Lozada sobreseyó a ocupantes de la toma San Juan
El juez falló a favor de un grupo de personas que habían sido imputadas del delito de usurpación.
CONFLICTO POR TIERRAS
El juez de Instrucción Martín Lozada resolvió dictar el sobreseimiento de un grupo de personas de la toma conocida como barrio San Juan, que habían sido imputadas como presuntos autores del delito de usurpación.
Fuentes judiciales informaron que Lozada dictó el sobreseimiento días atrás y las partes fueron notificadas de la resolución en las últimas horas. Los fundamentos del fallo se conocerán en las próximas horas.
Las fuentes señalaron que el magistrado valoró la prueba recolectada durante la investigación y la situación de los imputados, quienes fueron estafados con el proyecto habitacional barrio San Juan y reclamaban que se resuelva su situación procesal.
El exsindicalista Juan Kopprio fue uno de los impulsores de ese proyecto de viviendas. Hoy, Kopprio está procesado con prisión preventiva por el delito de estafas reiteradas y permanece detenido desde finales de octubre pasado en el penal 3.
Las fuentes revelaron que Lozada, quien asumirá el 24 de abril como Fiscal de Cámara, dictó el sobreseimiento de un grupo de entre quince y veinte personas que habían sido imputadas por el presunto delito de usurpación.
La acusación fiscal les había atribuido el hecho que ocurrió a finales de julio de 2012, cuando tras cortar el alambrado del cerco perimetral de la calle Esandi, ingresaron a los lotes pertenecientes a Germán González Lera, quien interpuso la denuncia. Los terrenos están ubicados en la zona de las calles Esandi y Avenida Las Victorias, en el este de Bariloche.
Allí, decenas de familias levantaron casillas precarias. Pero con el paso de los meses sólo un puñado de familias sigue en la toma. La mayoría se retiró del lugar.
González Lera alegó en la causa penal que Kopprio sólo pagó una seña para reservar la tierra para el proyecto habitacional del barrio San Juan, pero nunca se hizo la venta. Por lo tanto, perdió la seña, cuyo monto se desconoce.
Lozada dictó a finales de septiembre de 2012 una orden de no innovar, lo que impidió el acceso a los servicios esenciales para las familias de la toma.
Sobreseyó a finales del año pasado a diez personas que habían sido denunciadas por el presunto delito de usurpación tras llegar a un entendimiento entre las partes en conflicto. Esas personas optaron por retirarse del predio en disputa.
La posesión de esa porción de tierra generó constantes problemas y denuncias cruzadas durante todo este tiempo. Las familias de la toma denunciaron intimidaciones y quema de casillas y responsabilizaron al dueño de las tierras, quien se desvinculó de esos hechos.
DeBariloche
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