Piden que el gobierno neuquino resuelva el conflicto docente o pague una multa

Las defensoras de niños, niñas y adolescentes presentaron una medida cautelar en la Justicia. Lo hicieron luego de fracasar en otras tres instancias extrajudiciales para lograr que comiencen las clases.

Las defensoras de niños, niñas y adolescentes Mónica Palomba, Andrea Rapasso, Paula Castro Liptak y Marcela Robedo presentaron ante el juzgado a cargo de José Ingnacio Noacco en Neuquén, una medida cautelar para que las autoridades “arbitren los mecanismos necesarios” para el inicio de clases en 48 horas o paguen 5.000 pesos por cada día de incumplimiento.

El recurso ingresó a última hora del jueves al juzgado de Familia y Adolescencia número 1, luego de que las defensoras -según se explicó- fracasaran con otras tres instancias extrajudiciales en busca del inicio de clases.

Noacco debe definir antes del jueves si hace lugar a la cautelar que exige al gobierno “arbitrar los medios” para que cese el conflicto en 48 horas, o de lo contrario, se multe al gobernador, a la ministra Cristina Storioni y al Consejo Provincial de Educación con 5.000 pesos por día durante cada jornada de incumplimiento de la orden judicial.

Según describió la defensora Robedo en declaraciones radiales al panorama UNCo- CALF, el 22 de febrero se instó a la subsecretaría de Educación de la provincia a realizar negociaciones “con el tiempo adecuado” para evitar una dilatación del inicio de clases.

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Detalló que hubo una reunión con las autoridades educativas el 25 de abril donde se hicieron planteos en procura de la reanudación de las clases, y describió el encuentro con el subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, para que declare la conciliación obligatoria.

Ante la negativa de la subsecretaría de hacer el llamado, y posteriormente la ausencia de los representantes del gobierno en la mediación que buscaron los 4 defensores del Pueblo que hay en Neuquén; las magistradas que tienen a su cargo la tutela de menores decidieron judicializar el planteo con una medida “autosatisfactiva” prevista en la ley 2302 (Art 52).

“Teniendo en cuenta que el año pasado presentamos un amparo que luego devino en abstracto, y los casos de Chos Malal y Zapala, consideramos que lo más efectivo era una medida autosatisfactiva luego de haber agotado las otras instancias. Se nos dijo desde el gobierno que el paro llegaba a un actamiento de entre el 20 y 35 por ciento, pero en un relevamiento hecho por la defensoría en las primarias y secundarios detectamos que es mayor: los secundarios casi no tienen actividad, hay escuelas que no atienden y otras en las que la adhesión llega a un 70 por ciento en turno mañana y tarde. Los antecedentes decidimos ponerlos en conocimiento del juez al dar por concluida las gestiones de prejudicialidad”, sostuvo la defensora.

Aclaró que se planteó no solo que se responsabilice al Ejecutivo por el no inicio de clases sino también que se garanticen las obras de las escuelas que requieren arreglos, como Plottier, y de que se cuente con la cantidad necesaria de auxiliares de servicios en los establecimientos “para no comenzar con un conflicto nuevo cuando termina otro”.


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