Los buitres no se van

Entre los muchos problemas que tendrá que intentar solucionar el próximo gobierno está el motivado por la negativa tajante de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a reconocer la validez de la Justicia norteamericana. Al hacer del conflicto con los holdouts una causa nacional, garantizando así que cualquier arreglo, por favorable que nos resultara, tendría repercusiones políticas muy fuertes, tenderá a su sucesor una trampa de la que le costará salir ileso. Puede que, desde el punto de vista de Cristina, el asunto ya esté resuelto porque según los ideólogos oficialistas los fondos buitre son inmorales y por lo tanto sería inconcebible negociar con ellos, pero sucede que, como el juez neoyorquino Thomas Griesa acaba de recordarnos, están en condiciones de aprovechar ventajosamente las leyes del país más poderoso de todos. Aunque los voceros gubernamentales aseguran que no modifica nada la exigencia de Griesa de que la Argentina proporcione información, en un plazo de diez días, sobre los activos no diplomáticos ni militares que el país posee en Estados Unidos para que los holdouts puedan embargarlos para conseguir los 1.700 millones de dólares que, por un fallo anterior, son suyos, el que sigan produciéndose roces de este tipo hará aún más difícil la tarea frente a quienes entienden que es necesario reconciliarnos con los mercados financieros internacionales. Para Cristina y funcionarios como el ministro de Economía Axel Kicillof, todo es muy sencillo. En palabras del canciller Héctor Timerman, “el próximo gobierno deberá definir qué prioriza, los intereses del pueblo argentino o los de los fondos buitre”. Según el gobierno actual, es del interés del país continuar desafiando a la Justicia norteamericana porque falló en su contra, aun cuando los costos económicos de tanta intransigencia supuestamente ética sean colosales. Al fin y al cabo, no es cuestión sólo del monto que reclaman los holdouts. También lo es de las pérdidas, incalculables pero con toda seguridad enormes, ya ocasionadas por la voluntad kirchnerista de politizar al máximo el tema de la deuda externa a sabiendas de que hacerlo le resultaría provechoso. Por cierto, plantear el asunto como una lucha entre la Argentina y el imperialismo yanqui le ha permitido entusiasmar a muchos militantes acostumbrados a los debates estudiantiles para los que las abstracciones importan mucho más que la realidad concreta. Convencidos ya de que la Argentina es un país víctima de la hostilidad ajena, no vacilan en debilitarla aún más. Asimismo, olvidan que fue el gobierno del presidente Néstor Kirchner el que eligió la jurisdicción de Nueva York para los bonos del 2005; se trataba de una decisión racional porque a ningún inversor significante, extranjero o argentino, se le hubiera ocurrido confiar en los jueces locales. Proponer la depauperación del país, como en efecto están haciendo los partidarios de una ruptura permanente con instituciones que funcionan de acuerdo a las leyes estadounidenses o europeas, por suponer que serviría para llamar la atención del resto del mundo a la perversidad de los “buitres” no tiene sentido. A cambio de algunas declaraciones papales alentadoras o votos favorables en la asamblea general de la ONU, la Argentina continuaría sufriendo las consecuencias del aislamiento. Ya está en marcha lo que los inversores llaman una huida hacia la calidad, es decir, hacia países más seguros que los “emergentes” o, en el caso de la Argentina, “de frontera” que son aptos sólo para aventureros. Puede que el virtual boicot que Cristina toma por evidencia de su propio compromiso con principios éticos irrenunciables haya beneficiado a algunos políticos, pero los perjudicados ya se cuentan por decenas de millones. De no haber optado el gobierno por rebelarse contra el mundo financiero, el país pudo haber recibido inversiones cuantiosas que le hubieran ahorrado una recesión que ya ha durado años, el atraso cambiario y una tasa de inflación altísima que, según parece, está en vías de acelerarse nuevamente. El pueblo ya ha pagado un precio muy elevado por la voluntad del gobierno de Cristina de desafiar al juez Griesa que, nos guste o no, representa a la Justicia de Estados Unidos; a menos que su sucesor supere el obstáculo que se ha puesto en su camino, pagará mucho más en los años venideros.

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