Tiene una pyme alimenticia en Bariloche y se queja del alto costo de la energía
La CEB lo intimó a pagar "cargo de potencia" un concepto para grandes consumidores que superan el piso de 10kW. Cuestiona que se desalienta las inversiones.
Gabriel Trujillo es propietario de una empresa de alimentos congelados en Bariloche y cuestiona una tarifa especial que eléctrica que le exigen pagar. Foto: Archivo
La regulación que habilita a las distribuidoras eléctricas a cobrar un “cargo de potencia” a los usuarios que superan el piso de consumo establecido para las “grandes demandas” fue cuestionada con dureza por un empresario de Bariloche, quien se quejó de que esa política ahuyenta las inversiones.
Ese salto a la categoría definida con el tecnicismo “T2” representa para los usuarios una imposición que se mide en decenas de miles de pesos y que no tiene otro fin que remunerar la capacidad instalada suficiente para garantizar el servicio ante un pico de demanda, y que no tiene que ver con los kW efectivamente consumidos.
Gabriel Trujillo es titular de la pyme alimenticia “Fast good” y dijo que en marzo pasado la CEB lo intimó a firmar un contrato de “potencia” que a su juicio “no corresponde”. Consideró que esa imposición es arbitraria y no se condice con la actividad actual de la empresa, que funciona “al 30% de la capacidad instalada”.
Según Trujillo, la suya es una “pequeña empresa” y la CEB al cobrar la potencia reservada en casos como el suyo “aumenta el costo de la unidad de consumo” y castiga al sector de modo desmesurado. Se preguntó si debería llevarse su empresa a Buenos Aires para no pagar tan cara la energía.
El empresario dijo que hay otros emprendimientos en la misma situación (si bien la Cámara de Comercio e Industria de Bariloche no tiene una política puntual sobre el tema) y extendió su enojo sobre el Ente Regulador Provincial (EPRE), el gobierno municipal y el rionegrino por descuidar a quienes invierten y “generan empleo”.
También manifestó su malestar con la Omiduc (la oficina de defensa del consumidor) porque presentó una denuncia formal pero en varias semanas no obtuvo respuesta.
Trujillo dijo sin embargo que en los últimos días la situación cambió en parte porque pudo interesar en el tema a la legisladora del Frente de Todos María Eugenia Martini, quien se comprometió a impulsar una ley que regule de otra forma el cobro de los cargos de potencia eléctrica.
El empresario refirió que la CEB lo notificó en marzo pasado de la obligación ingresar en la categoría tarifaria T2, porque así lo había determinado la verificación de consumos, según la cual el establecimiento Fast Good SRL superó la potencia demandada de 10kW en un lapso superior a los tres meses consecutivos.
Trujillo hasta hoy se negó a firmar, permanece como usuario comercial común y sostuvo que “no pueden realizar modificación alguna con solo observar un patrón de consumo por tiempos menores a seis meses”.
Desde la CEB aclararon que la estadística tomada por el medidor sobre el “factor de uso de la energía en simultáneo” comprueba que hay un uso mayor al que se está pagando, y en esos casos se notifica el recargo por potencia. Aclararon que el usuario no está obligado a firmar el contrato, pero en ese caso la CEB tampoco realiza la adecuación de su red y la capacidad de transformación que haría falta, de modo que el usuario podría sufrir cortes frecuentes de energía si llega al os picos de demanda proyectados.
También señalaron que ese tipo de regulación rige en todo el país, con características parecidas, y si en otras provincias hay usuarios demandantes de potencia que pagan menos que en Río Negro “puede ser porque existen regímenes de promoción o estímulo de sectores productivos, que no son un un tema que dependa de las distribuidoras”.
Esa afirmación terminó por coincidir con el planteo de Trujillo, para quien “el costo es muy alto en esta provincia para producir cualquier cosa”.
Rechazo al cambio de categoría
Este medio también se comunicó con la presidente del EPRE, Isabel Tipping, quien dijo que no conocía el reclamo puntual y propuso que el empresario barilochense se comunique personalmente con ella, le envíe la documentación y se comprometió a darle respuesta.
Trujillo insistió en que la CEB pretende “a fuerza de amenazas” cambiarlo a “T2”, como usuario de potencia reservada. Para quienes consumen entre 10 y 50 kW. Dijo que las facturas en su caso superan los 60 mil pesos y debe pagar unidades que “probadamente” no va a necesitar.
Insistió en que hay “contradicciones” evidentes entre esa presión tarifaria sobre los emprendimientos productivos y el discurso provincial de acompañamiento al sector. “Si no resuelve ese tema de base, lo castiga”, argumentó.
Dijo que la salida que ve como más viable es la aprobación de una ley (como la que promovería Martini), “que tendrá el apoyo de asociaciones de pequeñas empresas”. Dijo que el gerente de la CEB Federico Lutz también lo recibió hace unos días en una larga reunión y “se comprometió a colaborar” con el proyecto.
Trujillo espera además tener una respuesta favorable en Omiduc, donde le prometieron una audiencia para mañana, “después de insistir mucho, porque son reticentes para hablar con empresas” puestas en el rol de consumidores.
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