Ley 26075 de financiamiento educativo





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La ley de Financiamiento Educativo (LFE) fue sancionada en diciembre del 2005. Se comenzó a aplicar al año siguiente y constituyó una norma fundamental para el fortalecimiento de la educación. Su relevancia radicó en que establecía un aumento progresivo de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del gobierno nacional y de las jurisdicciones provinciales. La ley comprometía a la Nación, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a incrementar progresivamente el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología hasta alcanzar, en el 2010, una participación del 6% en el producto bruto interno (PBI), partiendo del 4,6% alcanzado en el 2005. El esfuerzo adicional para alcanzar los aumentos progresivos en el gasto educativo y así llegar a la meta, según lo establecía la ley, sería compartido en un 60% por las provincias y un 40% por la Nación. El gasto consolidado se determinaba en función de las previsiones de PBI estimadas en los presupuestos de la administración nacional. Los recursos necesarios para hacer frente a los continuos aumentos de gasto en el área de educación se obtendrían de los incrementos en los fondos coparticipables. Para asegurar el financiamiento automático de la parte que les correspondía a las provincias, el gobierno nacional les retenía el porcentaje de la coparticipación destinado a la función de educación. El artículo 7 fijaba un plazo de cinco años para dicha afectación de recursos (2006/2010), de modo que a partir del 31 de diciembre de 2010 (una vez alcanzada la meta del 6%), las provincias recuperarían la libre disponibilidad de dichos recursos, lo cual efectivamente se llevó a cabo durante el 2011. La norma privilegió ciertos aspectos tales como el incremento de la inversión en educación como porcentaje del PBI y la intervención del gobierno nacional en los salarios docentes. Consecuentemente, las metas de inversión educativa no sólo fueron alcanzadas en los primeros años de implementación sino sobrecumplidas, al lograrse un valor histórico de inversión en el sector. (Ver infografía en la página 2). En lo que se refiere a las metas de índole cualitativa, como la calidad del sistema educativo, no se puede afirmar que se haya tenido el mismo grado de éxito. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, en un documento sobre la evaluación de la LFE publicado en el 2010, señala la “poca claridad de la ley en los objetivos educativos y la ausencia de mecanismos estructurales de compensación de desigualdades”, lo que ha impedido avanzar de manera significativa en otras dimensiones fundamentales de la educación. Es así como aún no se ha podido alcanzar la meta del 30% de alumnos de educación básica con acceso a escuelas de jornada extendida o completa. Este ejemplo muestra que no se debe tener como premisa que cuanto más dinero se destine al sector mayores serán las probabilidades de que se alcancen los objetivos educativos, que no dependen de una mera transferencia desde el Estado nacional o provincial.


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