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El caso de la construcción irregular de Bariloche que nunca se paralizó ya está en la Justicia
El municipio presentó una denuncia penal para que se investigue la desobediencia a las órdenes impartidas y se clausure la obra, que aún después de hacerse pública, continuó avanzando.
La obra, en Bustillo 4,400 de Bariloche, comenzó hace un año y fue clausurada en 2022, pero nunca se detuvo. Ahora hay multas. Foto: Chino Leiva
El Ejecutivo municipal denunció ayer ante la fiscalía penal de turno a los responsables de la obra de departamentos ubicada entre la avenida Bustillo y el lago Nahuel Huapi, a la altura del kilometro 4,400, quienes nunca detuvieron los trabajos, pese a recibir varias órdenes de paralización y clausura.
La ejecución de la obra avanzó durante más de un año sin los permisos correspondientes y tanto el dueño, Rodrigo Aguilar, como el arquitecto a cargo de la dirección de obra, Ricardo Lerchundi, serán investigados ahora por la Justicia.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano del municipio, Claudio Otano, firmó el escrito de una decena de páginas ingresado ayer a tribunales, donde pide una sanción penal para los responsables por el delito de “desobediencia a las órdenes impartidas por funcionario público”, cuya pena prevista tiene un máximo de un año de prisión. La causa quedó en manos del fiscal Inti Isla.
Otano señaló que los incumplimientos documentados afectaron “el orden público”, pidió ser admitido como querellante y solicitó que la Justicia evalúe el dictado de medidas cautelares como “la prohibición de innovar” sobre el inmueble y también “el secuestro de herramientas y maquinarias aptas para la ejecución de las tareas”.
La obra costera está emplazada en un lote de gran pendiente y alcanzó los cuatro pisos. La última semana, cuando el conflicto ya había tomado estado público, la construcción no se detuvo y un camión trabajó varias horas en el hormigonado de la planta superior.
Según una pareja de vecinos que llevó adelante las denuncias, el edificio invade los retiros reglamentarios tanto de la ribera lacustre como de la avenida Bustillo. También excedería por lejos la cantidad de metros cuadrados autorizados para ese lugar por el código urbano.
El caso fue evaluado también por los concejales en la última comisión Legislativa, de la que participaron tanto Otano como los denunciantes. El funcionario responsable de Obras reconoció las irregularidades, dijo que el municipio tenía facultades limitadas para hacer cumplir las órdenes de clausura y solo le quedaba recurrir a la Justicia. Señaló que la decisión tomada apuntaba a darle a la obra en falta del 4,400 el carácter de caso “testigo”, con el fin de disuadir a otros infractores.
La presentación que llevaron a la fiscalía dice que Aguilar y Lerchundi incurrieron en “arteros y reiterados incumplimientos” de la norma, y que el seguimiento por parte de los inspectores y equipos técnicos del municipio, ante la rebeldía de los acusados, implicó “el dispendio innecesario de recursos” del Estado municipal.
Cronograma detallado de las irregularidades
El escrito incluye un recuento pormenorizado de las actuaciones, según el cual el 9 de febrero de 2022 se le había autorizado a los solicitantes la realización de tareas preliminares, como la colocación del cerco de obra, obrador, señalización, preparación del terreno y movimientos de suelo”. Pero luego una inspección comprobó que se excedieron al colocar “cimientos y mampostería de hormigón y estructuras metálicas que no se condicen con el proyecto” y por eso el 20 de mayo de ese año se les impuso una primera “paralización de los trabajos, bajo apercibimiento”.
Desde entonces incumplieron más de una vez las actas y notificaciones de Obras Particulares, hasta que intervino el juez de faltas municipal Gustavo Contín, quien constató el incumplimiento de la paralización y ordenó poner freno una vez más a los trabajos el 23 de junio del año pasado. Una semana después, ante la desobediencia persistente, “el juez decretó la clausura de la obra y colocó las fajas de rigor”, según la descripción aportada a la Justicia.
El diferendo no terminó allí porque el particular apeló, pero el Contín ratificó la clausura total, el profesional a cargo ingresó nuevos planos y el secretario Otano emitió una disposición con las pautas para “corregir los aspectos fuera de norma y velar por la seguridad de la obra y de los linderos”, que también fue incumplida.
El último 1 de marzo, al comprobar que los trabajos continuaban, el Tribunal de Faltas dejó sin efecto la disposición y volvió a ordenar la paralización de la obra. Una inspección posterior “verificó la ausencia de libro de obra y licencia para construir”. El 22 de marzo, a pesar de todo, los obreros habían avanzado con la colocación de material en el sector frontal de lotes y el armado de un encofrado de losa.
“Todo lo expuesto da cuenta indubitada de la conducta de los denunciados, reprochable penalmente en cuanto han desacatado en forma sistemática las órdenes municipales, vulnerando el orden público”, subrayó Otano en su recurso. Agregó que ese tipo de conductas “comprometen seriamente la paz social y la convivencia vecinal, siendo que no resulta tolerable el avasallamiento permanente de las normas, máxime cuando se han visto afectados bienes de dominio público”.
El funcionario le pidió a la Justicia que de encontrarlo necesario “ordene mediante auxilio de la fuerza pública la total paralización de las obras”. Ofreció como prueba una copia digitalizada de los expedientes y pidió que se dicten medidas cautelares, incluido el secuestro de los equipos utilizados para continuar con la construcción.
Los vecinos denunciantes, Diego Bonardi y Laura Lecouna, aportaron fotos de las irregularidades y dijeron que luego de la primera publicación de este diario con los detalles del litigio fueron amenazados por dueño, por lo cual radicaron la respectiva denuncia policial.
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