Neuquén es una provincia, no un país
Los hidrocarburos son nuestros, así sea que los amenace el gobierno nacional o los mapuches. Esta es la síntesis del programa “federalista” que el señor Jorge Sapag acaba de explicitar hace poco, en declaraciones a LU5, radio Neuquén, con argumentos por cierto endebles. Se entiende que así proceda el ex gobernador: los recursos financian el régimen político familiar que hizo su presentación en la provincia allá por 1963. Más tiempo que Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela.
Dice Sapag que “… la seguridad pública es responsabilidad concurrente de Nación y provincia”. Eso no es así. La concurrencia implica competencias originarias, lo cual no es el caso, porque la competencia originaria, en materia de seguridad interior, es de las provincias (art. 121 CN).
La ley de seguridad interior (24.059/92) recepta esto y consagra la colaboración y complementariedad entre ambos órdenes (provincial y nacional) cuando una situación de hecho configure un atentado a la seguridad interior. Pero complementariedad no es concurrencia. Éste es, como queda dicho, un concepto técnico con base en la doctrina.
Con ese mismo criterio erróneo, la propiedad, uso y beneficios de la explotación hidrocarburífera sería “concurrente” con Nación, pero aquí Sapag no quiere concurrencia sino primacía localista.
Neuquén es una provincia integrada a la Nación bajo un régimen federal. Ello no le da discrecionalidad alguna en materia de administración de los recursos naturales, que pertenecen a la Argentina, no a Neuquén. No hay que malinterpretar el art. 124 de la CN. Los gobernadores son agentes naturales del gobierno nacional para hacer cumplir la constitución y las leyes de la Nación (art. 128 CN).
En este marco, la Secretaría de Energía asume facultades constitucionales que no deberían suscitar discusión alguna, mucho menos una que se envuelve en ya gastadas banderas de fementido federalismo. Otorgar permisos de exploración y explotación y actividades anejas es atribución de esa Secretaría, indispensable si lo que se quiere es contar con una coherente y unificada política hidrocarburífera que funcione en armonía con el conjunto de políticas nacionales en pos de un proyecto de país. Y no se diga, aquí, que este gobierno carece de tal proyecto. En todo caso, a este país lo han gobernado, en los últimos cien años, radicales, peronistas y militares.
Hablar, como lo hace Sapag, de “invasión” a Neuquén por parte del gobierno nacional, es un disparate anclado en visiones que, por lo menos, son equivocadas. El “dominio originario” del art. 124 de la CN se respeta en el marco de la coparticipación federal -que también es constitucional- pero no implica que la Nación esté obligada a ceder su atribución de gobernar para todo el país entregando a cada provincia la facultad de determinar quién, cómo, dónde y cuándo explora y explota los recursos. Eso es anarquía, que mucho repudia el ex gobernador cuando se trata de los mapuches pero que reclama como virtud republicana cuando se trata de cuidar el financiamiento del régimen político provincial.
El proyecto del Ejecutivo podrá mejorarse pero, en términos generales, es bueno. Claro que para acceder a sus beneficios hay que aportar algo, en el caso, inversiones. No se entiende por qué Sapag se opone a que estas inversiones sean de 1500 millones de dólares en cinco años y pretenda que ese compromiso de progreso y beneficio para la actividad sea sólo de 300 millones en el mismo lapso. Así se benefician las empresas solamente.
En cuanto a las bravuconadas tipo patrón de estancia referidas a cómo debe actuar la justicia en Neuquén sólo cabe preguntarle quién es él para prorrumpir en un decir tan poco republicano. Salvo que crea que, por ser quién es, está por encima de la ley. Yo no me creo por encima de la ley, ni en Neuquén ni en mi país, la Argentina.
Por último, a los mapuches truchos, con un caño. Tiene razón ahí, Sapag. Pero no con el caño del fusil. En Argentina no hay pena de muerte. Si la quieren, deberán tener lo que hay que tener para ir al congreso y presentar el respectivo proyecto de ley que modifique el código penal. Pero mandar al frente a la policía para que ejecute en los hechos lo que la ley prohíbe es una ruindad propia de los que no tienen lo que hay que tener para, desde una banca, proponer lo que su corazoncito les dicta.
Creo haber dicho, alguna vez, que no tengo objeción de principio a la reelección indefinida de los gobernantes. Soy rousseauniano aquí. Al fin y al cabo, el régimen neuquino ha decantado, también, a lo largo de los años, sus cosas buenas. Pero el propio Sapag, en vez de mejorarlo, lo empeora. Lo empeora con declaraciones como las que han dado pábulo a esta azorada apelación a la alzada, a la opinión pública.
* Abogado, periodista y escritor.
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