Construyen un edificio ilegal que invade la línea de ribera del lago Nahuel Huapi en Bariloche

La obra no tiene autorización, fue clausurada y paralizada, pero sigue en ejecución. El municipio lo denunciará en la Justicia por la reiterada rebeldía.

La ejecución de una obra de departamentos turísticos sobre la costa del lago Nahuel Huapi acumula desde el año pasado numerosas violaciones reglamentarias, lo cual generó la reacción de vecinos linderos y también derivó en la intervención del municipio de Bariloche, que impuso sanciones a los responsables, pero no logró hasta ahora que se paralicen los trabajos.

El edificio tiene varias plantas y estaría proyectado con un destino comercial. Pero nunca obtuvo el permiso de construcción. Aún así los obreros imprimieron fuerte ritmo a los trabajos de fundación, que se iniciaron hace casi un año. Luego comenzaron a construir columnas y losas, hasta ayer mismo, nunca se detuvieron.

El municipio impuso una primera paralización de la obra el 1 de julio de 2022. En noviembre otorgó un permiso parcial para “remediar” lo excedido, pero los constructores aprovecharon para continuar con su plan original.

En enero la dirección de Obras Particulares del municipio realizó una nueva inspección y clausuró la obra. Ante la desobediencia, infraccionó a los responsables y dio intervención al juez de Faltas, Gustavo Contín, que el 1 de marzo dispuso también la paralización y clausura.

La obra debe ajustarse a un “área de implantación” máxima de 85 m2 y fue erigida sobre una superficie de 256 m2. Gentileza

Los vecinos presentaron varias denuncias ante Obras Particulares, documentaron los avances ilegales y llevaron el caso a otros organismos como el Tribunal de Contralor y la Defensoría del Pueblo. Las voces de alarma también llegaron al Concejo Municipal, que ayer recibió en comisión Legislativa al secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano Claudio Otano y también a Diego Bonardi, el vecino que lideró los planteos.

Bonardi y su esposa, María Lecouna, escucharon azorados los argumentos de los funcionarios, los interrogantes planteados por los concejales y también las sugerencias de que el privado no podrá salirse con la suya porque en último caso “no logrará nunca la habilitación comercial” para explotar su emprendimiento residencial turístico, “al menos en este gobierno”.

Los denunciantes le dijeron luego a RÍO NEGRO que no quieren esperar a ese momento ni dar por sentada la doctrina de los “hechos consumados”. Reclaman que el municipio avance con la demolición, como correspondería en esa y otras obras excedidas de lo que marca el Código, pero que en los hechos nunca ocurre.

La edificación incumple todas las exigencias municipales de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El proyecto inmobiliario está emplazado en un pequeño lote de la avenida Bustillo al 4.400. El propietario es Rodrigo Aguilar, el representante técnico es el ingeniero Emilio Murguía y la dirección de la obra está a cargo del arquitecto Ricardo Lerchundi, quien presidió hasta hace poco el Colegio de Arquitectos de Bariloche.

Según se desprende las presentaciones y las fotos aéreas aportadas, el edificio supera por lejos los parámetros previstos por la normativa, ya que invade al menos 7 metros de la línea de ribera del lago y también avanza 1 metro sobre el retiro obligatorio de Bustillo. Los metros cuadrados ya construidos cuadruplican lo permitido.

Según el detalle documental aportado por Bonardi, la obra debe ajustarse a un “área de implantación” máxima de 85 m2 y fue erigida sobre una superficie de 256 m2, en un lote que no supera los 500 metros. Mientras que la superficie construible autorizada en ese terreno es de 137 m2 y con las plantas ya desarrolladas suma 450 m2.

De ese modo, un edificio que podría albergar no más de 3 “unidades funcionales” en dos plantas (según el plano presentado), terminaría por albergar entre 9 y 12 departamentos en 4 plantas. Los denunciantes subrayaron también que la obra no respeta las alturas declaradas y generó un severo daño ambiental, con afectación del bosque nativo, movimiento de suelso y contaminación del entorno con “telgopores y otros residuos de construcción”.

Bonardi dijo que el perjuicio no es solo para los vecinos “sino para todos los barilochenses” por la afectación de la playa y por el avance sobre una bajada pública que existe entre su propiedad y la que alberga la obra en infracción, y que quedó bloqueada.


