La corrupción consentida

De ser otras las circunstancias, el que, según la prestigiosa revista brasileña “Veja”, el hijo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la exministra de Defensa Nilda Garré, hayan sido cotitulares de varias cuentas bancarias en el exterior tendría un impacto político equiparable con el ocasionado por los casos de corrupción en Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff se ve contra las cuerdas debido a su presunta vinculación con el escándalo de corrupción de la empresa estatal Petrobras. Sin embargo, aunque a esta altura pocos encontrarían inverosímiles tales denuncias, parecería que aquí la ciudadanía se ha acostumbrado tanto a escuchar versiones acerca de la ruta tomada por el “dinero K” que las más recientes serán consideradas meramente anecdóticas. A juzgar por las encuestas de opinión, el 30% o más de la población se resiste a tomar demasiado en serio las acusaciones en contra de la presidenta, su primogénito Máximo y militantes kirchneristas como Garré, la que, según se informa, también tiene, o tuvo, un par de cuentas bancarias en Irán, un país que no suele figurar en la lista de “paraísos fiscales”. No es que los simpatizantes del oficialismo las crean falsas, es que suponen que, por ser todos los políticos igualmente corruptos, indignarse por los negocios de algunos sería injusto. Como es natural, Máximo Kirchner achaca la difusión de supuestos detalles acerca de cuentas en Estados Unidos y las Islas Caimán a una campaña de hostigamiento encabezada por el matutino porteño “Clarín” y el semanario brasileño “Veja”. Lo apoya el gobernador bonaerense Daniel Scioli, que se afirma preocupado “por las acciones difamatorias y calumniantes vertidas en su contra”. Puede que el candidato presidencial oficialista mejor ubicado esté sinceramente convencido de que Máximo es víctima inocente de la maldad virulenta del “monopolio” y sus aliados mediáticos coyunturales, pero lo más probable es que entienda que no le convendría en absoluto correr el riesgo que le supondría romper con Cristina. Sea como fuere, solidarizarse así con el fundador de La Cámpora no lo ayudará a seducir a muchos votantes indecisos. Tarde o temprano la Justicia investigará las denuncias formuladas por “Veja” y otros medios sobre los presuntos vínculos de la familia Kirchner y sus allegados con los gobiernos de Irán y Venezuela, además de las cuentas bancarias que les atribuyen, pero aun cuando resulten basarse en nada más que rumores malintencionados probarlo no serviría para dejar a salvo la reputación de un gobierno que, según sus adversarios, es el más corrupto de la historia nacional. Con todo, parecería que, a pesar de que es tan fuerte la sospecha de que Néstor Kirchner, su viuda, sus hijos, amigos y algunos funcionarios se las han arreglado para enriquecerse por medios claramente ilícitos, buena parte de la oposición teme que una investigación exhaustiva tendría consecuencias políticas tan negativas que sería mejor dejar las cosas como están. Tal actitud puede entenderse, ya que tratar de obligar a los líderes de una corriente política importante a rendir cuentas ante la Justicia por los delitos muy graves que se les han imputado desataría una crisis mayúscula que acarrearía muchos riesgos. Las perspectivas serían distintas si, de resultas del llamativo deterioro de la situación económica del país, el kirchnerismo perdiera el apoyo de los sectores que siguen aprobando la gestión de Cristina, pero para sorpresa de muchos parece que ni la estanflación ni reveses como el supuesto por la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman han sido suficientes para debilitarlo irremediablemente. Así las cosas, los miembros de la clase política nacional tendrán que elegir entre convivir con la corrupción por un lado y, por el otro, procurar combatirla a sabiendas de que los comprometidos con “el proyecto” kirchnerista irían a virtualmente cualquier extremo para frustrar cualquier intento de asegurar que nadie se quede por encima de la ley. Se trata de un dilema comparable con el enfrentado por el gobierno del presidente Raúl Alfonsín cuando tuvo que optar entre respetar la “autoamnistía” de los militares, como quería el candidato peronista Ítalo Luder, y arriesgarse impulsando el enjuiciamiento de los acusados de violar los derechos humanos, como en efecto hizo.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Viernes 3 de abril de 2015