La pueblada de Monte Hermoso

Crímenes como el que en Monte Hermoso puso fin a la vida de la joven Catherine Moscoso suceden en todos los países del mundo. En algunos, los familiares y vecinos de la víctima permiten que la policía se encargue de encontrar el asesino porque entienden que es la única alternativa y, de todos modos, confían en la Justicia local. En otros, entre ellos la Argentina, es tan fuerte la tendencia a sospechar que policías y jueces tienen sus propias prioridades, que no son las de la mayoría, que esporádicamente se producen episodios en que turbas enfurecidas procuran hacer justicia por mano propia, matando con brutalidad a quienes suponen culpables de delitos o, si no logran identificarlos, a sus presuntos cómplices. Es lo que sucedió en Monte Hermoso, donde fue asesinado a golpes el abuelo de un sospechoso del crimen de Catherine, la chica de 18 años que, según se informa, fue enterrada viva en el médano en que, una semana después de su desaparición, fue encontrado su cadáver. Como ya es habitual, los dos asesinatos se politizaron enseguida. Para el precandidato presidencial Sergio Massa que, nos aseguró, no aprueba “el método” elegido por los justicieros, “la gente está harta de la inseguridad y la inoperancia de la policía, harta de los políticos que no asumen su responsabilidad”, dando a entender así que a su juicio todo se debería a la ineficiencia que atribuye al gobierno provincial de Daniel Scioli. Puesto que comparten la opinión de Massa algunos legisladores radicales y miembros del Pro, un líder kirchnerista se preguntó si no habrían sido “instigadores y protagonistas de los desmanes”. Así, pues, en vez de hacer un esfuerzo auténtico por analizar lo que está ocurriendo en el país, ya que lo de Monte Hermoso dista de ser un incidente aislado, políticos de todas las agrupaciones se pusieron a aprovechar el estallido de barbarie con el propósito de llevar agua a su propio molino. No es ningún secreto que el egocentrismo colectivo es una de las características más notables de nuestra clase política, pero a sus representantes más conspicuos les convendría tratar de disimularlo no sólo porque su voluntad de sacar provecho de crímenes aberrantes los desprestigia sino también porque contribuye a intensificar la sensación, ya difundida, de que en muchas zonas del país la gente se ha visto abandonada a su suerte por quienes deberían defenderla contra el salvajismo delictivo. Reformar la policía para que merezca la confianza de la ciudadanía sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia. Si bien a esta altura es anacrónico achacar todas sus muchas deficiencias al régimen militar que se fue hace más de treinta años, algunos políticos siguen echándole a la dictadura la culpa porque de lo contrario les sería necesario reconocer que las medidas ensayadas a partir de entonces por gobiernos de su propio partido no han brindado los resultados previstos. Parecería que han fracasado virtualmente todos los intentos de modificar la cultura policial para que las distintas unidades se reconcilien con amplios sectores de la población, lo que, en vista de los riesgos que corren los uniformados, no es demasiado sorprendente. Para funcionar con mayor eficiencia, los policías necesitarían contar con la colaboración de los demás, pero muchos políticos están más interesados en criticarlos que en impulsar aquellos cambios que, andando el tiempo, podrían servir para mejorar su desempeño. Pero no sólo es cuestión de la supuesta pasividad policial ante crímenes como el de Monte Hermoso, la presunta afición de algunos al “gatillo fácil” o la corrupción que se ha visto agravada últimamente por la presencia de bandas de narcotraficantes. También ha incidido en el estado de ánimo popular la conducta difícilmente explicable de jueces como los que, hace pocos días, decidieron liberar a un condenado por violar a un niño de seis años porque, según ellos, ya había sido abusado por su progenitor y, para colmo, tenía actitudes homosexuales. De tal manera, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires informó tanto a los bonaerenses como a los demás habitantes del país que le importaban menos los derechos de víctimas de crímenes sexuales que los de los violadores, enviando así a la sociedad un mensaje que, en el clima actual, difícilmente pudo haber sido más perverso y provocativo.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Miércoles 27 de mayo de 2015