Millonarias multas al dueño y al arquitecto de una construcción irregular en Bariloche
La obra ubicada en la Avenida Bustillo 4,400 fue clausurada el año pasado pero continuó su ejecución. Hay una denuncia penal del municipio y ahora sanciones del Juzgado de Faltas.
La obra, en Bustillo 4,400 de Bariloche, comenzó hace un año y fue clausurada en 2022, pero nunca se detuvo. Ahora hay multas. Foto: Chino Leiva
El dueño y el arquitecto responsable del edificio que se levantó sin autorización junto al lago Nahuel Huapi a la altura de Bustillo 4.400, en Bariloche, fueron multados en una cifra millonaria por violar órdenes previas de clausura y porque la obra “no se ajusta a la normativa vigente”.
El avance del proyecto a pesar de las disposiciones del municipio destinadas a paralizar los trabajos fueron motivo de varias intervenciones de la dirección Obras Particulares, del Juzgado de Faltas y también fue denunciado por vecinos linderos.
Las medidas dictadas no impidieron que la obra iniciada hace ya un año continúe casi sin interrupciones, con el levantamiento de columnas y losas de hormigón que invadieron retiros y que excedieron también los límites de superficie construible permitida para ese predio, que tiene una fuerte pendiente.
El juez de Faltas ya había dispuesto la «inmediata paralización» de la obra
El juez de Faltas Gustavo Contín ya había dispuesto “la inmediata paralización” de la obra el 1 de marzo porque el titular no contaba con licencia para construir, pero el 23 de ese mismo mes una nueva inspección constató que había una losa nueva, que había sido llenada en las horas previas, de modo que los trabajos continuaron, en abierta desobediencia de lo dispuesto.
Esa conducta ya le valió al propietario una denuncia penal presentada por el Ejecutivo municipal. El último viernes el juez Contín decretó “la clausura inmediata y total” de la obra y concurrió en persona a asegurar el cumplimiento de la orden y colocar las fajas de clausura.
En la misma resolución le aplicó al dueño del inmueble, Alberto Aguilar, una multa de 2.369.730 pesos y otra por la misma suma al arquitecto a cargo, Ricardo Lerchundi, quien además fue sancionado con una inhabilitacion de un año para el “uso de firma” en trámites municipales.
El juez enumeró en su sentencia los incumplimientos acumulados por el titular, la clausura que ya había dispuesto en julio pasado, la orden de retrotraer la invasión sobre la línea de ribera y la comprobación de que esos trabajos fueron incompletos y un cumplieron con lo pautado.
Subrayó que a pesar de todas las idas y venidas del trámite, las quejas del propietario y la impugnación de las inspecciones, “la obra en ejecución al día de la fecha no cuenta con licencia para construir” y la demolición comprometida en su nivel inferior para adecuarse a la norma, según había sido acordado, “continúa invadiendo el retiro contrafrontal”.
«Una obra ejecutada sin realizar los trámites previos»
Según el juez, está demostrado que “se trata de una obra ejecutada sin realizar los trámites previos, sin permiso municipal, sin licencia para construir, sin respetar la autorización de trabajos preliminares, constituyendo un ´hecho consumado´, que no admite ser regularizado de este modo”.
Agregó que ante la obra “de carácter antirreglamentario”, el único camino posible en adelante es “la demolición o la adecuación de esta situación a la normativa vigente”.
Contín hizo notar que la continuidad de los trabajos sin autorización constituyeron “una flagrante violación a la paralización decretada”, mientras que el incumplimiento del “plan de remediación” acordado con el propietario -que le aseguró el levantamiento temporal de la paralización y clausura- “fue utilizado con el fin de dar continuidad a los trabajos sin autorizacion municipal y no cumplir con la demolición ordenada”.
Por aquella falta inicial y por las violaciones reiteradas la decisión del juez fue aplicar “el máximo” de la multa prevista por ordenanza.
Contín le dijo a RÍO NEGRO que “lo más grave fue el avance que ejecutaron sin el permiso de obra” y que la sanción con el máximo de la escala se justifica también “por violar la orden de paralización”. Señaló que sin el permiso de obra en regla el municipio no puede controlar que lo construido se ajuste al plano habilitado.
Señaló que hay otras actuaciones en curso enmarcadas en el mismo expediente, que podrían derivar en nuevas sanciones.
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