Concejales estudian un mecanismo para desactivar impuestazo a las obras en construcción en Bariloche

El reclamo que expresaron días atrás los ingenieros y arquitectos por el aumento de hasta 1.200% que aplica el municipio en los derechos de construcción encontró eco en los concejales, que coincidieron en la necesidad de acotar esa imposición y evalúan los términos de una “urgente” modificación.

Buscarían con una nueva ordenanza otorgar mayor certeza a los contribuyentes y acotar la “discrecionalidad” del Ejecutivo para fijar los montos.

A diferencia de otros tributos municipales que se establecen en forma anualy por montos fijos a través de la ordenanza tarifaria, en los empadronamientos y los permisos para la ejecución de obras particulares existe en la normativa una facultad para que el Ejecutivo modifique en forma periódica la base de cálculo, en relación con el valor del metro cuadrado de construcción.

Ese parámetro se disparó en forma geométrica en los últimos años y la última resolución emitida por el intendente Gustavo Gennuso hace una semana lo estableció en 205.233 pesos.

Hace apenas tres años el m2 tenía para el municipio un valor de referencia de apenas 29.287 pesos. En junio de 2020 fue llevado a 40.867 pesos y ya el año pasado había sido actualizado a 157.446 pesos.

El Colegio de Arquitectos y el Consejo de Ingeniería de Bariloche se quejaron mediante notas al Ejecutivo y al Concejo de que el derecho de Construcción que les factura el municipio a los inversores en nuevas obras tuvo un aumento anual que en algunos casos llegó al 1.200%, lo cual “no encuentra justificativos, toda vez que la inflación ha sido diez veces menor”.

Los concejales decidieron hoy en comisión Legislativa encarar una revisión del mecanismo existente para calcular ese gravamen, como ocurre con las demás tasas, y buscarían terminar con la potestad “discrecional” concedida a la secretaría de Hacienda.

Hace un par de meses, al momento de discutir las nuevas ordenanzas fiscal y tarifaria, los concjales impusieron expresamente un tope según el cual la suba interanual en la tasa de Servicios (la más sensible para los contribuyentes) no podía superar en ningún caso el 65% anual.

Ese techo no corrió para las licencias de construcción, y es lo que buscarían corregir. Además de la queja de los constructores, el Concejo cuenta desde ayer con un dictamen técnico firmado por su asesora contable, Lilian Baroni, que confirmó el volumen de los incrementos.

Ese estudio detalla las comparativas sobre el monto de lo que cobraba el municipio en 2022 y en la actualidad por licencias de construcción. Allí aparecen incrementos de hasta el 1.479%, por ejemplo para la categoría “vivienda individual de más de 120 metros cuadrados”, y de 1.040% para “playas de estacionamiento”.

Llamativamente, el cuadro de aumentos no tiene ninguna progresividad, ya que la construcción de “locales, consultorios y oficinas” de hasta 500 metros cuadrados quedaron alcanzados con un aumento del 266%, los “edificios destinados a alojamiento turístico” de hasta 300 m2 tienen un ajuste interanual también del 266% y los de más de 300 m2 un 150%.

La presidente del Concejo, Natalia Almonacid (JSRN), reconoció con ese dictamen en mano qie es necesario “abordar con urgencia” un ajuste normativo.

El punto conflictivo son las “facultades delegadas” que los concejales alguna vez concedieron al Ejecutivo para fijar el derecho a partir del valor del metro cuadrado, que se actualiza con índices del Indec y de la Cámara Argentina de la Construcción.

La concejal del Frente de Todos Julieta Wallace dijo que esa potestad del Ejecutivo “desvirtúa y afecta las competencias del sistema republicano”, porque son los concejales quienes tienen el rol de fijar tasas y gravámenes.

Criticó que Hacienda puede modificar los montos por resolución, y dijo que de ese modo “se terminan aprobando ordenanzas que después no se reflejan” los valores cobrados a los contribuyentes. “Frente a los vecinos la responsabilidad es nuestra”, advirtió.

Para Wallace, lo imperativo es “retrotraer” la legislación y volver a un esquema de “monto fijo por metro cuadrado, para poder decir a la ciudadanía: nosotros aprobamos esto”.

Crecimiento de obras irregulares

También el concejal Gerardo del Río (PUL) dijo que el aumento sobre los derechos de construcción aplicado por el gobierno de Gennuso “ha generado un enorme perjuicio a los que están en proceso de construcción”.

Los arquitectos e ingenieros habían apuntado en su carta de protesta que los aumentos desmesurados “fortalecen de manera indirecta la construcción clandestina”.

Y los números parecen darles la razón. El municipio en su presupuesto anual previó que las licencias de construcción aporten ingresos en todo 2023 por 84,5 millones de pesos, pero en los primeros dos meses logró recaudar apenas 8,1 millones, lo cual sería demostrativo de una suerte de “rebelión” o de un crecimiento de las construcciones no declaradas, como alertaron los colegios profesionales. El año pasado en el mismo período habían sido 5,4 millones, de modo que el aumento quedó claramente por debajo de la evolución inflacionaria, a pesar de la suba de la imposición.

Almonacid deslizó un reproche a sus pares al señalar que el mecanismo de actualización de ese tributo “estaba en las ordenanzas fiscal y tarifaria”, de modo que todos “lo tuvieron sobre la mesa” a la hora de votar y que la asesoría letrada en su dictamen había llamado la atención sobre esa incongruencia.

La presidente del Concejo les recordó a los concejales opositores que-a pesar de su indignación- no podrán efectuar ningún cambio sin el acompañamiento del bloque oficialista porque para “abrogar” el artículo de la discordia en la ordenanza tarifaria se necesitan ocho votos.

Se comprometió a evaluar la situación con sus pares de JSRN para presentar una propuesta en la comisión Legislativa de la próxima semana, porque “llamar a consulta” a todos los interesados demoraría el tratamiento no menos de dos meses.

Wallace dijo que el foco debe estar puesto en eliminar la discrecionalidad. “Si quieren mantener el porcentaje variable por m2 y va a haber un artilugio para que el Ejecutivo conserve la facultad, estamos pintados”, criticó.

Algunos observadores señalaron que el secretario de Hacienda Diego Quintana se va a oponer a ceder las facultades y congelar el monto del derecho de construcción, mucho más en un marco de inflación como el actual.