte de sus recursos ni tampoco es posible aumentar una presión tributaria que ha llegado a niveles inéditos, mayor que la de cualquier país comparable. El gasto público global en la Argentina ha pasado del 30% del producto bruto antes del 2002 al 43% en la actualidad. Parece así políticamente inviable una modificación de la coparticipación que resulte en una redistribución por modificación de los porcentajes de distribución primaria (entre Nación y provincias) y secundaria (entre las provincias). Desde el 2003 el gobierno nacional se ha manejado mañosamente para aumentar recursos no coparticipables y, por lo tanto, ha dispuesto de más fondos para su gasto y para distribuir discrecionalmente entre los gobernadores afines. Los derechos de exportación que no son coparticipables, a excepción reciente del 30% de los de la soja, han sido un puntal fundamental de la recaudación. Tampoco se coparticipan los aportes de la Anses ni los del Banco Central, o sea, el llamado impuesto inflacionario. Hoy el tesoro nacional se financia con estos fondos mientras las provincias los miran de afuera. La Fundación Libertad y Progreso tiene una propuesta de modificación de la coparticipación federal que consiste en que las provincias debieran ser en su conjunto responsables de recaudar los impuestos necesarios para cubrir todo su gasto y que la Nación retenga sólo el cobro de impuestos para cubrir el suyo. Esto es posible devolviendo potestades tributarias a los gobiernos provinciales. Así, las provincias recaudarían los impuestos que actualmente disponen más el impuesto a las Ganancias de personas físicas, el de Bienes Personales, combustibles e impuestos internos. El gobierno nacional retendría el IVA, Ganancias de personas jurídicas e impuestos al comercio exterior. De esta forma, recaudaría aproximadamente lo que hoy le deja la distribución de fondos de la coparticipación federal y lo mismo sucedería para el conjunto consolidado de las provincias. La correspondencia fiscal plena (cada provincia recauda lo suyo) tendría el severo inconveniente de dejar de lado el efecto redistributivo hacia las provincias más pobres. Esto se resolvería mediante un fondo de redistribución al cual aportarán las provincias el producido del impuesto a los combustibles. El criterio de distribución de este fondo será que no se altere cuantitativamente la actual situación en el empalme con el nuevo sistema. Esta estructura se mantendrá inalterada y todo aumento del gasto de una provincia tendrá que tener como contrapartida una suba de sus propios impuestos, mientras que el endeudamiento estaría estrictamente regido por las reglas macrofiscales que la misma ley establecería. Si un gobernador deseara ganar el rédito político de un incremento del gasto, debería también enfrentar el costo político de subir los impuestos. La ventaja de un régimen de este tipo será la supresión del crónico conflicto Nación-provincias, el correcto alineamiento de incentivos para reducir y hacer más eficiente el gasto público, un mejor control de la evasión y la creación de un más efectivo control horizontal entre las provincias. (*) Ingeniero. Director de la Fundación Libertad y Progreso