La cosecha

río negro

ADRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

El Frente para la Victoria entró en otro conflicto a costa de los intereses generales. El motivo de ocasión es el contrato con Petrobras. El acuerdo tiene marcadas falencias técnicas, comenzando con la deuda tributaria de la petrolera hasta la fragilidad de los estudios y planes de remediación ambiental, pasando por sospechas de sus inversiones propuestas. Más allá de esas razones, el entendimiento está maniatado por la resistencia política y legislativa. El gobierno limitó su reacción a vociferar el aporte que el contrato acarrearía. Pero, frente a la desventaja parlamentaria, la bancada oficial anunció que recibirá las observaciones para analizarlas con sus funcionarios. ¿Sincero intento de revisión o proceso de distracción? Esta hipótesis es más verosímil frente a los últimos hechos, como la inmutable defensa del gobernador. Para él, no hay corrección. Está convencido de que es el mejor contrato posible y, además, duda de que Petrobras acepte la renegociación, pero, en especial, argumenta que el aplazamiento debilitaría los beneficios programados. Para él, habrá una innegable incidencia de la futura ley de hidrocarburos. Y desconfía de otros tiempos, pues los aportes de Petrobras y sus ventajas políticas llegarían tarde si, como se pretende, tienen que alentar el proyecto de continuidad del 2015. Weretilneck no dimitió a la lucha por el acuerdo. Tampoco demandará el respaldo a Miguel Pichetto. Se fugó el diálogo entre ellos. Ese deteriorado canal se redujo a una triangulación, que incluye a Ariel Rivero y a Facundo López. El gobernador califica de “traición” el lugar elegido por el senador, cuya mirada revisionista del contrato transmutó en un descarnado rechazo de su bloque. ¿Habrá intervención nacional? Pichetto no advirtió nada y así se lo repite a los suyos. Por ahora, la Nación no quiere quedar atrapada en esta disputa. Miguel Galuccio valora la intervención de Weretilneck en favor de la reforma de la ley de hidrocarburos. Por eso, directivos de YPF lo llamaron para negar que la petrolera cuestione el contrato, admitiendo que los reparos publicados pudiesen provenir de técnicos suyos. Hay otro componente: la crítica asumida por el camporista Martín Doñate –que incluyó su apartamiento del bloque con Silvia Horne y César Miguel–, porque los músculos de esa agrupación sólo reaccionan con conocimiento nacional. En su fastidio, Weretilneck sinceró que bordeó el mandato de la Constitución para favorecer el nombramiento de Rivero en la Legislatura. Defendía, a fines de abril, ese ascenso por “el corrimiento de las autoridades votadas en febrero”. Descubrió hoy que no hizo ninguna propuesta para que se designara un vicegobernador –como lo requiere el artículo 180 de la Constitución provincial– porque así lo había acordado con Pichetto, previéndose compensado con el aval pichettista a los contratos petroleros. Dos meses después, el mandatario vuelve por aquel descuidado orden constitucional y vaticina su uso, si fuese necesario. “Voy por todo”, transmitió. Es una advertencia, pero hubo sondeos. El vicepresidente Rivero ascendió en el Legislativo en la sesión del 8 de mayo. Fue un trámite ese “corrimiento”. Silencio del FpV. El bloque radical –según expuso Bautista Mendioroz– exigió que Weretilneck cumpla el artículo 180 y proponga al vicegobernador, que ellos votarían. Ana Piccinini defendió el esquema, pero todo concluyó al votarse la moción radical: pedirle al gobernador que ofrezca un legislador para vice. El FpV –en pleno– rechazó esa propuesta. Aquel precedente motiva al oficialismo, que pone a los radicales de su lado en esa votación. “No nos vamos a meter en la interna del FpV, salvo que exista un fallo judicial”, les advirtió Mendioroz. Igual, el