Misterios chinos, incógnitas rusas

Los acuerdos energéticos y financieros suscriptos con Rusia en el marco de la visita oficial de la presidenta Cristina Kirchner y su encuentro con Vladimir Putin tienen una matriz similar a los firmados hace poco con China. Pero, por su escasez de transparencia, encierran iguales o mayores incógnitas sobre sus alcances. En uno y otro caso, no constituyen una política de Estado como suele presentarlos la presidenta. Nunca fueron debatidos a fondo por el Congreso, ni cuentan con el apoyo de los partidos opositores, cuyos legisladores no fueron invitados a integrar la comitiva oficial. Tampoco se difundieron en Moscú detalles ni precisiones sobre los 24 acuerdos bilaterales, salvo sus objetivos generales. Sin embargo, hay algunas diferencias evidentes. En el caso de China, una ley sancionada de apuro por la mayoría oficialista avaló un acuerdo de cooperación económica bilateral, con la controvertida cláusula que habilita la adjudicación directa de obras a compañías del país asiático, a cambio de financiamiento a bajo costo y largo plazo. Antes, el gobierno de Pekín ya se había asegurado la instalación de la estación de seguimiento satelital en Neuquén (cuestionada por la oposición debido a la falta de precisiones) a cambio de swaps por el equivalente de 8000 millones de dólares. El mecanismo de adjudicar proyectos sin licitación también está implícito con Rusia, pero la diferencia es que su situación externa es mucho más endeble tras las sanciones comerciales de EE. UU. y Europa por la anexión de Crimea; el derrumbe de precios del petróleo que exporta y la caída de reservas sufrida a fin de 2014 para frenar una mayor devaluación del rublo. Quizás esto explique que varios acuerdos se hayan firmado bajo el formato de memorándum de entendimiento y no se descarte que haya más “letra chica” para negociar, en busca de garantías para ambas partes y de un estímulo al comercio bilateral. Hoy la Argentina importa menos combustibles de Rusia, pero no puede exportarle más alimentos, ya sea por la falta de saldos exportables y/o de precios competitivos por el atraso cambiario y la suba de costos internos. En este marco, el convenio más concreto fue el que ya se daba por descontado: la financiación rusa por 1900 millones de dólares para iniciar a partir del 1º de septiembre la construcción del complejo hidroeléctrico Chihuido I (de 637 MW) sobre el río Neuquén. Precisamente, el financiamiento del 87% del proyecto (a una tasa de 6,5% anual, según trascendió) había sido gestionado hace meses en Moscú por el ministro Julio de Vido y fue condición excluyente para adjudicar las obras al consorcio de empresas argentinas encabezado por Helport (Grupo Eurnekian), la española Isolux Ingeniería y la rusa InterRAO. La novedad es que ésta última obtuvo créditos del banco estatal Vnesheconombank (que financia exportaciones e importaciones rusas) y que el repago se haría, según De Vido, “con el producto de las centrales a partir del quinto año de producción de energía eléctrica”. El contrato será firmado entre junio y julio. Daniel Montamat, exsecretario de Energía, duda sobre cómo esos kilovatios se transformarán en divisas hacia 2025 y cree que los pagos se concretarán finalmente en dólares. Si bien no se informó cuál será la participación rusa (y de proveedores locales) en el equipamiento tecnológico de la futura central, otro memorándum financiero permite abrir la puerta a otras exportaciones de ese país. Es el que el Banco de la Nación Argentina firmó con el mismo banco estatal ruso, que establece como áreas de cooperación conjunta al sector energético (proyectos para modernización de centrales termoeléctricas en la Argentina); industria química (exportación de productos petroquímicos rusos), maquinaria, equipos de transporte y prestación de servicios. Más impreciso fue el anuncio del acuerdo político y técnico firmado por De Vido con la estatal Rosaton para ejecutar la “propuesta integral” de construcción de una sexta central nuclear (Atucha VI) con transferencia de tecnología, que será evaluada por la Argentina antes de suscribir los contratos definitivos. Aunque no hubo información oficial, se trataría de un reactor CWR que por primera vez en la Argentina utilizaría la tecnología rusa de uranio enriquecido y agua presurizada y comenzaría a ser construida hacia 2020. También en materia nuclear, la empresa estatal rusa TVEL firmó con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) un memorando para investigar combustibles nucleares, materiales y aleaciones de circonio, pero sin precisiones sobre cómo habrá de articularse con la tecnología argentina de enriquecimiento de uranio desarrollada en la planta de Pilcaniyeu. Además, suscribió con el Invap otro acuerdo para la provisión de uranio metálico que la empresa rionegrina utilizará en sus proyectos en la Argentina, Argelia, Egipto y otros países. Días atrás, los 8 exsecretarios de Energía habían advertido que los planes con Rusia en el sector nuclear comprometen más de 23.000 millones de dólares y que el reactor de uranio enriquecido no estaba incluido en la Ley Nuclear de 2009. De ahí que reclamaran que la compra de centrales surja de un consenso sobre la tecnología más adecuada y de una planificación estratégica que deberá encarar el próximo gobierno. Montamat, incluso, sostiene que tras haber reestructurado la deuda con el Club de París, la Argentina podría llamar a licitación para seleccionar el equipamiento tecnológico y el mejor precio de las futuras centrales. Obviamente, si no estuviera en default. Tampoco abundaron las precisiones sobre el memorándum de entendimiento entre YPF y Gazprom para asociarse en Vaca Muerta, ya que no se especificó el área ni el monto de inversión comprometido. Gazprom es la principal compañía gasífera del mundo (con el monopolio de abastecimiento a toda Europa, donde actualmente enfrenta una demanda por fijar precios diferenciales). Aún así, se supone que el acuerdo apunta a explorar el potencial de recursos no convencionales de gas, aunque en Rusia la empresa se dedica mayormente a explotar yacimientos convencionales y su especialidad es el transporte a través de grandes gasoductos. Como ya ocurrió con China, estas nuevas “alianzas estratégicas”, concretadas a menos de ocho meses de que CFK deje la Casa Rosada, fueron justificadas por la presidenta con un argumento pragmático. “Nadie puede reclamar el monopolio de amistad. Podemos tener relaciones con cualquier país”, afirmó en Moscú. No obstante, este giro tiene un trasfondo político-ideológico que ya se venía gestando desde el viaje de los ministros De Vido y Kicillof a Pekín y Moscú a fines de 2013. La decisión de aliarse con estas potencias no occidentales fue una forma de marcar, en el plano de la política exterior, el enfrentamiento con los EE. UU. plasmado en la consigna “Patria o buitres”. Y también una respuesta a la necesidad de atenuar el aislamiento financiero de la Argentina, agravado tras el default parcial de la deuda en 2014. En otras palabras, el gobierno de CFK busca demostrar que puede recibir inversiones y financiamiento de empresas estatales de dos países que buscan aumentar su influencia en Latinoamérica sin cuestionar las transgresiones kirchneristas al orden financiero y comercial del mundo occidental. Claro que esto significa dejarle como herencia al próximo gobierno un paquete de hechos consumados y ponerlo en el aprieto de tener que convalidarlos, revisarlos o renegociarlos. Hasta ahora, sin embargo, ninguno de los precandidatos a suceder a CFK parece haber creído necesario pronunciarse públicamente a favor o en contra.

Néstor O. Scibona

LA SEMANA ECONÓMICA