Camuzzi responsabiliza a Nación por la falta de conexiones de gas en Bariloche

La veda para incorporar a nuevos clientes a la red está a punto de cumplir un año, sin perspectiva de que las obras pendientes se ejecuten en el corto plazo.

El amparo colectivo que presentó una ong de consumidores cuando la empresa Camuzzi decidió interrumpir la conexión de nuevos servicios de gas natural, hace casi un año, tropezó con un duro escrito de descargo de la distribuidora, que desligó su responsabilidad en el Estado nacional.

La falta de inversiones en el sistema de gasoductos Cordillerano/Patagónico derivó en una nueva veda de incorporación de clientes a la red, que ya está a punto de cumplir un año, sin perspectiva de que las obras pendientes se ejecuten en el corto plazo.

La organización Codec (Centro de Defensa, Orientación y Educación del Consumidor) presentó un amparo contra Camuzzi en la justicia federal para reclamar que “en forma urgente garantice el correcto cumplimiento de la prestación del servicio a todos los ciudadanos barilochenses”. En la fundamentación incluyó “casos testigo” de potenciales usuarios a quienes la factibilidad les fue denegada y siguen sin acceder al gas natural.

Hace pocos días Camuzzi contestó en severos términos, negó que haya arbitrariedad o discriminación de su parte y alegó que la reglamentación vigente le reserva el derecho de “establecer limitaciones, rehusar el servicio y rechazar solicitudes de nuevos clientes cuando pueda afectar el suministro” a los que ya tienen conexión regular.

“¿Es que acaso la actora (Codec) pretende que se le otorgue el suministro a la totalidad de los usuarios de Bariloche a costa de afectar al resto de los usuarios que se abastecen del sistema Cordillerano-Patagónico, entre los que se encuentran incluidos hospitales, escuelas y geriátricos?” preguntó Camuzzi en su réplica, en la que pide el rechazo del amparo.

También argumentó que la ong accionante “no agotó la vía administrativa” antes de recurrir a la Justicia y descargó la responsabilidad por las restricciones que padecen los barilochenses en una larga lista de organismos públicos, entre los que enumeró al ente regulador Enargas, la secretaría de Energía, el ministerio del Interior, el ministerio de Obras Públicas y Vivienda y la empresa Enarsa.

Pidió que la justicia los cite como “terceros” involucrados para que respondan por el amparo.

El presidente de Codec y concejal de Podemos en esta ciudad, Pablo Chamatrópulos, dijo que tienen tres días para efectuar una contrarréplica ante el tribunal actuante y adelantó que rechazarán en bloque los argumentos de Camuzzi.

Dijo que “no está mal” que la empresa busque trasladar la culpa del actual colapso del servicio al poder administrador pero aseguró que “eso no es oponible al consumidor y ellos tienen que responder”, es decir gestionar por su cuenta para garantizar las inversiones que eviten situaciones como la que hoy perjudica a miles de potenciales usuarios.

Señaló que el conflicto se deriva de “la falta de calidad en un servicio público esencial” y que Bariloche pasará su segundo invierno sin nuevas conexiones a la red, a pesar del crecimiento continuo de la demanda. “La acción de amparo es contra Camuzzi porque es la responsable final y la que necesariamente se tiene que hacer cargo -dijo Chamatrópulos-. No podemos hacer otra cosa”.

Bariloche y toda la región se beneficiaron hace alrededor de cuatro años con la inauguración de una esperada y anunciadísima ampliación de los gasoductos Cordillerano y Patagónico. Esa obra ermitió poner fin a una prolongada veda de nuevas conexiones, que tenía a edificios enteros en espera.

Pero al poco tiempo la restricción volvió, porque –como explicó Camuzzi en su descargo- falta una obra complementaria consistente en el montaje de otra planta compresora en Río Senguerr. La distribuidora aclaró que esa inversión corresponde al Estado nacional, que asumió expresamente ese compromiso para no cargar el costo a la tarifa.

La obra fue licitada en 2017, pero quedó trunca en enero de 2020, cuando se “desmovilizó” la empresa contratista, Peitel SA. Desde entonces, a pesar de los reclamos públicos, nadie informó desde Enarsa ni desde la secretaría de Energía cómo lo piensan resolver.

Una manta corta

Camuzzi insistió en que mientras esté pendiente de ejecución ese “refuerzo del sistema” no puede incorporar nuevos usuarios, a riesgo de “menoscabar la continuidad o calidad del servicio a ese u otros clientes”. Sostuvo que así está previsto en el reglamento de prestación.

La empresa distribuidora se quejó de tener que responder ante un amparo colectivo. Dijo que los accionantes parecen desconcer “la crisis energética en todo el país” y consideró que en ese contexto “no parece prudente judicializar estas situaciones”.

Camuzzi dijo que hasta ahora ninguno de los organismos públicos con capacidad de decisión “han dado respuesta a los innumerables requerimientos realizados” por esa distribuidora. Pero luego fue más allá de su rol como empresa privada al incluir un párrafo en su presentación judicial que defiende abiertamente al sector público. Dijo que la ong impulsor a del amparo “omite una premisa básica cual es que los recursos del Estado son siempre limitados en contrapopsoción con las necesidades de la sociedad, que son siempre ilimitadas”.


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