La plata se va

La Argentina es un país generoso. Ayuda al resto del mundo enviándole cantidades crecientes de dinero. Según se informa, el año pasado salieron 11,4 mil millones de dólares y en éste los seguirán otros 17 mil millones. Puede que las cifras sean exageradas y que por lo menos algunos dólares hayan quedado en el país debajo del proverbial colchón, pero así y todo parecería que el grueso va al exterior para depositarse en cuentas bancarias o invertirse en propiedades en lugares como Miami. Si bien muchos atribuyen la sangría actual a las dudas en torno al futuro político y por lo tanto económico de un país que parece estar preparándose para “la profundización del modelo”, no se trata de un fenómeno novedoso. Por desgracia, la Argentina ha sido casi siempre una gran exportadora de capitales porque quienes están en condiciones de moverlos confían más en las posibilidades brindadas por Estados Unidos o Europa que en las ofrecidas por su propio país, razón por la que se estima que en el exterior hay fondos –se habla de aproximadamente 200 mil millones de dólares– que, de repatriarse e invertirse, permitirían que por fin se materializara el crónicamente demorado despegue económico. Sea como fuere, aunque hoy en día las perspectivas financieras frente a los integrantes fuertemente endeudados del mundo desarrollado distan de ser brillantes, la mayoría parece convencida de que las nuestras son decididamente peores. Los responsables formales de la política económica del gobierno kirchnerista parecen entender muy bien que sería contraproducente tratar de frenar la fuga con más controles que sólo servirían para difundir la sensación de que se trata de una crisis grave, brindando a los desconfiados motivos adicionales para intentar poner su dinero fuera del alcance de las autoridades, pero es evidente que sus esfuerzos por tranquilizarlos no han prosperado. Muchos temen que el avance de los halcones populistas de “La Cámpora” presagie el endurecimiento de las medidas destinadas a desaconsejar a los tentados a cambiar sus pesos en dólares u otra moneda presuntamente fuerte para entonces trasladarlos a otro país que a su entender sería más seguro. Mientras que en términos económicos los controles policiales que aplican gobiernos como el actual suelen resultar negativos, pueden brindar algunas ventajas políticas a populistas deseosos de brindar la impresión de estar luchando contra “la patria financiera”, una entelequia que, según su forma de ver las cosas, estaría procurando desestabilizar al gobierno popular organizando un “golpe de mercado”. Puede que a la larga, resistirse al “mercado” sea inútil, pero para los habituados a dar prioridad a sus propios intereses políticos tales detalles son secundarios. Un motivo de preocupación entre los tenedores de fondos suficientes como para pensar en la conveniencia de sacarlos del país consiste en los problemas planteados por el tipo de cambio que ha hecho de la Argentina un país llamativamente caro según las pautas internacionales. El ministro de Economía, Amado Boudou, insiste en que el dólar quedará planchado hasta las elecciones de octubre, pero así y todo ha reaparecido el “dólar paralelo” que se cotiza a 4,41 cuando la tasa de cambio oficial se aproxima a 4,12. Por ahora, las vicisitudes del dólar “blue” no interesan a muchos –por cierto, los negocios en tal sentido no pueden compararse con los que fueron habituales en distintos períodos del pasado en que muchísimas personas siguieron con pasión las alternativas del mercado cambiario negro– pero ello no obstante es un síntoma inquietante. La situación sería otra si el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner adoptara una actitud más pragmática hacia la evolución de la economía, absteniéndose de subrayar su voluntad de defender “el modelo” cueste lo que costare, pero puesto que parece considerar irrenunciable su compromiso con los esquemas vigentes pocos creen que lo haga. Antes bien, se prevé que, en cuanto Cristina haya formalizado su intención de continuar en el poder hasta por lo menos diciembre del 2015, se proclame resuelta a profundizar o radicalizar lo que llama “el modelo” a pesar de que a juicio de economistas desvinculados del gobierno ya se ha agotado y, de mantenerse por mucho tiempo más, terminaría asfixiando a las partes más vulnerables del sector privado.