La bolsa de Felisa

La exministra de Economía Felisa Miceli tuvo más suerte que la exsecretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray; los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 1 resultaron ser más compasivos que los enfrentados por la funcionaria del gobierno del presidente Carlos Menem. Si bien el tribunal condenó a Miceli a tres años de prisión por el asunto de la bolsa llena de dinero que se halló en el baño de su despacho hace más de siete años, no tendrá que ir a la cárcel como había temido. Parecería que los magistrados se sintieron impresionados al escucharla jurar que sí estaba “arrepentida” de haber cometido “un error” al llevar 100.000 pesos y 31.000 dólares a su lugar de trabajo en el Palacio de Hacienda, pero que así y todo no cometió ningún delito. Aunque el tribunal la privó de los pesos, Miceli –la que, luego de renunciar a su cargo en el gobierno, se vio involucrada en el caso aún más escandaloso de Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo– no ha tenido que separarse de los dólares. Todavía no se ha aclarado de manera satisfactoria la procedencia del dinero –la exfuncionaria dijo que le había prestado su hermano para usar en un negocio inmobiliario– pero, puesto que no hay evidencia firme de que lo consiguió ilícitamente, se vio beneficiada por la presunción de inocencia. Felizmente para ella, no le ha tocado ser la “emblemática” principal de la era K, papel que de todos modos será ya del vicepresidente Amado Boudou, ya de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Puede que, como ella misma da a entender, la exministra de Economía haya sido víctima de nada más que su propia ineptitud, puesto que, conforme a las exigentes pautas nacionales en materia de corrupción, la cantidad de dinero que la policía encontró en su baño fue irrisoria, pero sería difícil negar que en nuestro país la Justicia propende a tratar a los vinculados con agrupaciones políticas fuertes con más indulgencia que a los demás. Las cárceles están repletas de delincuentes menores –los proverbiales “ladrones de gallinas”– pero, a pesar de que no cabe duda alguna de que la corrupción es endémica y de que los costos tanto directos como indirectos que nos supone son astronómicos, muy pocos políticos terminan entre rejas. A diferencia de lo que sucede en los países considerados relativamente libres de corrupción en los que cuanto más importante sea el cargo desempeñado por un funcionario más severo será el castigo si es juzgado culpable de un delito, aun cuando se trate de uno menor, aquí la influencia política entraña ciertos privilegios. Además de los tristemente célebres “fueros” formales a los que se aferran los más poderosos, hay otros informales que pueden aprovechar sus allegados. Como siempre sucede cuando “el gobierno más corrupto de la historia” de turno está acercándose al fin de su gestión, dirigentes opositores, acompañados por algunos fiscales y jueces, parecen creer que pronto se pondrá en marcha el tan ansiado, y tan demorado, “operativo manos limpias” argentino destinado a asegurar que los corruptos reciban su merecido. Es lo que temen muchos kirchneristas, sobre todo la presidenta Cristina y sus familiares, además de Boudou, que se han visto acusados de apropiarse de montos muchísimo mayores que los imputados a Miceli. Es por este motivo que, hasta nuevo aviso, el tema de la corrupción dominará el panorama político del país. Es debido al nerviosismo que se ha apoderado de la cúpula kirchnerista que el gobierno está en guerra contra “el partido judicial”, está procurando colmar la ex-SIDE, rebautizada la Agencia Federal de Inteligencia, y otras reparticiones de militantes leales a la persona de la presidenta actual y se ha propuesto dejar a su sucesor un campo económico minado. Para justificar la estrategia de tierra arrasada que han adoptado, los kirchneristas afirman estar resueltos a garantizar que “el modelo” socioeconómico supuestamente progresista y popular se mantenga intacto después del 10 de diciembre, pero lo que realmente quieren es conservar el poder suficiente como para garantizar que el próximo presidente decida que, por lo de la gobernabilidad, no sería de su interés respaldar los esfuerzos de ciertos jueces por investigar en serio la evolución reciente del patrimonio familiar de los Kirchner.

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