La comparan con la Corte de Menem

La Asociación de Abogados Laboralistas realizó ayer un acto en rechazo al «intento de la corporación política» de modificar la integración del Consejo de la Magistratura, mientras la Asociación de Abogados de Buenos Aires comparó la reforma con la ampliación de la Corte Suprema de Justicia que implementó el ex presidente Carlos Menem.

«La reforma del Consejo de la Magistratura kirchnerista beneficiaría tanto a la Justicia como lo hizo la reforma de la Corte Suprema menemista que creó la mayoría automática», expresó Horacio Acebedo, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).

Abogados que litigan ante el fuero laboral, en tanto, participaron de un acto en el Congreso en el que instaron «a los ciudadanos a decirle 'no' al intento de la corporación política de controlar la designación, sanción y remoción de los jueces».

Acebedo, en tanto, dijo que si prospera –como se descuenta– el proyecto del gobierno de Néstor Kirchner de reformar el Consejo, «el oficialismo dominará casi totalmente la Justicia, ya que podría nombrar o remover jueces a su entero antojo. Los magistrados sabrían que el gobierno podría garantizarles protección absoluta, o echarlos».

«La composición (del Consejo) buscada por la senadora Kirchner es anticonstitucional, ya que rompería el equilibrio dentro del Consejo, establecido por la Constitución».

Según Acebedo, el proyecto oficial «atenta contra las instituciones de la Nación, la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho».

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) opinó que la reforma «licúa las facultades del Consejo en funciones presupuestarias, administrativas y de control de gestión del Poder Judicial en favor de la Corte Suprema, por lo que no tendrá como efecto una verdadera ruptura del corporativismo judicial existente».

Por otra parte, consideró que la reforma «opta por un modelo de justicia que fortalece al sector político mayoritario en la selección y remoción de magistrados, y no impacta sobre las falencias pre-existentes del Consejo ni redundará por sí misma en una mejora de su funcionamiento».

Para el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, «se ha magnificado en el debate público la importancia del número de miembros y el riesgo de politización, cuando el mayor problema del proyecto es que implica de hecho un refuerzo del rol de la corporación judicial en la definición del servicio de justicia en nuestro país y un empobrecimiento de las condiciones para que se produzca un debate más democrático».

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