La provincia deberá hacer mejoras en el penal de Bariloche

La jueza de Ejecución penal de Bariloche, Sandra Ragusa, rechazó parcialmente el hábeas corpus que los defensores oficiales de esta ciudad habían presentado el 16 de julio pasado a favor de los internos del penal local.

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Ragusa desestimó el reclamo contra las medidas sanitarias que se implementaron en la cárcel de Bariloche para evitar los casos de COVID-19, causado por el nuevo coronavirus, en base a lo ordenado por los Gobiernos nacional, provincial y municipal y las resoluciones del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, entre otros organismos.

En cambio, la jueza admitió el planteo de los defensores oficiales en relación “a la falta de calefacción y de agua caliente” en algunas celdas, de cerramiento apropiado para no dejar pasar el frío y de una instalación eléctrica idónea, que cumpla con las medidas de seguridad.

Ragusa dictó el 31 de agosto el fallo, pero recién trascendió ahora de fuentes del Ministerio Público de la Defensa, que afirmaron que solo el agua caliente se solucionó.

La magistrada recordó en la sentencia todas las idas y vueltas que tuvo el expediente del hábeas corpus colectivo que los defensores oficiales Marcos Miguel, Blanca Alderete, Nelson Vigueras y Marcos Cicciarelo habían promovido a mediados de julio pasado, para denunciar el agravamiento de las condiciones de detención de los internos alojados en algunas celdas de la unidad penitenciaria.

La demanda generó fuertes cruces entre la jueza y los defensores, que reclamaron varias veces la dilación de la resolución del hábeas corpus. La magistrada replicó esos cuestionamientos con planteos severos hacia los defensores. En el medio hubo hasta reclamos de algunos internos que originaron situaciones de tensión en la cárcel local.

En el hábeas corpus intervino, primero, el juez Sergio Pichetto, que por esos días subrogaba el juzgado de Ejecución Penal. Los defensores oficiales hicieron inspecciones en el penal, junto con el presidente del Comité Municipal Contra la Tortura, Ezequiel Palavecino, que constataron varias de las denuncias. También, el fiscal de Ejecución Penal, Guillermo Lista y la secretaria del juzgado.

Hubo a finales de julio último una audiencia a la que comparecieron el director del penal y el titular del Servicio Penitenciario de Río Negro, Hugo Cecchini, que informó que entre 2014 y 2017 “se refuncionalizó por completo el penal con una inversión millonaria”. También, afirmó que la instalación eléctrica “es destruida sistemáticamente por el vandalismo de los internos”.

En el medio, Ragusa estuvo con días de licencia porque contrajo la COVID-19.

El 31 de agosto, la jueza dictó el fallo en que rechazó el reclamo contra las medidas sanitarias implementadas en el penal. “Esas medidas no se toman de manera arbitraria, ilegal o por capricho, sino en mérito de normativa vigente y para la protección de la salud de los internos, sus familias, el personal y sus familias, y, en definitiva toda la localidad”, afirmó.

Respecto a los problemas edilicios, Ragusa advirtió que se encuentran acreditados “y han sido incluso admitidas por las autoridades del Servicio Penitenciario, quienes a instancia de disposiciones del Tribunal ya han iniciado medidas de solución, como se ha certificado el 28 de agosto”.

Y concluyó que esa situación “constituye a todas luces un agravamiento de las condiciones de detención”. “Nada tienen que ver con la realidad sanitaria imperante y mucho menos resulta derivada de la aplicación de los protocolos”, advirtió Ragusa.

Aclaró que en relación a la denuncia por presencia de heces de ratas en los alimentos, “que tanta angustia generó entre los familiares, el hecho no ha resultado acreditado”. Y dispuso el seguimiento y control de las obras requeridas.