Polémica instalada en Bariloche por la tarifa del transporte urbano
El intendente resolvió hace una semana que el boleto pase de los 320 pesos a 980 por viaje, con un descuento del 25% para residentes. La postergación de la audiencia pública y el mecanismo de evaluación de costos generaron ya una fuerte polémica.
Mi Bus, en Bariloche, ya afrontó un paro el mes pasado por el retraso en el pago de salarios. Foto: Marcelo Martinez.
El aumento tarifario de casi el 300% en el transporte que impuso el intendente Walter Cortés “ad referéndum” del llamado a audiencia pública obligatoria cosechó rechazos en múltiples frentes, y advertencias de que si insiste en ese camino podría chocar con impugnaciones de tipo administrativo y judicial.
La concejal Julieta Wallace dijo que las audiencias públicas deben ser previas a cualquier modificación tarifaria, porque así lo establecen en forma taxativa la Carta Orgánica y la ordenanza reglamentaria de las audiencias. Agregó también que no es aplicable la anticipación de decisiones “ad referéndum” de esa instancia de participación popular.
Señaló que existe un riesgo serio para el municipio si se insiste en desconocer la norma y le pidió al Ejecutivo que revise la decisión “a efectos de evitar potenciales planteos administrativos y/o judiciales que ocasionen un dispendio innecesario para la administración pública”.
Consultada hoy sobre el tema, Wallace dijo también que si no se reconsideran los términos de la resolución el Tribunal de Contralor debe intervenir, porque es su función velar por la legalidad de los actos administrativos.
Dijo que Cortés no fundamentó el aumento tarifario en la emergencia del transporte y tampoco siguió “el procedimiento habitual y legal que es dictamen de la comisión, audiencia pública y luego resolución”.
Concejales de otros bloques también se expresaron en rechazo durante la última Comisión Legislativa, con invocaciones a la “seguridad jurídica”. Porque el atajo elegido por Cortés desconoce el contrato del municipio con la empresa concesionaria Amancay/Mi Bus.
La multisectorial del transporte, que nuclea a usuarios, referentes políticos, vecinales y estudiantiles, también criticó en duros términos lo resuelto por el intendente. Y puso la mira en la tasa de ganancia asegurada a la empresa, que según el contrato puede ser de “hasta el 20%”.
En el ojo de la tormenta quedó la resolución 500/I/24, emitida por Cortés hace nueve días, por la cual resolvió aplicar una tarifa plana en el transporte urbano de 980 pesos, con una rebaja del 25% para residentes, Desde el 1 de febrero y hasta hoy el boleto cuesta 320 pesos.
Objeciones al por mayor
La concejal Natalia Almonacid (JSRN) alertó que la resolución no cita un dictamen previo de la Comisión de Seguimiento del Transporte, que debería haber examinado la estructura de costos, y que también es obligatoria por contrato. Agregó que la obligación del llamado a audiencia pública previa es ineludible, “bajo pena de nulidad” y que la figura del “ad referéndum” no es aplicable.
Dijo que “más allá de las consideraciones políticas, desde una consideración técnica” correspondería desde el Concejo invitar al Ejecutivo a revisar la resolución de la polémica. También cuestionó que la audiencia pública, convocada para el 3 de abril se realice a las 8, “en un horario muy complejo si queremos que la gente participe”.
Una de las concejales que es parte de la Comisión de Seguimiento es Roxana Ferreyra (Nos Une Río Negro), quien reconoció que el boleto de 980 pesos le parece “un despropósito, y el de 735 también”, y que en la votación respectiva se abstuvo, pero quedó en minoría. Pesó más el interés de la empresa y del gremio UTA, que pugnan por una actualización tarifaria inmediata. Reconoció que la resolución fue “una desprolijidad”.
Entre los más críticos estuvo el concejal Facundo Villalba (Primero Río Negro), quien refirió que la decisión de Cortés “no cumple con el procedimiento, no hay dictamen de la comisión, ni audiencia pública”. Dijo entender que las audiencias públicas están en entredicho “porque no son vinculantes”, pero es al menos un ámbito “donde a los vecinos se los escucha”. Entendió que hacer la audiencia pública con la decisión ya tomada “es desconocer por completo el objetivo” de ese instrumento.
Villalba también fustigó la estructura de costos presentada por la empresa, y que sirvió como fundamento al tarifazo, “en la que aparece en blanco el ingreso por subsidios”, cuando si bien se cayó el aporte nacional “están vigentes los subsidios del municipio y la provincia”. Dijo que por más que se aumente la tarifa “el sistema está roto hace un montón de años”.
En defensa del aumento solo se manifestó Tomás Hercigonja (PUL), quien dijo que la empresa no puede prestar más el servicio con largos recorridos hasta Llao Llao por 320 pesos que “es un cuarto de lo que cuesta un alfajor”.
También el presidente del Concejo Gerardo del Río, esgrimió una tibia justificación al señalar que había averiguado y le dijeron que el aumento recién estará operativo entre el 6 y el 10 de abril, es decir después de la audiencia.
Otra decisión contenida en la resolución de Cortés que despertó cuestionamientos es la mecánica futura de aumentos, que se fijó con frecuencia bimestral y automática, con un parámetro tomado del costo del combustible, los salarios y la inflación. Varios concejales subrayaron que es violatorio del contrato, que fija un mecanismo distinto de evaluación de costos y ajustes cada seis meses.
“Entendemos la emergencia en materia de transporte, pero no podemos olvidar que hay un contrato vigente”, dijo Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche). Ferreyra defendió “la mirada de un boleto diferencial para el barilochense”, refirió que los aumentos bimestrales “fueron pedidos por el gremio UTA” para que no corra riesgos el pago de salarios, y dijo que en definitiva el transporte sin subsidios “es lo que votó el 55% de los argentinos”.
La tasa de utilidad
La multisectorial de transporte rechazó el aumento y sostuvo que “el municipio debe garantizar el servicio para todos”. Advirtió que “los salarios de los usuarios no pueden pagar semejante costo por un solo viaje”. Hicieron propuestas para mejorar el servicio y pidieron que la audiencia pública se realice a las 18, y que los argumentos allí vertidos “sean tenidos en cuenta”.
También pusieron el foco sobre la ganancia asegurada a la empresa Mi Bus, por imposición del contrato. La multisectorial recordó que esa tasa es del 20% y al entender de los usuarios “corresponde revisarla, dada la crisis por la que atraviesa Bariloche y todo el país”.
La concejal Ferreyra reconoció que ese cálculo de rentabilidad no es sencillo porque la empresa “jamás presentó los números sobre los subsidios, cuánto ingresaba y para qué se utilizaba”. Dijo que “podrían ganar también un poquito menos en esta situación”.
La concejal Almonacid recordó que por contrato la tasa de utilidad es de “hasta el 20%”, aunque siempre se lo tomó como un monto fijo a cumplir, y no como un máximo.
Comentarios