Los López Rega sin indemnización

Buenos Aires.- La Corte Suprema de Justicia rechazó el reclamo de familiares del ex ministro de Bienestar Social José López Rega, que habían solicitado el pago de una indemnización por la condición de «perseguido político» de quien fuera la mano derecha de Domingo Perón.

El fallo, que se conoció ayer en Tribunales, confirmó una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que no hizo lugar al pedido de la viuda Josefa Maseda López y de la hija del ex funcionario, Norma Beatriz López Rega.

La causa se inició por demanda de las mujeres, quienes reclamaron al Ministerio del Interior su inclusión entre los beneficiarios de la ley 24.043 que otorgaba un «resarcimiento económico» a las víctimas de la última dictadura militar.

Las peticionantes relataron que López Rega había sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo mediante Acta de la Junta Militar del 18 de junio de 1976, momento a partir del cual se transformó en «perseguido político del Proceso», ya que pesaba sobre su persona «una orden de detención, que motivó su exilio del país».

El reclamo fue rechazado por el Ministerio, por lo que los familiares apelaron ante la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que confirmó la decisión de la cartera política.

Entre otros argumentos, los familiares del «brujo» -tal como se lo conoce por su oscura actividad al lado de Perón- afirmaron que la resolución denegó el pedido «por una cuestión de apellido». Por la vía del recurso extraordinario, el caso llegó a la Corte, que, de acuerdo con el dictamen del Procurador Becerra, confirmó la sentencia apelada.

De acuerdo con la opinión de Becerra, a cuyos fundamentos remitió la Corte, no surge que López Rega hubiera sido «efectivamente privado de su libertad» entre el 6 de noviembre de 1974, fecha en que se declaró el estado de sitio y el 10 de diciembre de 1983.

Así, se recuerda que López Rega abandonó el país «en misión oficial» a Europa el 19 de julio de 1975 sin que regresara hasta su extradición y «sin que el gobierno militar tampoco hubiera intentado detenerlo ni instado la orden de captura».

Para el procurador Becerra y para la Corte, «la situación de López Rega tampoco puede asimilarse a la de las personas que tuvieron que exiliarse para preservar su libertad, las que se encuentran comprendidas en la ley 24.043». En el dictamen, Becerra recordó que para que los efectos de esta ley puedan aplicarse, es necesario que se haya padecido una «efectiva privación de su libertad» o bien «haberse visto en la obligación de salir del país».