Los holdouts ganan de nuevo
Sin habérselo propuesto, en el 2002 el entonces primer ministro británico Gordon Brown hizo un aporte decisivo a la estrategia política y económica de un futuro gobierno argentino cuando calificó de fondos “buitre” a los especuladores financieros que se especializan en comprar a precios mínimos bonos de países en default con la intención de conseguir, años más tarde y después de una serie de batallas legales, ganancias realmente extraordinarias. Para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el que los fondos especulativos llevaran un nombre tan repugnante fue más que suficiente como para permitirle hacer de ellos el enemigo perfecto. Aunque el conflicto con los más notorios ha perjudicado mucho la economía nacional al cerrarle el acceso a créditos a tasas soportables, para el gobierno los beneficios políticos resultaban tan importantes que se negó a aprovechar las oportunidades para alcanzar un acuerdo con los holdouts que lo dejaría bastante bien parado. Según su lógica, los reveses judiciales que sufre en los tribunales neoyorquinos son en verdad triunfos morales. La semana pasada, los fondos buitre se anotaron otro fallo favorable al decidir el juez Thomas Griesa avalar las demandas de los “me too”, o “yo también”, que reclaman el mismo trato que el concedido por el magistrado a la empresa Elliott Management del “buitre” más célebre, Paul Singer. De tal modo, Griesa agregó 5.300 millones de dólares al monto que, conforme a la ley norteamericana, el país debe a quienes no entraron en los canjes instrumentados por el gobierno. Como ya es su costumbre, los funcionarios del Ministerio de Economía reaccionaron difundiendo un comunicado en el que criticaron el fallo por “insólito” y “aberrante”, además de manifestar su confianza en que prospere la apelación que están preparando. Los encargados de las negociaciones con los holdouts ya saben que la agresividad verbal no sirve para ablandar al juez Griesa, pero sus prioridades son políticas. A su juicio, si Cristina y Axel Kicillof brindaran la impresión de estar dispuestos a pactar con los fondos “buitre”, el electorado kirchnerista lo tomaría por un síntoma de debilidad, mientras que la oposición no vacilaría en aprovechar un presunto cambio de postura frente a los holdouts. Por lo tanto, es virtualmente nula la posibilidad de que el gobierno actual se resigne a negociar en serio con los holdouts, tarea ingrata ésta que heredará su sucesor. No le será nada sencillo. Además de los costos políticos que le supondría lo que para muchos sería una rendición incondicional, los costos financieros siguen aumentando. Merced al fallo más reciente de Griesa, el país ya debe aproximadamente 8.000 millones de dólares a los holdouts, además, huelga decirlo, de otras deudas que el gobierno kirchnerista considera legítimas y que suman alrededor 150.000 millones, aunque por suerte no es necesario saldarlos en los meses venideros. Sin financiación externa, no habrá más alternativa que la de enfrentar los vencimientos con reservas, lo que planteará al nuevo gobierno un desafío mayúsculo. Aun cuando lo encabece un oficialista como Daniel Scioli, tendría que medir los costos ya excesivos que el país está pagando por la voluntad kirchnerista hacer de “los buitres” y el juez Griesa los malos más siniestros de su película particular. A menos que la Argentina logre reconciliarse pronto con la llamada comunidad financiera internacional, no vendrán las inversiones cuantiosas previstas por los optimistas que le permitirían ahorrarse la necesidad de procurar arreglarse con los recursos propios, lo que, en vista de lo escasos que son, significaría una crisis no sólo económica sino también política muy grave. Por desgracia, antes de acceder nuevamente al crédito externo, el gobierno que asuma en diciembre tendría que llegar a un acuerdo con la Justicia norteamericana, o sea con el cada vez menos flexible juez neoyorquino Griesa, puesto que de lo contrario la Argentina continuaría desempeñando el papel, que para algunos es políticamente provechoso pero que para quienes dependen del estado de la economía difícilmente podría ser más destructivo, de rebelde contra el sistema financiero que, nos guste o no, impera en el resto del mundo.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Miércoles 10 de junio de 2015
