La banda de los subsidios: Castillo se abstendrá de declarar ante el juez 25-4-03

Ex intendente Castillo. En la causa de los subsidios se avecina una batalla legal por los numerosos planteos de nulidad. NEUQUEN (AN)- El ex intendente de Centenario, Luis Castillo, seguirá fiel a su estrategia de mantener silencio ante la justicia. Su abogado defensor, Ricardo Cancela, anticipó que se abstendrá de declarar el próximo miércoles, cuando se presente a indagatoria ante el juez Alfredo Velasco Copello. Hasta ahora, Castillo nunca ofreció una versión a la Justicia sobre el escándalo de los subsidios descubierto en el municipio que conducía, y que le costó el puesto de intendente. Apenas si expresó una queja ante el Tribunal Superior de Justicia por la difusión pública de la investigación que lo tiene como principal imputado, ya que consideró que se violó el principio de inocencia del que goza. Pero las dos veces que el juez lo citó a declarar para preguntarle por los supuestos ilícitos que le imputan los fiscales, prefirió mantener silencio. Su estrategia está basada en demostrar que las pruebas reunidas en su contra son ilegítimas con la finalidad de derrumbar la acusación. Desde que estalló el escándalo, en octubre del año pasado, los fiscales de Delitos contra la Administración Pública elaboraron 15 requerimientos de instrucción. En cada uno de ellos refirieron una serie de presuntos delitos supuestamente cometidos por Castillo, miembros de su gabinete, comerciantes, desocupados y hasta el jefe policial de la localidad. En total, la fiscalía acusó a 30 personas pero hasta ahora solamente cinco están procesados y ninguno detenido: Castillo, Carlos Rodolfo Iribarren, y los piqueteros-desocupados Héctor «Zapallito» Molina, Juan Lira y Sergio Altamirano. Entre otros delitos, les imputó «asociación ilícita», porque a criterio de los investigadores se pusieron todos de acuerdo para cometer «un virtual saqueo de los fondos públicos». Sin embargo el juez Velasco Copello no se pronunció todavía sobre la comisión o no de ese delito, a pesar de que la Cámara de Apelaciones le indicó dos veces que debía hacerlo. Se supone que cuando termine la ronda de declaraciones indagatorias (la última será la de Castillo), el magistrado repasará por última vez las casi 4.000 fojas que reúne la causa y emitirá un pronunciamiento. Claro que los defensores también están esperando que llegue ese momento para comenzar su contraofensiva. Según se sabe, cuestionarán toda la investigación fiscal aunque la Cámara ya les acotó el margen de acción. Por ejemplo, se pronunció sobre la validez de las escuchas telefónicas, uno de los pilares que sostienen el expediente. Durante casi un año, la fiscalía monitoreó los movimientos de los imputados a través de intervenciones telefónicas, y reunió valiosa información que le permitió desembarcar en Centenario en octubre pasado, allanar la municipalidad y detener a los desocupados del grupo de Molina (también pidió prisión para Castillo pero no tuvo eco). Según los trascendidos que circulan en Tribunales, los defensores de los imputados insistirán con otros pedidos de nulidad. Y solicitarán pericias caligráficas en toda la documentación secuestrada, para confirmar si las firmas que avalan los documentos más comprometedores realmente pertenecen a los imputados. La estrategia es demorar lo más posible la llegada de la causa a juicio oral.