Lesa humanidad: defensoras piden absolver a 9 acusados por desaparecidos en la región

Las defensoras de los acusados plantearon que hubo incongruencias en los alegados y apuntaron a la fiscalía y a los jueces. Insistieron con la prescripción de los delitos cometidos en 1976, aseguraron que las imputaciones por homicidio de los 8 desaparecidos eran “vagas e imprecisas”.

El equipo de defensoras que asisten a 9 de los 15 acusados por delitos de lesa humanidad en la región, plantearon un duro alegato en el que responsabilizaron a la fiscalía y a los jueces por “falta de pruebas” e incongruencias procesales en la acusación de los militares de inteligencia, policías federales y rionegrinos que llegaron a juicio.

Celia Delgado y Gabriela Labat pidieron la absolución de todos sus representados.

“No se puede juzgar prescindiendo de la certeza” de los crímenes cometidos, dijo Delgado, ni cambiar las “reglas del litigio” para lograr una condena.

Apuntó al fiscal José Nebbia y al querellante Bruno Vadalá (APDH) por las críticas vertidas contra el equipo de defensa durante sus alegatos.

Les endilgó una mirada de “doble vara” que descalificó a los testigos presentados por las defensa hasta llegar a la imputación tras (como el caso del mecánico militar que será indagado la semana que viene), mientras que las testigos presentadas por la acusación, fueron ponderadas como expertas.

En la introducción del alegato Delgado se quejó por el calificativo de negacionistas que les fue atribuido. Junto con Labat sostuvieron que la continua alusión al pacto de silencio de los militares que integraban los grupos de tarea de la dictadura, era un una “ficción” que buscaba tapar las deficiencias de la fiscalía para acusar en este juicio, los errores procesales durante la instrucción y las pruebas deficitarias con las que se engrosó la responsabilidad de sus defendidos.

Delgado pidió la nulidad de todas las actuaciones en este juicio y la “inmediata excarcelación” del ex subcomisario federal Jorge Soza porque cuando se lo trajo de España nunca se lo acusó por las 20 víctimas de este proceso cuando lo extraditaron por otras 19 denuncias por las que luego fue condenado en otros juicios. “Este tribunal no tiene jurisdicción” para condenar a Soza, sostuvo.

Agregó que si no consideran su actuación nula, se tenga en cuenta la “incongruencia” de que se lo responsabiliza por las torturas sufridas por 2 víctimas por las que no estaba acusado antes de la elevación a juicio.

“Cuando dicen que no entienden la acusación, es porque la acusación es tan amplia como contradictoria”; insistió Delgado.

Rechazaron la imputación de abuso sexual, aseguraron que había defectos y errores técnicos que impedían la garantía de defensa y sostuvieron que no se acreditó como delito de lesa humanidad.

“Si se vulnera la congruencia, es un hecho inexistente, no puede ser acusado” Oscar Reinhold, dijo, como coautor y partícipe necesario de los ultrajes padecidos por las tres sobrevivientes del centro clandestino de Bahia.

Agregó que sólo Dora Seguel reclamó que se investigue su caso. Dijo que existía la descripción de los ataques sexuales padecidos por las otras mujeres pero “las testimoniales no son iguales a las denuncias” y la fiscalía no las promovió antes de este debate.

“Fue un sujeto privado que tomó una decisión personal, no se acreditó la existencia de una orden” ni se cumplió -dijeron las defensoras- el precepto de que los abusos fueran masivos y una práctica de Estado. “Los crímenes sexuales como delitos de lesa humanidad no se aplican a este proceso” en Neuquén, insistieron.


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