gobierno ya explora individualmente a los diputados radicales. Así, lo hace en la colecta de los votos para el proyecto de Petrobras. La mayor faena recayó en los intendentes, sin distinciones. Weretilneck les pidió que militen por el acuerdo sobre los diputados rebeldes. Los resultados –por ahora– son famélicos. La expresión más contundente y numerosa congregó a media docena de los jefes del Valle Medio tras una reunión con el ministro Ricardo Arroyo. No firmaron los mandatarios de Choele Choel y Río Colorado. De los nueve municipios petroleros, cuatro –individualmente– fijaron sus apoyos: Carlos Johnston (Catriel), Sabina Costa (Allen), Liliana Alvarado (Cinco Saltos) y José Cofre (Cordero). Ellos no fueron a Fernández Oro, donde los otros cinco jefes locales lo criticaron. El roquense Martín Soria redobló la arremetida y condiciona cualquier pretendido retorno del pichettismo. Las exigencias llegan a la ficción, como reclamar la actualización de las deudas, lo que duplicaría el monto de 76 millones. La cosecha se trasladó a los radicales. Weretilneck llamó al presidente de esa Liga, Yamil Direne, quien no logró todavía la adhesión buscada porque el comunicado se centró en cambios pretendidos. Pero el oficialismo acentuó la grieta en el radicalismo, juntando a sus intendentes con los diputados más proclives a votarlo. Los miembros de la Liga –especialmente Direne– se quejaron porque son relegados por Mendioroz, ubicado en un tenaz rechazo al acuerdo. Por eso, el jefe del bloque no fue convocado por esos intendentes. En el plan de seducción, Weretilneck comprometió a Direne que aceptaría un mayor reparto de las regalías a los municipios y, en esa línea, el radical Darío Berardi presentó un proyecto que sube esa asignación del 10 al 26,5%. El Estado siempre compensa. Después, Direne y Marcos Pérez fueron al despacho del gobernador por convenios de obras para Valcheta y Maquinchao. En definitiva, el acuerdo requiere una mayoría simple de la Legislatura. Ese cuerpo totaliza 45 miembros. Su aprobación exige 23 votos o menos si se reducen los asistentes. Así, la maniobra oficial está centrada en adhesiones y, también, en ausencias para reducir la mayoría necesaria. Bastarían 20 o 21 adhesiones si se registran seis o cinco ausencias. La lista gubernamental tiene tildados 16 apoyos, entre sus catorce fieles del FpV y los dos del Carlos Auyero. Hurgan otros en la oposición. Confía en sumar al peperreísta Claudio Lueiro (a pesar de que Piccinini, su aliada en el PRO, alertó a la superioridad nacional sobre cuánto costo tendría un voto favorable), como también rodean –vía los intendentes– a los radicales Marta Milesi, Adrián Casadei, Alfredo Pega, Alejandro Betelú y Darío Berardi, pero estos dos últimos ya fueron críticos del texto, tal como está. El acuerdo hoy reposa en Asuntos Económicos. Esa comisión lanzó su pedido de rectificaciones, buscando su renegociación. “No hay apuro”, insiste el mandatario. Oculta su urgencia porque descansa en que la ley restringe los plazos: se deberá tratar –dice– en la próxima sesión luego de la Audiencia. Esa reunión sería en la última semana de julio. Hay un atajo que Rivero evalúa: ingresar el proyecto al temario pero que no se pueda analizar por falta de dictamen. Alude al artículo 97 del Reglamento Interno, que reza que “ningún asunto podrá ser tratado sin despacho” de comisiones, salvo su inclusión sobre tablas que requerirá un imposible dos tercios de los votos. Irrumpirá además el proyecto de las PASO, que el gobierno presentó con su diseño y vaticina nuevas discusiones. “Vamos por la máxima”, instruyó Weretilneck, pero consciente de las concesiones por venir para su aprobación. Será otro debate político, reflejando esa lejanía cada vez mayor entre los que mandan y vastos núcleos sociales.