Sin habérselo propuesto, en el 2002 el entonces primer ministro británico Gordon Brown hizo un aporte decisivo a la estrategia política y económica de un futuro gobierno argentino cuando calificó de fondos “buitre” a los especuladores financieros que se especializan en comprar a precios mínimos bonos de países en default con la intención de conseguir, años más tarde y después de una serie de batallas legales, ganancias realmente extraordinarias. Para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el que los fondos especulativos llevaran un nombre tan repugnante fue más que suficiente como para permitirle hacer de ellos el enemigo perfecto. Aunque el conflicto con los más notorios ha perjudicado mucho la economía nacional al cerrarle el acceso a créditos a tasas soportables, para el gobierno los beneficios políticos resultaban tan importantes que se negó a aprovechar las oportunidades para alcanzar un acuerdo con los holdouts que lo dejaría bastante bien parado. Según su lógica, los reveses judiciales que sufre en los tribunales neoyorquinos son en verdad triunfos morales. La semana pasada, los fondos buitre se anotaron otro fallo favorable al decidir el juez Thomas Griesa avalar las demandas de los “me too”, o “yo también”, que reclaman el mismo trato que el concedido por el magistrado a la empresa Elliott Management del “buitre” más célebre, Paul Singer. De tal modo, Griesa agregó 5.300 millones de dólares al monto que, conforme a la ley norteamericana, el país debe a quienes no entraron en los canjes instrumentados por el gobierno. Como ya es su costumbre, los funcionarios del Ministerio de Economía reaccionaron difundiendo un comunicado en el que criticaron el fallo por “insólito” y “aberrante”, además de manifestar su confianza en que prospere la apelación que están preparando. Los encargados de las negociaciones con los holdouts ya saben que la agresividad verbal no sirve para ablandar al juez Griesa, pero sus prioridades son políticas. A su juicio, si Cristina y Axel Kicillof brindaran la impresión de estar dispuestos a pactar con los fondos “buitre”, el electorado kirchnerista lo tomaría por un síntoma de debilidad, mientras que la oposición no vacilaría en aprovechar un presunto cambio de postura frente a los holdouts. Por lo tanto, es virtualmente nula la posibilidad de que el gobierno actual se resigne a negociar en serio con los holdouts, tarea ingrata ésta que heredará su sucesor. No le será nada sencillo. Además de los costos políticos que le supondría lo que para muchos sería una rendición incondicional, los costos financieros siguen aumentando. Merced al fallo más reciente de Griesa, el país ya debe aproximadamente 8.000 millones de dólares a los holdouts, además, huelga decirlo, de otras deudas que el gobierno kirchnerista considera legítimas y que suman alrededor 150.000 millones, aunque por suerte no es necesario saldarlos en los meses venideros. Sin financiación externa, no habrá más alternativa que la de enfrentar los vencimientos con reservas, lo que planteará al nuevo gobierno un desafío mayúsculo. Aun cuando lo encabece un oficialista como Daniel Scioli, tendría que medir los costos ya excesivos que el país está pagando por la voluntad kirchnerista hacer de “los buitres” y el juez Griesa los malos más siniestros de su película particular. A menos que la Argentina logre reconciliarse pronto con la llamada comunidad financiera internacional, no vendrán las inversiones cuantiosas previstas por los optimistas que le permitirían ahorrarse la necesidad de procurar arreglarse con los recursos propios, lo que, en vista de lo escasos que son, significaría una crisis no sólo económica sino también política muy grave. Por desgracia, antes de acceder nuevamente al crédito externo, el gobierno que asuma en diciembre tendría que llegar a un acuerdo con la Justicia norteamericana, o sea con el cada vez menos flexible juez neoyorquino Griesa, puesto que de lo contrario la Argentina continuaría desempeñando el papel, que para algunos es políticamente provechoso pero que para quienes dependen del estado de la economía difícilmente podría ser más destructivo, de rebelde contra el sistema financiero que, nos guste o no, impera en el resto del mundo.
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