La tentación reeleccionista



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ALEARDO F. LARÍA (*) aleardolaria@rionegro.com.ar

Simón Bolívar lo dejó escrito en su discurso del 15 de febrero de 1819 en Angostura: “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder: el pueblo se acostumbra a obedecerlo y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía”. Desde que formulara aquella advertencia, los intentos reeleccionistas se han sucedido sin pausa en América Latina. El más reciente es el de Rafael Correa, presidente de Ecuador desde enero del 2007, quien en un reciente informe ante la Asamblea Nacional hizo oficial su intención de permitir la reelección indefinida en “todos los cargos electivos”, un modo de referirse a su objetivo de permanecer indefinidamente en el poder. Con la reforma constitucional del 2008, Correa consiguió que se autorizara la reelección por un único lapso, pero sin tomar en cuenta que contara su primer período presidencial que debía concluir el 15 de enero del 2011. La nueva Constitución dispuso adelantar los comicios y de este modo su segundo mandato se inició el 10 de agosto del 2009. Al ser reelecto en el 2013, el presente es su tercer mandato. Ahora aspira a reformar nuevamente la Constitución para que se habilite la posibilidad de su reelección indefinida. Quebranta así el compromiso contraído en el discurso inaugural de su tercera presidencia, el 24 de mayo del 2013, cuando prometió dejar el poder en el 2017 tras terminar su actual período de cuatro años. Bolivia atraviesa por una situación similar, siguiendo el guión que puso en vigencia el extinto Hugo Chávez. En febrero del 2009 se promulgó la “Constitución del Estado Plurinacional Boliviano” que autorizaba la reelección inmediata por un segundo período únicamente. Una disposición transitoria estableció expresamente que el período presidencial en curso debería ser tomado en cuenta, de modo que Evo Morales podía ser reelecto por única vez y así es como fue reelegido en diciembre del 2009. Sin embargo, en el 2013, el mandatario boliviano se postuló a un tercer mandato y obtuvo una habilitación del Tribunal Constitucional con el curioso argumento que en la primera ocasión había sido presidente de otro Estado, que nada tenía que ver con el nuevo “Plurinacional Boliviano”. En Nicaragua, la Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega, aprobó en el 2010 una reforma constitucional que permite la reelección indefinida del presidente. En cambio en Guatemala y Honduras está prohibida la reelección. En El Salvador debe pasar un período para poder volver a ser candidato, mientras que en Costa Rica y en Panamá deben dejar transcurrir dos períodos. Sin embargo, en Costa Rica una resolución de la Sala Constitucional del Poder Judicial del 2003 habilitó la reelección de Oscar Arias con el argumento más usual en estos casos: que la Constitución “no puede reducir, amputar, eliminar ni limitar derechos y garantías fundamentales, ni derechos políticos de los ciudadanos, ni los aspectos esenciales de la organización política del país”. Otros intentos de sortear los obstáculos constitucionales para obtener alguna forma de permanencia en el poder se han producido mediante la práctica de la sucesión conyugal. El matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fueron pioneros en esta maniobra frustrada por la prematura muerte del expresidente. En Honduras, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, lo intentó sin éxito. Otro tanto aconteció con Sandra Torres en Guatemala. Se presume que Nadine Heredia intentaría suceder a Ollanta Humala como presidenta del Perú y debe recordarse que la actual vicepresidenta de la República Dominicana es Margarita Cedeño, esposa del expresidente Leonel Fernández. Como una excepción de toda esta saga y luego de haber obtenido su reelección, el presidente Juan Manuel Santos, de Colombia, ha anunciado su propósito de modificar la ley para eliminar la posibilidad de reelección presidencial. La idea que defiende consiste en extender el actual período presidencial de cuatro años a cinco o seis años, pero recién con el próximo mandatario. Prohibir la posibilidad de la reelección de los cargos ejecutivos es una excelente idea. Todos los ocupantes del poder utilizan enormes recursos del Estado para promover sus candidaturas, de modo que cuentan con enormes ventajas electorales sobre sus rivales. Por otra parte la permanencia en el poder favorece el fenómeno de la corrupción, dado que aleja en el tiempo la posibilidad de ser investigados por los nuevos ocupantes del Ejecutivo. Asignar la condición de irreemplazables a ciertos líderes es la confesión de un fracaso: la incapacidad para formar equipos de gestión. La complejidad de las sociedades modernas requiere un nuevo modo de gobernar, más horizontal, descentralizado, dialógico, único de alcanzar con algún grado de éxito la resolución de los problemas que entrañan los asuntos públicos. El Estado debe ser colocado en un pie de igualdad con la sociedad civil y las pautas de gestión empresarial que rigen en un espacio no pueden ser eludidas en el otro. La continuidad en el poder, en el contexto de democracias institucionalmente débiles, con sistemas presidencialistas reforzados, nos aleja de la concepción de una democracia moderna. Nos instala en una visión verticalista en el ejercicio de la autoridad política. Las dinastías presidenciales –al igual que las provinciales– son una rémora en el propósito de alcanzar una mayor calidad institucional.


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