“El proceso es totalmente gratuito”

Cada vez son más los cipoleños que recurren a la Justicia para reclamar el cumplimiento de la ley de Defensa al Consumidor. Algunos fallos recientes, favorables a los usuarios, despertaron el interés de llevar los reclamos por vía judicial. En el juzgado de Paz llegan alrededor de cuatro denuncias semanales y se promedian dos audiencias conciliatorias por semana, aproximadamente. La mediación es la instancia que mayor resultado le da a las partes ya que se busca llegar a un arreglo y evitar la resolución judicial.

El juzgado de Paz no es el único órgano judicial que tiene competencia pero sí es el más utilizado.

Si bien la ley cumplirá un cuarto de siglo en 2018, en los últimos años el Poder Judicial de Río Negro ha puesto mayor atención en la problemática. “Este último año la demanda ha crecido mucho”, aseguró Gabriela Lapuente, jueza de Paz local y una de las precursoras en la provincia en el rubro. La ley defensa al consumidor se aprobó en 1993 y un año más tarde se puso en vigencia con la reforma de la Constitución Nacional. La ley Nº 24.240 fija las normas de protección y defensa de los consumidores, la autoridad de aplicación y los procedimientos y sanciones.

En el último tiempo el proceso de reclamo comenzó a tener frutos y Cipolletti está a la vanguardia en la provincia.

El municipio cuenta con un departamento de Defensa al Consumidor, pero el Ejecutivo no tiene poder de policía y no puede ejercer ninguna presión contra la empresa, solamente puede mediar.

El 27 de noviembre del año pasado, en el Plenario de Justicia de Paz desarrollado en Cipolletti, los jueces de Paz de la provincia recibieron una capacitación en relación a los alcances de la ley de Defensa del Consumidor. Disertó en ese momento el abogado y docente universitario, Diego Zentner.

Las alternativas

Hay dos caminos para iniciar el reclamo, el juzgado de Paz y el Civil. Cuando la demanda es menor a 20.000 pesos se canaliza por el juzgado de Paz, mientras que por encima de esa cifra se resuelve a través de los tres juzgado civiles de la Cuarta Circunscripción: N° 1, N° 3 y N° 9.

La resolución en la justicia de Paz es más rápida y dinámica. Si bien se impone una tarifa para los defensores, está garantizado la gratuidad si un consumidor quiere hacer el reclamo personalmente.

En el fuero civil es el juez el que impone los honorarios para los abogados y la resolución es generalmente más lenta.

En ambas vías hay una instancia de apelación: si la denuncia se realiza ante el juzgado de Paz resuelve el juzgado Civil; mientras que la Cámara resolverá la apelación en las causas que superen los 20.000 pesos de reclamo.

A diferencia del principio de inocencia que se da, por ejemplo, en el fuero penal, en este caso es el denunciado quien debe comprobar que no hay incurriendo a ninguna falta. Es la empresa la que debe poner el recurso para comprobar su inocencia y no el demandante.

Daño punitivo

El año pasado, un fallo de la Cámara Civil impuso por primera vez un daño punitivo que nunca se había utilizado en la provincia. Es una medida conductista que tiene como objetivo adoctrinar a la empresa y a otras sobre los efectos de cometer graves irregularidades contra los usuarios. El daño punitivo es una multa civil que fija el juez y que la empresa debe pagarle al demandante, además del monto correspondiente por la resolución de la denuncia. Este fallo le sirvió de jurisprudencia al juzgado de Paz para poder imponer penas, siempre y cuando ello sea solicitado por el demandante.

El fuero civil local convalidó el reclamo de un ciudadano contra la compañía telefónica Movistar. Los camaristas no sólo avalaron los 30.000 pesos de indemnización por “daño moral” que había fijado una jueza de primera instancia, sino que sumaron una multa civil de otros 30.000 pesos por “daño punitivo” con el objetivo de que tal situación “no vuelva a ocurrir”.

El Juzgado de Paz

Cuando se trata de una denuncia de menor cuantía, el procedimiento es gratuito para garantizar el acceso a la justicia. Además es informal y respeta los principios de bilateralidad, igualdad y colaboración.

El Juzgado de Cipolletti es uno de los más activos en ese sentido en Río Negro. La jueza Gabriela Lapuente ha resuelto varias causas locales.

En una de sus resoluciones condenó a la tarjeta Cencosud SA a abonarle a un cliente la suma de 8.000 pesos. En la misma resolución, se dispuso que la firma crediticia debía rectificar el resumen de noviembre de 2015 eliminando los dos consumos no realizados que motivaron el reclamo.

En la sentencia también se ordenó el inmediato cese de los llamados telefónicos desde el área de cobranzas intimando el pago de las sumas referidas.

El Juzgado de Paz homologó el acuerdo por una denuncia de 3.000 pesos contra una empresa por una encomienda que nunca llegó. El damnificado había realizado una compra a través de internet y el envío se acordó a través de la empresa Vía Bariloche. Además de los 3.000 pesos, la compañía de transporte le entregó una nota de crédito para viajar en ómnibus.

La mayoría de los reclamos tienen que ver con el servicio de telefonía celular, particularmente por el registro No llame.

Fotos Florencia salto

Los datos

Algunos puntos a tener en cuenta

La presentación de una demanda en el Juzgado de Paz es gratuita.

No es necesario contar con un abogado.

La mayoría de las demandas se resuelven con conciliación.

Los procesos durante entre un año y un año y medio. Depende de si hay necesidad de un peritaje.

“Las demandas por la ley de Defensa del Consumidor se han incrementado notablemente por la repercusión de algunos fallos”.

Gabriel Lapuente, jueza
de Paz.

“Las empresas de telefonía muchas veces no respetan el registro de sus usuarios al No llame. Es una de las mayores demandas”,

Nadine Chemes, secretaria del Juzgado de Paz.

Al Juzgado de Paz llegan habitualmente cuatro denuncias por semana
y hay dos audiencias conciliatorias semanales en promedio.

La jueza de Paz de Cipolletti, Gabriela Lapuente, afirmó que este año se incrementó “notablemente” la cantidad de consultas. “Creo que se debe a la repercusión que han tenido algunos fallos”, expresó.

La particularidad –cuando el proceso se resuelve en este fuero– es que es totalmente gratuito. “Una de las ventajas es que el demandante no necesita pagar nada. Esta garantizada la gratuidad”.

La persona que realiza una demanda puede ir por si sola para iniciarla, pero también puede hacerlo con un letrado. En ese caso el juzgado impondrá sus honorarios que no serán nunca mayores a 4.500 pesos. Sin embargo en el fuero penal es necesaria la participación de un letrado y los honorarios serán mayores.

“La mayoría de las demandas se resuelven en la conciliación”, explicó Lapuente. Y agregó que “si no hay peritaje informativo”, el tiempo estimado entre que llega la denuncia y se notifica la resolución, puede ser de un año. Si la demanda obliga a pedir peritajes que deben solicitarse a Buenos Aires, la resolución puede estirarse seis meses más.

La secretaria del Juzgado de Paz, Nadine Chemes, aseguró que el fuero civil no ha revocado “ninguna” de sus resoluciones.