Matar en la modernidad tardía
MARTÍN LOZADA (*)
El 30 de septiembre del 2011, un grupo de drones estadounidenses despegó de un aeródromo que la CIA había construido en el sur de Arabia Saudita. Tras cruzar la frontera de Yemen, dos de los drones dirigieron sus láseres a los camiones para señalar los objetivos a impactar, mientras que los restantes apuntaron y dispararon. Se perpetraba así el asesinato de Anuar el Aulaki, el predicador instigador, nacido en Nuevo México, que había pasado de ser un activista en internet a convertirse en presunto jefe de una célula de Al Qaeda en Yemen. El homicidio fue la culminación de muchos años de operaciones de inteligencia militar y de una intensa deliberación entre los abogados que trabajan para el presidente Obama. Asimismo, fue acaso la primera vez desde la Guerra Civil que el gobierno estadounidense perpetró deliberadamente el asesinato de un ciudadano de su país, en calidad de enemigo y sin un juicio previo. En marzo del 2013, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Obama por mantenerla en secreto, la decisión de buscar y matar a Aulaki se transformó en objeto de un profundo debate. Debate que giró alrededor de los peligros de las operaciones militares emprendidas con misiles, bajo un fuerte hermetismo y casi nunca reconocidas por el gobierno; así como respecto de las variadas justificaciones legales mediante las cuales se ha pretendido darles sustento jurídico. Lo interesante del caso es que días atrás, un tribunal de apelaciones de Nueva York difundió parte del memorándum del Departamento de Justicia que amparó legalmente que un estadounidense en el extranjero pueda ser asesinado por fuerzas de su propio país. La tesis en que se basa dicha legalidad radica en que Estados Unidos puede matar a uno de sus ciudadanos en el extranjero si esa persona está preparando un ataque en contra de dicha nación y su captura no resulta factible. Tanto es así que el documento compara esa actuación con la de un policía que tiene que decidir si usa fuerza letal contra un sospechoso que amenaza con atacar a otros. La divulgación del documento supuso el fin de un largo proceso judicial para tener acceso a esos datos, impulsado por la Asociación de Libertades Civiles Americana (ACLU) y periodistas del diario “The New York Times”. En este punto tiene sentido recordar que el antropólogo Roger Bartra sostiene que eso que llamamos nuestra realidad política contemporánea no se puede comprender sin tomar en consideración las extensas redes imaginarias de poder. Dichas redes permiten explicar las nuevas formas que alimentan y reproducen la legitimidad de los Estados posmodernos, como complemento cada vez más indispensable de los tradicionales mecanismos de representación democrática. Se trata de mecanismos que generan constantemente los mitos polares de la normalidad y la marginalidad, de la identidad y la otredad. Crean así franjas de terroristas, sectas religiosas, enfermos mentales, desclasados, déspotas musulmanes y toda clase de seres anormales que amenazan con su presencia, real o imaginaria, la estabilidad de la cultura política hegemónica. Afirma Bartra que en este escenario lleno de peligrosos enemigos, los superhéroes de la normalidad democrática occidental y los representantes de la mayoría silenciosa deben prepararse para combatir el mal. Se trata de batallas con un alto contenido imaginario y alegórico, aunque no necesariamente inexistentes o irreales. De este modo se vienen reforzando las tendencias posdemocráticas que se habían potenciado luego del 11 de septiembre del 2001, con el objeto de compensar los déficits de legitimidad política mediante la implementación de formas no electorales de fortalecer la gobernabilidad. Lo cual resulta muy eficaz para estimular formas renovadas de cohesión social. Según Zygmunt Bauman, el ataque mediante dispositivos apenas percibidos por los sentidos y sin la presencia de personal humano en su operación directa, como resultan ser los drones, ampliará aún más la ya enorme desconexión entre la población norteamericana y sus guerras. Y en un plano más general, conseguirá que las acciones bélicas se tornen aún más invisibles para el país que las emprenda, al sustraerlas del escrutinio popular y el control ciudadano. Una involución radical en materia republicana y vigencia del Estado de derecho. (*) Juez Penal
MARTÍN LOZADA (*)
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