Quieren crear un organismo para revisar internaciones de salud mental

Un proyecto de Ley para crear un Órgano de Revisión para internaciones de salud mental fue aprobado por unanimidad el en la Comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura neuquina. Se trata de una propuesta impulsada por el Ministerio Público de la Defensa que busca hacer un seguimiento de las internaciones compulsivas y voluntarias, manteniendo a la internación como última instancia.

El ente sería integrado por integrantes de distintos estamentos del poder judicial, ejecutivo y legislativo y consiste en una adhesión a la ley nacional de Salud Mental, la 26.657, que establece la creación de este órgano bajo la órbita de la Defensa Pública con la incorporación un gabinete técnico integrado por profesionales de la salud, jueces civiles, defensores públicos y legisladores.

El defensor general de Neuquén, Ricardo Cancela, quien presentó el proyecto, explicó a “Río Negro” que la creación de este ente está establecida desde la reglamentación de la Ley Nacional en el año 2010 y que en el artículo 38 de la misma prevé “todas las provincias insinuaron o comenzaron el trabajo o comenzaron a ocuparse con distintos sectores de salud mental para formar este órgano de revisión y se logró solo en provincias como Chaco, Entre Ríos y Santa Cruz, donde existe una Defensa Pública autónoma”.

Cancela detalló que la función del órgano es “de control y supervisión de todo lo inherente a los derechos humanos de los usuarios de salud mental. La función es controlar todo tipo de internación, sobre todo las involuntarias, las que de alguna manera ocurrían antes donde se internaba a un paciente y no se sabía que pasaba con él”.

De esta manera se evitaría un tratamiento “terapéutico” y se intentaría que sea el último recurso. El titular de la defensoría pública comentó que “se logra con un diagnóstico de profesionales de salud donde tiene que haber firmas de un psicólogo o un psiquiatra” agregó que en caso de producirse una internación “Salud tiene la obligación de informar esa internación involuntaria en el plazo de diez horas al juez de familia, en el plazo de 48 horas al órgano de revisión que deberá ir a controlar si corresponde o no”.

Resaltó que la participación dentro del ente sería multisectorial y que estaría representada por “dos representantes de la defensa pública, uno de la primera circunscripción otro del interior, uno titular y uno suplente, dos jueces de familia uno de capital y otro del interior, dos referentes del ministerio de Salud de Salud Mental, dos representantes de la secretaría de Derechos Humanos, y dos diputados de la legislatura uno por mayoría y otro por minoría”.

La propuesta recibió el visto bueno de los diputados y las diputadas Encarnación Lozano, Nanci Parrilli, Eduardo Fuentes, Raúl Godoy, Gabriel Romero, Lucía Menquínez, Santiago Nogueira, Maximiliano Caparroz y Gloria Sifuentes, el jueves de la semana pasada tras una exposición de la Secretaria Civil y Nuevos Derechos de la Defensoría General, Mónica Barrutia, y la directora de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud de la provincia, Liliana Gómez. También fue consensuado y aprobado por unanimidad en el Copai (Consejo Provincial de Atención Integral de la Salud Mental y Adicciones).

Los legisladores manifestaron su intención de que la ley sea sancionada antes de que finalice el año legislativo y de ser aprobada en el recinto, el órgano podría comenzar a funcionar en un plazo de 60 días.