Lo derogarán cuando todos hayan pagado

BUENOS AIRES – El vicepresidente electo, Carlos «Chacho» Alvarez, dijo ayer que el controvertido impuesto para el Fondo Docente «se va a derogar una vez que todos lo hayan pagado, incluso los trasportistas».

Para cubrir ese bache, el presidente electo Fernando de la Rúa y el designado ministro de Educación, Juan José Llach, intentarían buscar fuentes alternativas para el financiamiento del Fondo de Incentivo Docente, luego de los inconvenientes surgidos para el cobro del impuesto a los automotores, embarcaciones y aeronaves.

De cualquier forma, el futuro gobierno se enfrenta a un dilema: si insta a pagar a los trasportistas, recrea el riesgo del desabastecimiento, pero si no lo hace, se daría lugar a una desigualdad entre los contribuyentes, además de dejar a los docentes sin el prometido incremento salarial.

Más allá de esta situación, el impuesto pasaría a la historia por una curiosa particularidad: la discusión por su creación (más de un año) fue más extensa que su vigencia efectiva.

Aún en discusión

Por su parte, Llach fue menos tajante que Alvarez.

«Comprendo la ansiedad de los docentes en pedirle respuestas a este gobierno al que le faltan diez días para terminar su mandato», dijo.

Pero agregó: «si se elimina o no el Fondo (de incentivo docente) es algo que aún está en estudio por el gobierno electo. En esto estamos trabajando, pero hay que tener en cuenta que hay una ley del Congreso aprobada», dijo tras reunirse con el ministro saliente Manuel García Solá.

La decisión de eliminar el impuesto implica buscar formas alternativas para obtener los 700 millones de pesos anuales que se pretendía recaudar este año, mientras la futura administración procura encontrar la forma de alcanzar para el 2000 un déficit de 4.500 millones.

Llach sostuvo recientemente que en el presupuesto educativo se malgastan unos 1.200 millones de pesos anuales en cargos y actividades burocráticas.

El impuesto comenzó a cobrarse en junio de este año pero pocas semanas después, el Parlamento debió sancionar una prórroga de su vencimiento a raíz de una medida de fuerza de trasportistas de carga, que amenazó con dejar a todo el país al borde del desabastecimiento de alimentos y medicamentos.

Tras reunirse durante más de dos horas con García Solá, con quien intercambió información relacionada con la transición en ese área, Llach, acompañado de su futuro viceministro, Andrés Delich, y de Roberto Cortés Conde, su próximo jefe de asesores, precisó algunos aspectos de su política.

Dijo que apuntará a «avanzar en la calidad educativa de todos los niveles» y con «preferencia hacia quienes tienen menores recursos», además que se dará prioridad a la «jerarquización de la profesión docente», teniendo en cuenta su ideario de que los maestros no deben ser sólo retribuidos mejor en base a la antigüedad, sino también incentivados por su capacitación y su desempeño. Acerca de la gravitante secretaría de Políticas Universitarias, aclaró que aún no se eligió a quien la conducirá, ya que ése es el único nivel educativo que quedó bajo la órbita del Ministerio.

Los rumores dan cuenta de 'internas' que estarían trabando la designación, para la cual siguen sonando como firmes los nombres del rector de la Universidad Nacional de Salta, Juan Carlos Gottifredi, y del ex rector de la Universidad del Centro (Tandil) Juan Carlos Pugliese. (DyN e Infosic)

Desmienten recortes

BUENOS AIRES (DyN) – El designado ministro de Educación, Juan José Llach, desechó ayer rotundamente versiones acerca de un posible recorte de 300 millones de pesos en las universidades públicas por parte de la próxima administración y aseguró que esa especie «no tiene fundamento», ya que «nunca nadie, en ninguna instancia, del gobierno electo ha considerado semejante cosa».

«Estoy sorprendido, no sé de donde salió semejante versión; nadie en ninguna instancia del gobierno democráticamente electo ha considerado semejante cosa», aseveró Llach en relación a la versión de un posible recorte de fondos a las universidades nacionales.

Cáritas quiere participar desde el inicio

BUENOS AIRES (DyN) – La designada ministra de Acción Social, Graciela Fernández Meijide, consideró ayer «deleznable y miserable» que «algunos se enriquezcan a costillas de aquellos que más necesitan», y coincidió con el flamante titular de Cáritas, monseñor Jorge Casaretto (obispo de San Isidro), en la necesidad de hacer «eficaces y transparentes» los planes asistenciales en el futuro.

Tras visitar al responsable de la entidad de la Iglesia en la sede de Balcarce 236, a pasos de la Casa Rosada, la diputada dijo que el obispo le planteó la «necesidad o deseo de participar, de alguna forma, en la construcción de programas desde sus orígenes». Monseñor Casaretto aclaró sin embargo que «Cáritas siempre trabajó con mucha autonomía de cualquier poder. Los gobiernos pasan y Cáritas tiene que seguir. Siempre queremos colaborar en todo lo que haga al bien común pero desde Cáritas, desde nuestra propia autonomía».

Mientras Fernández Meijide indicó que la idea es «articular una buena relación entre este ministerio y las redes sociales, en las cuales Cáritas es tal vez una de las más importantes», el prelado reiteró su posición: «respecto de los programas, nos interesa opinar cuando se estén diseñando, no sólo que nos llamen para ejecutarlos».

Si bien fue respetada, la idea no contó con el compromiso de la funcionaria, quien señaló que los reparos de la Iglesia se orientaban básicamente a «no verse obligada a ejecutar programas en las parroquias cuando no eran útiles o no podían hacerlo». En idéntico sentido, monseñor Casaretto acotó: «Es necesario estudiar los programas desde el vamos, para saber si éstos son viables y si nosotros podemos colaborar en su puesta en práctica».

Tratarían mañana el presupuesto

BUENOS AIRES (DyN).- El justicialismo estaría dispuesto a dar quórum para tratar mañana el proyecto de ley de presupuesto del 2000 que cuenta con despacho favorable de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Así informaron voceros del bloque oficialista quienes indicaron que «lo único que faltaba era el decreto del PEN prorrogando hasta el 10 de diciembre las sesiones ordinarias y ya se firmó, el resto se desarrollará en el recinto», explicó el vocero.

El acuerdo entre el justicialismo y la Alianza se alcanzó luego de que los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, de Córdoba, José Manuel de la Sota, de Santa Fe, Carlos Reutemann dieran su visto bueno a la propuesta del futuro ministro de Economía, José Luís Machinea, y a la que se sumaron el resto de los gobernadores del PJ.

Sin embargo, aún existe un pequeño foco de resistencia por parte de algunos gobernadores del noroeste (NOA) que buscan algún tipo de rédito adicional a la propuesta aliancista.

La iniciativa incluye la limitación de los giros de recursos al interior del país, ya sea por coparticipación federal de impuestos como por fondos específicos. La idea es fijar un monto máximo por todo concepto del orden de los 1.400 millones de pesos mensuales y con ello generar un ahorro a partir de los excedentes producidos por un eventual aumento de la recaudación.