Neuquén quiere quitar el aporte estatal a un terciario
El beneficio fue eliminado en el 2008 pero el instituto presentó un amparo.
NEUQUÉN (AN).- El gobernador Jorge Sapag emitió hace dos semanas el decreto 1807/12 por medio del cual ordenó el inicio de una acción judicial para anular dos resoluciones del Consejo Provincial de Educación (CPE) que en 2007 incorporaron a la enseñanza oficial y le dieron el 100% de aportes estatales a un instituto terciario privado, considerándolas como “lesivas a los intereses públicos”.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico de la Patagonia (Cedep) fue incorporado por medio de la resolución 1682 del CPE del 6 de noviembre de 2007 a la enseñanza oficial neuquina. Esa resolución no pasó por el cuerpo colegiado del CPE, sino que la entonces presidenta y subsecretaria de Educación, Mara Álvarez, hizo uso de las facultades que tenía para aprobarlo con su sola firma por medio de un mecanismo reservado para casos de urgencia y necesidad.
El 29 de noviembre, diez días antes de que Álvarez dejara su cargo, se emitió otra resolución, 2032/07, mediante la cual le otorgaron el 100% de aportes estatales, a pesar de que desde 2002 regía una suspensión para otorgar ese tipo de beneficios.
Si bien el 18 de diciembre de 2008 la nueva funcionaria del área, Patricia Ruiz, anuló el financiamiento acordado, un recurso de amparo que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia permitió que el instituto siguiera cobrando hasta la fecha un promedio de 60.000 pesos por mes.
La titular del Cedep, María Dora Méndez, aseguró ayer que ya emitieron una apelación. “Tenemos todos los requisitos aprobados, sólo que fueron luego de estas resoluciones de 2007”, dijo (ver aparte).
“Mientras por un lado se cuestiona este instituto los vocales del CPE, con la oposición de los vocales gremiales, aprobaron desde 2008 a la fecha todos los trámites del instituto”, dijeron fuentes sindicales. Y se recordó que la representante legal del Cedep, la abogada Natalia Vélez, fue durante el plazo en el que se aprobaron las polémicas normas, la apoderada legal del CPE.
El decreto dice que se incumplieron cerca de 40 requisitos. “Se omite el domicilio del instituto, turno de clases, la inscripción de la fundación, y las certificaciones de los títulos de los docentes”, señala. La ministra de Gobierno y Educación, Zulma Reina, reconoció que el decreto apunta precisamente a poner fin al giro de fondos al instituto.
Cecilia Maletti
El centro de formación terciaria está ubicado en la calle Larrea y ofrece el cursado de cuatro tecnicaturas.
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