Tensión en la Justicia por el estado del penal de Bariloche

Los defensores oficiales de esta ciudad y la jueza de Ejecución Penal de Bariloche, Sandra Ragusa, protagonizan un fuerte enfrentamiento por un hábeas corpus a favor de los internos alojados en el penal local.

Los defensores Marcos Cicciarelo, Blanca Alderete, Nelson Vigueras y Marcos Miguel reclamaron a la jueza que resuelva el recurso que presentaron el 16 de julio pasado, en el que pidieron el cese de las condiciones que agravan la detención de las personas alojadas en los pabellones.

Ante los reiterados planteos de los defensores, la jueza reaccionó el 18 de agosto pasado cuando les informó por escrito todas las acciones que había hecho.

Los defensores volvieron a la carga y en otra presentación le recordaron a la jueza que la ley de hábeas corpus establece plazos breves para resolver las demandas.

Recordaron que el 16 de julio pasado presentaron “el hábeas corpus por situaciones que implicarían un agravamiento ilegal de las condiciones de detención”.

Dijeron que el 24 de julio último acompañaron fotos “que acreditaban” las situaciones denunciadas: falta de agua caliente, de calefacción y de cerramiento de las ventanas, presencia de humedad en celdas y de cables pelados por conexiones precarias para resistencias, que usan los internos para calefaccionarse en las celdas, falta de camas y colchones en el piso. Y pidieron que cesen de inmediato.

Mencionaron que el 30 de julio pasado se hizo una audiencia con el director del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) Hugo Cecchini y el director del penal “y usted (por Ragusa) se comprometió a resolver en 10 días que operaron el 9 de agosto pasado”.

Los defensores aseguraron que el 12 de agosto solicitaron que se resuelva la acción interpuesta y que se ordene al director del SPP que haga “cesar inmediatamente” las situaciones descritas “por constituir un ilegítimo agravamiento de las condiciones de detención”, que afecta los derechos fundamentales de las personas alojadas en el penal 3. El 14 de agosto presentaron un pronto despacho al no haber obtenido respuesta.

Ragusa les contestó el 18 de agosto que el pronto despacho se presentó por “vía no idónea”. Dos después, les comunicó que había recibido información con el relevamiento indispensable para la realización de obras en el penal de Bariloche por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Y que había enviado un oficio a ese Ministerio para que se disponga el inicio de las obras necesarias de inmediato.

La jueza sostuvo que la conducta procesal asumida por los defensores “es absolutamente obstaculizante de una solución que en este estado de hecho resulta indispensable teniendo en miras las garantías constitucionales en juego”. Y notificó de la situación al defensor general de la provincia, Ariel Alice, jefe de los defensores de Bariloche y a otros funcionarios del Ejecutivo provincial.

Los defensores le respondieron el jueves con otro escrito. “Exigir el cumplimiento de la ley en favor de derechos constitucionales y convencionales de nuestros defendido no constituye una amenaza, sino que es la consecuencia del cumplimiento responsable de nuestras funciones y de los reiterados incumplimientos y dilaciones que sin éxito venimos denunciando desde hace más de un mes para procurar que usted, como titular del Juzgado de Ejecución de la ciudad, en su carácter de irrenunciables custodios de garantías de la Constitución Nacional subsane la falta de agua caliente, de calefacción, de cerramiento de ventanas, de presencia de insectos y demás cuestiones que padecen nuestros defendidos que fueron acreditadas en este proceso y que no han sido resueltas”.