Medioambiente: privados del acceso a las costas públicas

* Dr. Enrique Olarte, Ing. Oscar Rossi, Arq. Andrés Rabassa

El libre acceso y la transitabilidad en las costas de nuestros ríos, arroyos y lagos es en nuestro país un tema conflictivo desde siempre y aún pendiente de resolución. Las imágenes de alambrados, cercos y hasta construcciones impidiendo el paso público se han generalizado en los medios, y lamentablemente también se naturalizaron, al menos en parte de nuestra población.

Así, en algunas oportunidades, al compartir esa forzada limitación con la compañía de personas de otras ciudades, estas no lograban entender el enojo ante tal situación, dado que donde ellas vivían el acceso libre a las costas ya había pasado a ser una utopía inalcanzable.

Es importante aclarar que la línea de ribera delimita las propiedades privadas con el espacio público hídrico. La AIC tiene definidas esas líneas en el territorio pero lamentablemente las jurisdicciones que tienen que sancionarlas no lo hacen, lo que aporta mayor confusión al tema.

En nuestro país, el derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto, tiene limitaciones y condicionantes que están relacionados con la función social de la misma, es decir que está subordinada al interés público general.

A su vez, el libre acceso a las costas de los ríos no representa de ninguna manera una restricción al dominio privativo, sino solamente una limitación sobre el uso del suelo, según lo establece el Código Civil, sobre una franja de esa propiedad que llega hasta el río.

A la histórica situación de pasos cerrados por estancieros, o habitantes en lugares generalmente alejados de los centros de las ciudades, se agregó a partir de los 90 el gran negocio inmobiliario del modelo de urbanizaciones cerradas semirrurales que ofrecían mejor calidad de vida, al brindar seguridad, tranquilidad y mayor relación con la naturaleza. Por ello, muchos de estos nuevos barrios privados se localizaron en áreas cercanas a los cuerpos hídricos sobre zonas que eran de producción agrícola.

Esto complicó aún más la accesibilidad a las costas, ya que esos barrios recurren a las barreras conocidas para evitar que cualquiera pueda acceder a ese espacio público costero, que en sus concepciones significaría un atentado a los privilegios de su forma de vida.

Nuestra zona no es una excepción, ya que en los últimos 20 años se ha consolidado la ocupación de gran parte de nuestras riberas por las urbanizaciones privadas.

En la ciudad de Neuquén tenemos uno de los casos más extremos, ya que el barrio privado Rincón Club de Campo, donde viven importantes funcionarios de los tres poderes del Estado, tiene un alambrado que no solo impide el libre acceso a la costa del río Neuquén, sino que tampoco permite el paso al espacio de la calle pública de la costanera del río, que está fuera del barrio y fue tomada por el mismo para utilizarla en su exclusivo beneficio.

La apertura de esa calle pública, además de liberar el acceso a la costa, permitiría al barrio abierto Rincón de Emilio contar con otro acceso, corredor de emergencias y vía de escape.

En nuestro país, la limitación obligada por la ocupación privada del acceso al espacio público costero ha generado numerosos conflictos, llegando a producir situaciones extremas y dramáticas, como el lamentable asesinato en el 2006 de Cristian González, quien habiendo ido de pesca con amigos a la costa del río Quilquihue en Junín de los Andes recibió disparos de un custodio de una hostería privada, con la excusa de que estaba invadiendo propiedad privada.

Ahora bien, esas ocupaciones privadas se localizan en áreas de las planicies de inundación de los ríos, que son espacios que ocupa el cuerpo hídrico cuando aumenta su caudal y en muchos casos se comportan como humedales, aportando importantes bienes y servicios ecosistémicos a la sociedad como recarga de acuíferos, conservación de biodiversidad, etc.

Estas ocupaciones alteran el comportamiento ambiental del área y generan riesgos también para las personas y sus bienes, sobre todo en casos como en la provincia de Neuquén que, a diferencia de Río Negro, permite construir en esas áreas con solo elevar la edificación a la cota de inundabilidad establecida para ese lugar.

Riesgos ambientales

Los riesgos ambientales están relacionados también con cambios en el escurrimiento de las aguas superficiales, ya que esos barrios se convierten en islas más altas, transformándose en diques para el escurrimiento hídrico.

Los barrios ubicados en zonas inundables deben ser protegidos por taludes para evitar quedar bajo las aguas ante el aumento del nivel del pelo de agua del río. Si bien ello puede ser eficiente para evitar el flujo laminar, no puede evitar el aumento del nivel de las napas producido por la conducción subsuperficial que genera inconvenientes ambientales como, por ejemplo, el llenado de pozos ciegos y con ello la consecuente contaminación de las napas.

La AIC ha advertido reiteradamente sobre los riesgos que corren las urbanizaciones y otros proyectos en estas áreas inundables, y ha producido informes indicando falencias detectadas, como por ejemplo niveles de relleno inferiores a lo exigible en calles y espacios comunes de barrios costeros o en las construcciones, ocupación y/o deterioro de taludes, modificación de cauces, etc.

Algunos ejemplos de las barreras infranqueables en Neuquén son el ya mencionado caso del cierre del barrio privado Rincón Club de Campo frente al río Neuquén, o de la calle pública que corre entre Anaya y Saavedra frente al barrio privado La Peregrina, o la ocupación del talud por el barrio privado Don Liliano, frente al río Limay.

Todo esto no sucedería si las autoridades trabajaran para cambiar el status quo, y promovieran las condiciones para que ese derecho de acceso a las costas se cumpla.

En la ciudad de Neuquén, últimamente se ha dado un paso positivo al abrir algunas cuadras de costa en el centro frente al río Limay, y aún así es muy bajo el porcentaje de costas con libre acceso público y transitabilidad respecto al total de las márgenes hídricas de la ciudad. Además la cantidad de balnearios públicos está estancada hace años. Para revertir ello es fundamental la activa participación de la comunidad exigiendo su derecho, y así un día dejaremos de decir que estamos “privados del acceso a las costas públicas”.

*Integrantes del OSAC (Observatorio Socio Ambiental Ciudadano)