“Caso testigo”


Otano dijo que frente a la tozudez del particular la decisión del municipio es “recurrir a la denuncia penal” y sería la primera vez que el municipio apela a esa vía. Pero aun así no aplacó las críticas. Varios concejales se declararon preocupados por la imposibilidad de ejercer la autoridad del Estado con mayor eficacia y le propusieron a Otano que haga cumplir la clausura “con auxilio de la policía”.

La obra en construcción continúa a pesar de clausuras. El caso llegará a la Justicia, prometió un funcionario municipal. Foto: Chino Leiva

El secretario dijo que esa no es potestad suya, sino del Juez de Faltas. Reconoció que las fajas de clausura fueron violentadas por los responsables de la obra y eso solo ya configura un delito. Insistió en que recurrirán a la Justicia porque quieren que la conflictiva obra sobre Bustillo se convierta “en un caso testigo”.

El vecino denunciante se quejó de la indolencia municipal y dijo que los obreros “tienen todo preparado para hormigonar” una planta más. “¿No pueden ir con la fuerza pública?”, se preguntó.

El concejal Gerardo del Río dijo que el mismo modus operandi del propietario se observa en otras partes de la ciudad “como el country Arelauquen” y opinó que el municipio debe actuar con más energía. “No puede ser que digan ´hago lo que quiero y después regularizo´”, cuestionó.

Le pidieron a Otano que actúe con urgencia y dijo que la denuncia penal está en gestación, a la espera de los términos que debe definir la asesoría letrada municipal. La concejal Julieta Wallace criticó esa morosidad y reclamó “que se presenten ya y que la tipificación la haga el fiscal de turno”.

Dijo que el municipio no puede manejarse con esa dejadez “porque ya tiene el antecedente de Villa Huinid, donde también hubo actas de infracción desoídas por el propietario”, actas de clausura, y luego un derrumbe que provocó la muerte de tres turistas. Este diario intentó obtener la palabra del arquiteto Lerchundi, pero no atendió los llamados.


“Inacción o corrupción”


La pareja denunciante, que tiene su vivienda a pocos metros de la obra en irregular, manifestó sus reparos sobre el desenlace que tendrá el episodio, porque “la historia demuestra” que el municipio nunca llega a exigir y ejecutar demoliciones. Entre otras cosas por el costo que insumen. No está claro en esos casos como cargar esa obligación al propio infractor.

Imagen aérea de la obra construida muy por encima de la superficie habilitada en ese lote. Gentileza

Luego de efectuar decenas de visitas a Obras Particulares para documentar la denuncia y revisar el expediente, María Lecouna reconoció su impotencia. “Lo que vemos es que hay inacción o corrupción, sin duda”, aseguró.

Señaló que los trabajos empezaron en marzo de 2022 y permanecieron varios meses sin cartel de obra, pese a que es obligatorio. Diego Bonardi insistió en que la superficie abarcada por el edificio “cuadruplica el área de implantantación permitida”. Contó que al comienzo de los trabajos se reunió con Lerchundi quien le dijo que no debía temer ninguna regularidad ni violaciones al Código porque “él era presidente del Colegio de Arquitectos”. Tiempo después, cuando ya arreciaban las denuncias, les aseguró que las irregularidades no eran tales y “lo iba a probar en la Justicia o donde haga falta”.

Su esposa dijo que no son optimistas y lo que sienten es “una frustración al econtrar que el Estado funciona así”. Bonardi calculó que los metros construidos en exceso tienen en ese lugar un valor inmobiliario de un millón de dólares.

Refirió que hubo durante el trámite compromisos del particular de demoler la invasión del espacio costero “pero no cumplieron”. Afirmó que el episodio demuestra “la indefensión que tienen los ciudadanos”, especialmente los que no tienen tiempo ni energía para ocuparse de ese modo en resolver ese tipo de conflictos. “Y lo peor de todo es encontrarse con respuestas infantiles del municipio del tipo ´actuamos, fiscalizamos, pero no nos hacen caso´. Como si estuvieran dando por hecho que la obra la van a terminar y después se verá”, sostuvo Bonardi.


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