Neuquén: descubren que dos policías hacían certificados médicos truchos

Una investigación conjunta entre la Fiscalía y la Policía, determinó que se enviaron 97 certificados médicos truchos que fueron elaborados por dos agentes de la fuerza.

Rodolfo Arias, Director de Asuntos Internos explicó que la maniobra se detectó el 14 de agosto en la Dirección Personal, el organismo que funciona como el área de Recursos Humanos. Allí se elaboran las carpetas donde se archivan todas las constancias médicas de la totalidad del personal policial.

Durante un chequeo rutinario, el personal de la Oficina de Carpetas Médicas observó  a simple vista que  algo andaba mal en el tipo de letra y los diagnósticos que figuraban en los certificados firmados por tres médicos. Arias detalló que se especificaban sólo síntomas y no diagnósticos, como certifican los profesionales de la salud. 

Allí fue  inició de un expediente administrativo. En esa instancia preliminar, consultaron a los tres médicos que figuraban en los recetarios con sello y firma. Los especialistas afirmaron que ellos no emitieron los certificados, y que existían incongruencias entre los pacientes y el lugar donde fueron atendidos.

El jefe del Departamento de Personal de Policía, realizó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. En la causa, a cargo del  fiscal Marcelo Jara, se dispuso que en la investigación trabaje el departamento de Delitos Económicos de la Policía. Jara ordenó  que se realice la pericia caligráfica de los certificados. El resultado arrojó que de los 99 documentoss que se analizaron, 97 son apócrifos.

La prueba caligráfica también determinó quiénes fueron los autores que elaboraron las certificaciones irregulares. El tipo de letra de los certificados truchos coincide con la forma de escritura de una agente mujer que cumple tareas en la fuerza desde hace dos años. También el de un ex trabajador de la fuerza que pidió la baja voluntaria y pasó a planta política en otro organismo público.

De los 97 certificados truchos que se peritaron,  se le atribuye 88 a la mujer, y  los 9 restantes al hombre que ya no es empleado policial.

Los dos acusados trabajaban en el Centro de Monitoreo Urbano. Se trata del edificio donde se controlan las cámaras de seguridad  en la calle Lanín.

Como primera medida,  la uniformada acusada pasó a disponibilidad. Un allanamiento se realizó en su domicilio, donde se secuestraron elementos relacionados a la causa.

Arias afirmó que hay 34 efectivos que están siendo investigados por la presentación de este tipo de certificaciones, con el objetivo de justificar su ausencia al servicio. De comprobarse la maniobra podrían ser acusados por defraudación al Estado provincial.

Entre los involucrados se realiza una auditoría a 20 del sector de Monitoreo, otros del DEMOSE (departamento Móvil de Seguridad), Logística y Tránsito de Vista Alegre.