La corrupción bajo ataque

Aunque es por lo menos factible que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no haya sido “el más corrupto de la historia”, como tantos dicen, ya que virtualmente todos los gobiernos salientes han sido calificados así, a nadie se le ocurriría considerarlo un dechado de transparencia. Sea como fuere, no sólo se trata de la sensación generalizada de que tanto la presidenta misma y sus familiares, además de ciertos funcionarios, han aprovechado el poder político para enriquecerse, sino también de las consecuencias para la sociedad en su conjunto de su presunta voluntad de subordinar absolutamente todo a sus intereses personales. Por razones evidentes, la conducta de los dirigentes incide mucho en la de los demás. Si los gobernantes carecen de autoridad moral, como a menudo ha sido el caso en nuestro país, sus eventuales esfuerzos por luchar contra la corrupción, ya que no les es dado reivindicarla, serán tomados por manifestaciones de hipocresía y por lo tanto resultarán contraproducentes. Por fortuna, parece entenderlo muy bien el presidente electo Mauricio Macri, de ahí su voluntad declarada de poner su patrimonio personal en un fideicomiso, como suelen hacer los mandatarios norteamericanos, y de actuar con severidad si tiene motivos legítimos para sospechar que un funcionario de su gobierno se ha permitido apropiarse de “un peso que no le pertenece”. Algunos dirán que, por proceder de una familia que, desgraciadamente para él, puesto que no lo ha ayudado en su carrera política, a ojos de muchos simboliza la riqueza, el presidente electo no tendría motivos para querer conseguir más dinero a costillas de los contribuyentes, pero insinuar así que sólo los ya acomodados serían capaces de resistirse a la tentación de enriquecerse ilícitamente es perverso. Tanto aquí como en muchos otros países, abundan funcionarios que ganan muy poco pero que nunca pensarían en suplementar sus ingresos con aportes del sector privado. Aunque no les es fácil permanecer honestos cuando se da por descontado que los jefes máximos del gobierno y sus amigos están acumulando patrimonios envidiables en tiempo récord, muchos siguen aferrándose a valores que otros desprecian. Puede que por fin su hora haya llegado. De cumplir el nuevo gobierno con las promesas de Macri, el que se ha afirmado resuelto a tomar muy en serio el tema de la corrupción, funcionarios honestos no se sentirán obligados a actuar como cómplices pasivos de aquellos que no lo son. Sucede que, cuando la corrupción se hace endémica, los contagiados procuran marginar a los aún sanos para que su parte de la administración pública quede libre de personas que podrían motivarles disgustos. A juzgar por el desempeño deficiente de casi todas las reparticiones estatales en los años últimos, muchas tienen un superávit de personas que, a cambio de su “militancia” a favor del oficialismo de turno, creen tener el derecho de privilegiar sus propios intereses. No es sólo una cuestión de ética. También lo es del despilfarro de una parte sustancial de los siempre escasos recursos nacionales. No lo entenderán los convencidos de que a veces es beneficioso hacer menos engorrosos los trámites burocráticos al permitir que funcionarios y empresarios intercambien favores, pero un sector público eficiente tiene forzosamente que ser transparente porque la corrupción es incompatible con el buen gobierno. Lo es porque distorsiona el manejo de los recursos públicos, como sucede cuando miembros de un gobierno se relacionan personalmente con contratistas. A esta altura, será imposible calcular los costos para el país de la llamada “patria contratista” liderada por personajes como Lázaro Báez, puesto que, además del dinero conseguido por medios que, según los opositores que los han denunciado, son claramente ilegales, incluirán los costos supuestos por la negativa de funcionarios venales a alcanzar acuerdos con empresas más competitivas que son reacias a correr el riesgo de violar la ley. Muchas empresas multinacionales han preferido no arriesgarse en la Argentina por entender que no les convendría procurar adaptarse a las tradiciones locales, ya que en tal caso podrían encontrarse en apuros en su país de origen en el que, huelga decirlo, las reglas son radicalmente distintas de las que imperan aquí.