La nueva convertibilidad

Mientras que gobiernos de otros países, entre ellos Brasil, Japón y los miembros de la Eurozona, están devaluando sus monedas respectivas frente al dólar estadounidense con la esperanza de hacer más “competitiva” la economía, el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner defiende con uñas y dientes el peso por miedo a las consecuencias inflacionarias de permitir que el mercado determine su valor. El resultado es que se aferra a lo peor de la convertibilidad, la extrema rigidez monetaria que para muchos es su característica principal, sin poder disfrutar de las ventajas del esquema que se empleó en los años noventa y que, según casi todos los políticos, encabezados por los kirchneristas, fue irremediablemente desprestigiado por su final catastrófico. Con todo, aunque pocos creen que al país le aguarde una crisis tan traumática como la que estalló cuando, por motivos no sólo económicos sino también políticos, el peso se liberó del dólar en diciembre del 2001, virtualmente nadie supone que le será dado salir ileso de la trampa en la que se ha metido. Por lo contrario, hay un consenso en el sentido de que, cuanto más el gobierno se resista a tomar la decisión de devaluar, más violento será el impacto del sinceramiento que tarde o temprano sobrevendrá. La situación en que la economía argentina se encuentra sería menos preocupante si el gobierno brasileño quisiera que el real fuera una moneda fuerte, pero sucede que el equipo que acompaña a la presidenta Dilma Rousseff prefiere que sea “competitivo”, razón por la que en los meses últimos lo ha dejado depreciar casi el 40% contra nuestra divisa que, a contracorriente de lo que está ocurriendo en los demás países subdesarrollados y a pesar de una tasa de inflación muy alta, del 2% mensual, no se ha separado del dólar. Dilma puede darse tal lujo porque en su país la tasa de inflación, que se ha acelerado para aproximarse al 7,7% anual, aún le parece manejable. De todos modos, de resultas de la divergencia abrupta que se ha producido, la balanza comercial bilateral ya no nos favorece como antes. De más está decir que el sector más perjudicado por el atraso cambiario ha sido el automotor, que está de rodillas, pero también se han visto afectados otros ramos industriales que, además de no poder exportar mucho al socio mayor del Mercosur, temen ser víctimas de una “invasión” brasileña. Huelga decir que es nula la posibilidad de que los gobiernos de los dos países se las arreglen para coordinar sus políticas monetarias; en este ámbito tan importante como en tantos otros, el Mercosur no se parece en absoluto a la Eurozona. Lo mismo que en vísperas de la puesta en marcha de la convertibilidad, el gobierno se ve constreñido a elegir entre resignarse a convivir con una tasa de inflación elevadísima por un lado y, por el otro, intentar frenarla a sabiendas de que las medidas necesarias serán políticamente costosas. Sin embargo, mientras que en aquel entonces ningún funcionario procuraba convencer a la ciudadanía de que la tasa de inflación era inferior a la registrada por las consultoras privadas y, una vez introducida la convertibilidad, el ministro responsable, Domingo Cavallo, explicó en detalle lo que tenía en mente, el gobierno kirchnerista ha optado por obrar de manera llamativamente menos explícita que el del presidente Carlos Menem. Aunque se ha achicado la brecha entre las estadísticas difundidas por el Indec y las confeccionadas por las consultoras, dista de haberse eliminado por completo y, claro está, al ministro de Economía, Axel Kicillof, y al presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, no se les ocurriría procurar reivindicar la política monetaria vigente desde octubre pasado con argumentos parecidos a los esgrimidos en su momento por Cavallo. El objetivo de ambos es llegar a diciembre con un atraso cambiario comparable con aquel de las semanas finales del uno a uno y una tasa de inflación que no exceda la actual, para que el gobierno siguiente se encargue de las distorsiones así ocasionadas. Parecería que lo lograrán, aunque sólo fuera porque la oposición política y los sindicatos no están dispuestos a arriesgarse provocando una crisis socioeconómica devastadora que, si bien serviría para confirmar el fracaso del experimento populista más reciente, podría ser aprovechado por los kirchneristas que la atribuirían a sus enemigos locales y foráneos.

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