Marchas y contramarchas

ALEARDO F. LARÍA aleardolaria@rionegro.com.ar

Una de las críticas que se formulan al populismo es tener una mirada que atiende sólo al corto plazo. El resultado es una cierta imprevisión sobre las consecuencias últimas de las acciones emprendidas. Cuando luego la realidad no se pliega a los deseos, emerge la retórica maniquea, que busca descargar en los otros la responsabilidad por los propios fracasos. Surgen así los estentóreos llamados a “salir en defensa de la patria”, que en un contexto de marchas y contramarchas, de impericia e improvisación, resultan patéticos. La búsqueda de asociaciones forzadas con animales, como buitres, tiburones o gorilas, forma parte del imaginario populista. Frente a la pureza de los ideales defendidos, sólo pueden oponerse seres que han perdido su natural condición humana. Es curiosa esta retórica en boca de personas que se atribuyen la condición de ser férreos defensores de los derechos humanos. En realidad, los llamados “fondos buitre” –un calificativo que se ha extendido por toda la geografía mediática sin crítica alguna– son grupos de inversores financieros que especulan, es decir hacen una de las actividades más habituales desde que se inició el tráfico mercantil capitalista. La especulación, según la conocida definición de Kaldor, consiste en la compra (o venta) de bienes con vistas a su posterior venta (o recompra), cuando existe la expectativa de un cambio en los precios actuales. En los mercados financieros, donde se compran y venden acciones, divisas, bonos, derivados, commodities, u opciones a futuro, la mayoría de las operaciones entra dentro de esa categoría. Se trata de una actividad legal aunque cuestionable éticamente, puesto que los beneficios no derivan de ninguna actividad productiva. También se incluyen en esta enunciación las operaciones realizadas por el matrimonio de abogados más exitosos de Santa Cruz. La pareja presidencial hizo una considerable fortuna especulando mediante la adquisición de 22 propiedades inmuebles a bajo precio en subastas judiciales derivadas de la aplicación de la circular 1050 del Banco Central con vistas a venderlas por sus valores de mercado. De igual modo, merece idéntica caracterización la adquisición de tierras fiscales en El Calafate a precios irrisorios. En el 2005 los Kirchner adquirieron 60.000 m² de tierras fiscales que el intendente kirchnerista Néstor Méndez les vendió a poco más de cinco pesos el m². Al año siguiente la administración del intendente Méndez le cedió otros tres terrenos, que sumaban 81.874 m², a 7,50 pesos el m². Uno de esos terrenos, de dos hectáreas, adquirido por el equivalente a 50.000 dólares de entonces, fue luego vendido al grupo chileno Cencosud en 2.400.000 dólares, es decir obteniendo una ganancia del 4.800%, bastante superior al 1.608% que la presidenta le atribuye haber ganado al fondo NML. Ahora bien. En relación con los fondos especulativos que han litigado en los tribunales de Nueva York, obteniendo una sentencia favorable del juez Griesa, conviene hacer algunas precisiones. En el 2005, el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna informó a la opinión pública el resultado de la negociación emprendida. Mencionó que de la deuda en default (102.500 millones de dólares, incluidos los intereses atrasados e impagos), se emitirían nuevos títulos por 35.238 millones, con un ahorro de 67.300 millones. Esto equivalía a una quita considerable del capital, del orden del 65%. En aquella ocasión el presidente Kirchner alardeó de que se trataba de la reestructuración de deuda más ventajosa de la historia mundial, por lo que merecía ser incluida en el Guinness de Récords. Lo cierto es que –como ahora se comprueba– hubo numerosos bonistas que no ingresaron en el canje del 2005 (y tampoco lo hicieron posteriormente en el 2010 cuando se reabrió). Probablemente pensaron que la quita era excesiva y que podían utilizar la ventaja que ofrecía el hecho de que tanto en los años 90 como en los propios bonos emitidos en el canje del 2005 –o en los entregados recientemente a Repsol– la Argentina resignaba la jurisdicción legal local a favor de la norteamericana. Tampoco esos bonos estaban vinculados con una cláusula de acción colectiva que les obligara a someterse a las reestructuraciones aprobadas por una mayoría calificada de acreedores, como actualmente se estila. Se debe añadir que la Argentina dictó en el 2005 una ley “cerrojo” para hacer más verosímil la promesa de que no entrarían en conversaciones con quienes no se allanaran a la quita. La ley establecía que el Poder Ejecutivo no podía reabrir el proceso de canje de bonos ni efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de esos bonos. De este modo, el único camino que se dejaba abierto a los acreedores renuentes a entrar en el canje era el judicial. La ley fue tildada de infantil por algunos diputados de la oposición, ya que “bajo ninguna circunstancia un presidente debe tener las manos atadas al negociar la salida del default”, según sostuvo en aquel año el diputado Martini. Tal vez por ello, en septiembre del 2013 el gobierno, volviendo sobre sus pasos y para congraciarse con la Corte Suprema norteamericana, impulsó la derogación de la ley y dejó abierta indefinidamente la posibilidad de reabrir el canje. De aquellas imprevisiones vienen los actuales problemas, agravados por las declaraciones altisonantes de la presidenta Cristina Fernández. El 21 de noviembre de 2012 Griesa dictaminó que la Argentina debía depositar en garantía los u$s 1.330 millones que exigía el fondo de inversión NML Capital por sus bonos en default (decisión que la Cámara luego dejó en suspenso). Sin embargo, el gobierno argentino dejó transcurrir más de un año y medio sin negociar con sus acreedores pese a las claras exhortaciones del juez. En aquella ocasión Griesa se quejó de “las continuas declaraciones de la presidenta y el gabinete señalando que la Argentina no honrará o llevará adelante las decisiones actuales de la Corte de Distrito y el Tribunal de Apelaciones en el litigio en el que la Argentina es parte”. Añadió que “la Corte urgió al gobierno argentino a abandonar las desatinadas amenazas de desafiar la sentencia y que cualquier desafío a las sentencias no sólo sería ilegal, sino que representaría la peor clase de irresponsabilidad en los tratos con la Justicia”. A pesar de tan severas advertencias, la presidenta continuó confiando en que el uso de una retórica flamígera podía torcer la voluntad del adusto juez norteamericano. En una de sus últimas intervenciones, en la cadena nacional del pasado 16 de junio, la presidenta denunció como una “extorsión” el fallo convalidado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, caracterización que por provenir de una profesional conocedora de los usos del foro no puede dejar de ser sorprendente. Finalmente se ha comprobado que toda esta retórica era mero fuego de artificio y que finalmente, como era previsible, el gobierno argentino se apresta a negociar las fórmulas de pago que permitan dar acabado cumplimiento a la sentencia. Que un juez condene a un gobierno a cumplir o acatar un fallo es un hecho habitual y absolutamente normal en una democracia. Lo inusual es que un gobierno publique una solicitada en un medio de Nueva York afirmando que “Argentina quiere pagar pero no la dejan” y atribuya toda la responsabilidad al juez que la ha condenado.