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El subsidio municipal al transporte no para de crecer en Bariloche
El municipio se convirtió en el principal sostén económico de la empresa Mi Bus por el congelamiento de los subsidios de la Nación y la Provincia. Aporta 61 millones de pesos mensuales.
Los estudiantes terciarios y universitarios se organizan para dar batalla al recorte del boleto gratuito en Bariloche. Archivo
Los aportes que realiza el Estado municipal al sostenimiento del transporte urbano nacieron hace cuatro años como un auxilio extra frente al congelamiento de los subsidios de Nación y provincia, pero hoy se transformaron en el principal sostén económico de la empresa Mi Bus, al punto de que llega a opacar lo recaudado por la venta de boletos.
El último viernes el intendente Gustavo Gennuso emitió una nueva resolución que autoriza a la empresa de origen sanjuanino a cargar por cuenta del municipio un total de 56.529 litros de gasoil Infinia YPF en concepto de cuota “semanal” de combustible, con orden de pago a la expendedora local Nahuel SRL.
Ese volumen, proyectado a todo el mes, equivale a 226.116 litros. El precio actual de surtidor para ese producto es de 273,2 pesos, de modo que la inyección de dinero municipal en el sistema de transporte ronda hoy los 61,7 millones de pesos. Una cifra que equivale al 12% de la masa salarial de los 2.100 empleados municipales.
Comparado con la tarifa que paga el pasajero (en la actualidad, 115 pesos), el subsidio que transfiere la gestión Gennuso significa para las arcas de la empresa de transporte lo mismo que vender 537 mil boletos, aproximadamente la mitad de los que efectivamente se expenden cada mes en los colectivos que circulan por la ciudad.
Bola de nieve
La ayuda municipal no siempre tuvo el mismo peso. De hecho, no existía hasta 2018, cuando el intendente decidió jugar esa carta ante la decisión nacional de restringir sus propios aportes al transporte urbano en todo el país. La expresa pretensión de los funcionarios macristas por esos días fue “que las provincias asuman el costo”.
Pero Río Negro, tanto en la gestión Weretilneck como ahora con Arabela Carreras, nunca lo hizo en la proporción esperada.
Ante la evidencia de que la continuidad del transporte urbano estaba en juego, el municipio barilochense pactó con Mi Bus el aporte de una suma fija. En enero de 2019 libró el primer pago de 6 millones de pesos mensuales, cuando el boleto costaba 27 pesos.
Un año después el municipio aumentó su aporte a 9 millones, hasta que en marzo de 2020 llegó la pandemia y el servicio entró en crisis. Como ocurrió en todo el país, en Bariloche se produjo una caída del 90% en la venta de boletos y también se redujo el diagrama de frecuencias. Escudado en ese replanteo general y en su propia baja de recaudación, el municipio redujo su inyección de dinero a 4 millones de mensuales.
Pero el rebote posterior no tardó en compensar ese retaceo. En coincidencia con la reactivación post pandemia, el auxilio económico del Estado local entró en crecimiento acelerado, con un cambio conceptual: para sortear la desactualización periódica del subsidio a suma fija causada por la inflación, el municipio fijó un nuevo parámetro en litros de combustible.
La primera resolución bajo esa nueva modalidad data de julio de 2021, cuando la gestión Gennuso transfirió a la empresa el equivalente de 18.000 litros de combustible por semana, con un total mensual garantizado de 72.000 litros. Un mecanismo que, por entonces, no existía en otros municipios.
Ajuste automático
Esa cuota expresada en litros -según los padres de la idea- aseguraba la actualización automática y el acompañamiento de los costos, que era la principal preocupación de la empresa. Bastaba con mantener estable la asignación en litros, para que el aumento periódico del precio del combustible hiciera el resto, en beneficio de la concesionaria
Desde el municipio se encargaron de subrayar que esa fórmula era distinta y mejor que la aplicada por la provincia y por la Nación, que no solo subsidiaban con los tradicionales montos fijos, sino que los mantenían congelados por largo tiempo, además de demorar el envío semanas o meses.
El municipio se transformó así en el principal sostenedor de las cuentas de Mi Bus. Y lejos de mantener estable el parámetro en litros de gas oil, el flujo de dinero municipal hacia la empresa entró en una progresión geométrica de precio y cantidad que parece indetenible.
Luego de repetir puntualmente durante varios meses el aporte regular de 18 mil litros, en marzo de 2022, el municipio lo subió a 24.779 litros semanales. Desde agosto de 2022 le otorgó a Mi Bus 33.529 litros semanales de combustible y a partir de enero de este año la cuota subió otro considerable 70%, para quedar en 56.529 litros.
Como resultado inevitable de combinar ese espiral con los aumentos del precio del gasoil Infinia, el municipio cubre con recursos propios una proporción cada vez mayor de los costos operativos de Amancay/Mi Bus.
