Las leyes están para cumplirse

BAUTISTA MENDIOROZ (*)

He planteado, ante la situación de pérdida de competitividad y rentabilidad del sistema frutícola, así como en cuanto a sus problemáticas estructurales, la necesidad de que el Estado nacional se ocupe de la cuestión relacionada con el tipo de cambio (hoy sobrevaluado y desfavorable para el negocio), tal vez con uno diferencial y/o con menores retenciones; he sostenido en cada asamblea de productores y ante cada auditorio la necesidad impostergable de que pongamos en marcha el PFI (Plan Frutícola Integral) como herramienta de corto, mediano y largo plazos; he defendido la distribución equitativa de la renta frutícola entre todos los intervinientes de la cadena; he comunicado al gobierno provincial y nacional sobre la necesidad de una ley de comercialización frutícola o del negocio frutícola o como quiera denominársela; he defendido a rajatabla la presencia de un Estado promotor del cambio y regulador de la actividad del libre mercado, entre otras muchas posiciones que, reitero, ya he hecho públicas. Asimismo he impulsado la amplia participación de todos los sectores públicos y privados involucrados en el negocio de la fruta, a efectos de evaluar permanentemente sus diversas variables. Parafraseando a un autor y con cierto sentido del humor diría que “la fruticultura es demasiado importante como para dejarla en manos sólo de especialistas en ella”. Hoy, y a través del presente, quiero decir que hay algo irrenunciable para mí y que forma parte de mi filosofía sobre el papel del Estado: la transparencia. Pero, ¿qué es la transparencia en definitiva? Es cuando la economía y la política se dan la mano. Cuando se comprende que, por sí solos, ni el mercado ni el Estado pueden solucionar separadamente la falta de rentabilidad y competitividad del sector. ¿Y qué consecuencias trae aparejada la transparencia para la fruticultura? Ni más ni menos que el productor tenga cierta certeza de los costos y del precio que podrá obtener para que producir resulte rentable. Es decir tener un precio de referencia que cubra los costos de producción y un contrato que formalice el negocio. Llámense precios mínimos, precios de referencia, precios indicativos, etc., lo cierto es que la provincia avanzó muy decididamente en dicho tópico cuando sancionó las leyes Nº 3611, de Transparencia y Mediación y la Nº 3993, de Contractualización. Ambas normas hermanas fueron un mojón en la producción frutícola ya que posibilitaron que, como en todo negocio, se propendiera a una más justa distribución de la riqueza y que exista un contrato cierto al que los productores pudiesen echar mano a la hora de reclamar por un precio justo cuando entregaran su mercancía. Se sabe, la fruticultura es un negocio de características asimétricas en cuanto al poder de los distintos integrantes del sector. No es lo mismo ser un trabajador rural o un productor, que un empacador, exportador o una juguera. Dichas normas prevén la constitución de sendas mesas con la participación de todos los sectores públicos y privados atinentes al negocio frutícola y, va de suyo, con la participación de los bloques del Parlamento rionegrino. Normas que, como se sabe, están hoy vigentes. No planteo ni mucho menos que esas leyes provinciales son infalibles, pero la conclusión es muy simple: están vigentes y deben ser cumplimentadas. Si no, se derogan o se modifican. Pero para eso sirven las instituciones, para que tengamos reglas de juego estables, ciertas, duraderas y eficaces. La letra muerta es peor que la que no existe. El ámbito de las comisiones creadas por sendas normas es garantía absoluta de una democracia porque no sólo permite la evaluación de propuestas, sino que además brinda el espacio adecuado para su análisis y para el mejoramiento de lo ya existente. No hay actividad social compleja que no requiera de lugares de participación intersectorial, sobre todo en tiempos de crisis. Las leyes de Transparencia y Contractualización proveen esos espacios. La fruticultura no saldrá adelante de la mano de “golpes” de subsidio o parches coyunturales; se necesitan respuestas estructurales y de lenta maduración, pero con “frutos” fuertes y visibles. Vivimos tiempos de crisis, que han hecho estallar los mecanismos ortodoxos de salida de la misma. Tenemos un nuevo espíritu de época y el mismo amerita estar a la altura de las circunstancias. Las leyes de Transparencia y el rol de un Estado interventor e inteligente, junto con un sector privado innovador y dinámico, son las herramientas mínimas indispensables para salir del atolladero. Por eso planteo al gobierno una vez más que ponga en vigencia las leyes provinciales 3611 y 3993 y la constitución de las mesas frutícolas. (*) Presidente del bloque de legisladores de la Alianza Concertación para el Desarrollo