La Corte se despierta

El presidente electo Mauricio Macri tiene buenos motivos para sentirse sumamente molesto por la actitud que acaba de asumir la Corte Suprema que, luego de no haberse pronunciado sobre el asunto durante más de ocho años, lo sorprendió justo cuando se preparaba para dar comienzo a una gestión que será extraordinariamente difícil declarando inconstitucional una ley del 2006 que priva a tres provincias –Córdoba, Santa Fe y San Luis– del 15% de la coparticipación en beneficio de la Anses y, en menor medida, la AFIP. Si bien Macri dice que en su opinión el fallo es “razonable”, lo preocupan tanto la larguísima demora en producirlo como la oportunidad insólita, a pocos días del inicio de la gestión del nuevo gobierno, elegida por Ricardo Lorenzetti y sus colegas para difundir el dictamen. Sería reconfortante atribuir la intervención de la Corte a nada más que la conciencia de que, a diferencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Macri se esforzará por acatar los fallos judiciales de suerte que valdría la pena decirle lo que tendría que hacer pero, por ser tan mala la situación financiera del país, los partidarios de Cambiemos no pueden sino interpretar lo que acaba de suceder en términos netamente políticos. Después de todo, les parecerá indiscutible que los jueces de la Corte Suprema entienden muy bien que el país se encuentra al borde de la bancarrota, pero parecería que tal detalle no los impresionó. Por mucho que el nuevo gobierno quisiera comenzar su labor anunciando salariazos para los empleados públicos y un reparto más equitativo de los fondos de coparticipación, ya que Macri y quienes lo rodean están a favor de arreglos más federalistas que los preferidos por Cristina que, lo mismo que su marido cuando estuvo en el poder, se acostumbró a aprovechar el manejo de “la caja” para disciplinar a los mandatarios provinciales, no le será dado hacerlo porque no hay dinero. En efecto, no bien se difundieron detalles del fallo de la Corte, los funcionarios de la AFIP señalaron que sin la plata aportada a regañadientes por las tres provincias sería imposible pagar los salarios de los aproximadamente 23.000 empleados del organismo. Por mucho que Lorenzetti insista en que “no importan los cambios políticos, porque la función de los jueces es guiarse por la Constitución”, también convendría que tomaran en cuenta la realidad económica. Dadas las circunstancias, manifestarse fiel al principio resumido en la frase “Fiat iustitia et pereat mundus”, es decir, “Hágase justicia y perezca el mundo”, difícilmente podría ser más irresponsable. Que los miembros de lo que queda del máximo tribunal hayan querido recuperar una parte del terreno perdido por “la familia judicial” en el transcurso de los últimos doce años puede entenderse, pero no los ayudará hacerlo asumiendo posturas francamente utópicas. Como a esta altura entenderán los jueces, en la Constitución se ven consagrados muchos derechos económicos y sociales que ningún país del mundo está en condiciones de garantizar plenamente pero que, así y todo, pueden considerarse ideales hacia los cuales es necesario tratar de avanzar. Aunque no es malo que la Corte Suprema procure presionar al gobierno de turno para que trate de respetar tales derechos, como hizo al exigirle al kirchnerista que tomara más en serio los gravísimos problemas relacionados con el catastrófico estado ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, sería mejor que prestara la debida atención a ciertas realidades concretas. Como es de dominio público, desde el vamos el próximo gobierno tendrá que enfrentar una multitud de demandas económicas y sociales sin disponer de los recursos precisos para satisfacerlas. Aun cuando el gobierno saliente no haya optado por obligar a su sucesor a atravesar un campo minado con la esperanza de que no tarde en desmoronarse, nadie ignora que le dejará una “herencia” tan magra que no tendrá más alternativa que reducir drásticamente el gasto público además, claro está, de intentar pactar con los gobernadores provinciales para que le permitan solucionar los problemas planteados por el abuso kirchnerista de los fondos federales sin correr el riesgo de provocar un colapso financiero que, debería ser innecesario decirlo, tendría un impacto demoledor en las ya precarias economías regionales.