Ni los salarios, ni los repuestos de las unidades, ni los seguros ni los impuestos crecen al mismo ritmo. La tarifa que pagan los pasajeros tampoco. Es decir que, medida en boletos, la transferencia de recursos municipales es cada vez mayor.
Cuando se le señala el tamaño de ese subsidio Gennuso sostiene que es la única forma de asegurar la supervivencia de un servicio clave para miles de vecinos. Y que Bariloche tiene el mérito de haber sostenido su transporte urbano a pesar de la crisis de la pandemia, que dejó a muchas ciudades sin el servicio.
La tarifa, tema aparte
Tan marcada es la distorsión que la empresa Mi Bus ya dejó de solicitar aumentos de tarifa con frecuencia semestral, como le permite el contrato. Ya en 2019 (así lo revelaba una nota de este diario) la empresa desistió de pedir actualización tarifaria al cumplirse los seis meses de la revisión anterior y la gerente de aquel momento admitió que lo hacían para concentrarse en “gestionar más subsidios”, a sabiendas de que los pasajeros no estaban en situación de asimilar un nuevo aumento.
Cada una de las resoluciones que firma mes a mes el intendente para habilitar las transferencias a Mi Bus da cuenta del expediente judicial por “procedimiento preventivo de crisis” que la firma arrastra desde hace cuatro años, y que funciona como una amenaza latente sobre los puestos laborales.
También cita la ley nacional 26.467, que formalizó el recorte de las partidas presupuestarias para sostener el subsidio de ese origen reservado a las transportistas del interior, así como los cupos de abastecimiento de gasoil a precio subsidiado.
La “situación general” así planteada, sostiene Gennuso en las resoluciones, “ha hecho peligrar la subsistencia del servicio de transporte urbano de pasajeros” y para el municipio se torna “prioritario garantizar el servicio para los usuarios y visitantes de nuestra ciudad”.
Cuestionan la falta de debate respecto al monto de los subsidios
El concejal Marcelo Casas (Frente de Todos) integra la comisión de Seguimiento del transporte urbano y dijo que el monto de los subsidios que paga el municipio “nunca se discutieron” en ese ámbito, ni se analizaron en función de los costos. “Es una decisión del Ejecutivo”, afirmó.
Al igual que la Multisectorial, opinó que para darle racionalidad a ese punto habría que hacer “una evaluación finita” y acceder a “los libros” de Mi Bus.
Reconoció que los aportes municipales, al igual que la tarifa, están dirigidos a “mantener la ecuación económica de la empresa, que debe tener una rentabilidad, porque así funciona este sistema. Pero es difícil determinar cuánto es mucho o es poco, sin tener el conocimiento”.
Señaló que en el único momento en el que pueden hurgar en la estructura de costos de la concesionaria es cuando se debate una nueva tarifa, pero desconfió de ese procedimiento porque la empresa entrega un informe y “no hay una evaluación independiente”.
Casas recordó que él mismo impulsó un proyecto tiempo atrás para encargar esa tarea a “alguien externo del municipio”, que podría ser una universidad, pero “se frustró por el costo”.
Admitió que tanto la fijación periódica del boleto como el otorgamiento de subsidios “termina siendo muy político”.
Insisten con “abrir los libros”
La Multisectorial del Transporte (integrada por pasajeros y organizaciones vecinales) tiene una postura crítica respecto del manejo del sistema que realiza el gobierno municipal y se opone a que los subsidios fluyan como lo hacen hoy, antes de que la empresa Mi Bus blanquee su situación contable.
“Queremos que abran los libros, como lo pedimos hace años. Ver las cuentas de Mi Bus. Es un reclamo extendido y nunca hubo respuesta” dijo Elena Florin, una de las referentes del grupo, quien suele participar con voz propia en las audiencias públicas por tarifa.
Señaló que hoy existe “una connivencia” entre el municipio y la empresa y que no hay explicación técnica alguna para el volumen de los subsidios, a diferencia de lo que ocurre con el precio del boleto que, al menos en lo formal, debe estar justificado en un estudio de costos.
Florin dijo que la apertura de la contabilidad real de la empresa es una postura innegociable de la multisectorial y de Política Obrera, que también integra. Defendió el criterio de municipalizar el servicio de transporte y consideró que, de ese modo, habría ya un primer beneficio para la comunidad porque “desaparecería el 20% de lucro que hoy la empresa tiene asegurado por contrato”.
Florin señaló que los subsidios indiscriminados se transformaron en “un vicio” y están “en contra de la gente”. A su entender, “el usuario tiene que tener un sueldo acorde para pagar el boleto”. Dijo que los aportes del Estado para sostener a la empresa “son una macana, algo completamente inconveniente”.
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